El 22 de mayo de 2026 el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó a través de un video en X (ex Twitter) el “Gemelo Digital Social”: una plataforma que integraría datos de ciudadanos y ciudadanas alojados en múltiples organismos del Estado para identificar patrones, predecir comportamientos y optimizar decisiones de política social. El anuncio fue replicado por el presidente Javier Milei en sus redes.
En ese momento no hubo ninguna norma que acompañara el video. Tampoco se daban mayores detalles sobre cómo se implementaría y con qué salvaguardas. Desde Fundación Vía Libre, decidimos de forma urgente hacer una Solicitud de Acceso a Información Pública para conocer mejor de qué se trataba. El martes 7 de julio recibimos la respuesta.
Qué pedimos
Presentamos un pedido de acceso en los términos de la Ley 27.275 al Ministerio en cuestión, con copia a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Preguntamos, entre otras cosas, qué norma crea el programa y en qué etapa de desarrollo está; qué datos personales procesaría y de qué organismos (ANSES, RENAPER, ARCA, Migraciones, Salud, Educación); qué base legal habilita esas cesiones, especialmente a la luz del fallo “Torres Abad” de la Corte Suprema; si el sistema tomaría decisiones automatizadas sobre personas beneficiarias de programas sociales o jubilaciones y con qué revisión humana; qué salvaguardas existen contra discriminación o perfilamiento; qué proveedor tecnológico está involucrado; y, puntualmente, si había habido reuniones con representantes de Palantir Technologies o con Peter Thiel en el marco de este programa, teniendo en cuenta que la empresa provee un software para usos similares y con el mismo nombre.
PDI Completo
Qué contestaron
Un mes y medio después, con un pedido de prórroga de por medio, llegó la respuesta: según el organismo, “al día de hoy no se tienen en curso, ni en etapa de diseño” un proyecto sobre el Gemelo Digital Social, entendiendo por proyecto “la mínima unidad posible de asignación de recursos” orientada a un objetivo concreto. Es decir, el Ministerio que meses atrás anunció la iniciativa con un video ahora dice, ante una consulta formal, que esa iniciativa no existe como tal.
Ninguna de las 24 preguntas puntuales fue respondida, ni siquiera abordada, en contradicción con lo que exige la Ley de Acceso y los principios internacionales sobre acceso a la información pública. No hubo mención al proveedor tecnológico, a las bases de datos involucradas, ni a la pregunta específica sobre reuniones con Palantir que excedían el marco concreto de este programa.
Respuesta al PDI
Una respuesta vacía pero llena de problemas
Una respuesta deficiente, tardía y vacía. A través del pedido de prórroga, utilizaron el plazo máximo que permite la ley, solo para contestar que no hay objeto sobre el cual informar. No es una negativa fundada en ninguna de las excepciones que prevé la Ley 27.275 ni se acoge a sus principios sobre máxima apertura. El Ministerio debería, de mínima, haber analizado las preguntas que no se vinculaban estrictamente con el programa “Gemelo Digital Social”, como por ejemplo sobre la visita de Peter Thiel. Directamente las ignoró e hizo una respuesta genérica, contraria al espíritu de la ley y del derecho de acceso a la información pública, como ejercicio del control ciudadano de los actos de gobierno e instrumento para la libertad de expresión. Evitó pronunciarse sobre cualquier cuestión sustantiva: ni normativa, ni datos, ni proveedores, ni Palantir.
El problema de gobernar por video
Que una política que compromete datos personales desde la infancia hasta la vejez de millones de personas se presente en un video y se viralice por redes, sin decreto ni resolución que la respalde, no es un detalle de forma sino un método: permite anunciar, con su respectivo efecto comunicacional, sin asumir ninguna de las obligaciones que sí impone un acto administrativo, y sin medir los riesgos que implicaría en términos de derechos un programa del tipo que se anunciaba.
Dónde se inserta esto
Sea o no este el nombre definitivo o el programa que efectivamente se implemente de manera formal, la arquitectura de riesgo que describe el “Gemelo Digital Social” (consolidación de bases de múltiples organismos, generación de perfiles inferidos, decisiones automatizadas sobre poblaciones vulnerables) es la misma que venimos señalando desde el DNU 941/25 y su concentración de datos de RENAPER, ANSES y ARCA hacia el sistema de inteligencia, sin control judicial adecuado. Que este proyecto puntual no esté “en curso” no cambia el diagnóstico: la infraestructura, el marco normativo debilitado y la lógica de negocio son elementos claros para que una iniciativa así, con éste u otro nombre, avance en cualquier momento. Por eso seguimos insistiendo en la necesidad de estándares claros para el tratamiento de datos personales y uso de tecnologías por parte del Estado, tal como lo desarrollamos en nuestro informe El Estado de los datos: del registro a la vigilancia.