El gobierno nacional anunció un sistema de inteligencia artificial para cruzar bases de datos de múltiples organismos del Estado, predecir comportamientos y “optimizar” políticas sociales. Ante la falta de respuestas y los graves riesgos para la privacidad, desde Fundación Vía Libre exigimos explicaciones formales.
El viernes 22 de mayo el gobierno anunció la creación del denominado “Gemelo Digital Social”. Se trataría de un sistema basado en Inteligencia Artificial (IA) a ser aplicado por el Ministerio de Capital Humano que pretende integrar información proveniente de múltiples fuentes en una base unificada, con el objetivo de identificar patrones, predecir comportamientos y optimizar decisiones vinculadas a políticas sociales.
El anuncio genera una fuerte preocupación en torno a la protección de los derechos fundamentales en entornos digitales. Particularmente a lo que respecta al derecho a la privacidad y la protección de datos personales en especial en lo que refiere a la legalidad del tratamiento previsto para la información personal, en cumplimiento de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, y a las decisiones automatizadas que de él deriven.
ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA
Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.
El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.
MAGA.
VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq— Javier Milei (@JMilei) May 22, 2026
Este anuncio abre un abanico de preguntas y preocupaciones de los cuales exigimos respuestas. Es por este motivo que el mismo viernes 22 de mayo presentamos un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Capital Humano para conocer los detalles técnicos, legales y éticos de esta iniciativa.
Las inquietudes administrativas
Preguntamos sobre la normativa que crea y pone en funcionamiento el “Gemelo Digital Social” (¿existe decreto, resolución, disposición u otro acto administrativo?) y en qué etapa de desarrollo se encuentra el sistema actualmente.
¿Qué datos se van a cruzar y con qué base legal?
Apuntamos a conocer qué bases de datos exactas se van a integrar, a qué organismos pertenecen y bajo qué marco normativo se realizará este cruce de información. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales no es optativa, y el consentimiento y la finalidad de la recolección de los datos deben ser respetados. Queremos saber si hay, en el marco de este programa, convenios de cesión de datos entre organismos estatales y si se van a integrar bases de datos privadas.
Sobre las facultades de los organismos estatales en la recolección, almacenamiento, tratamiento y cesión de datos personales reflexionamos el el Informe “Gestión de Datos Personales por parte del Estado” disponible para su consulta acá.
Riesgos de sesgos y decisiones automatizadas
El pedido de acceso también indaga sobre el impacto real que tendrá el “Gemelo Digital” en la vida de las personas. Necesitamos saber si este sistema de toma de decisiones automatizadas va a incidir directamente en el otorgamiento de jubilaciones, planes sociales u otras prestaciones estatales.
Consultamos por la existencia o no de salvaguardas para mitigar riesgos de discriminación, sesgos algorítmicos o perfilamiento indebido de personas o grupos y si hubo, o está prevista, una evaluacion de impacto en privacidad o en derechos humanos.
Integrar los datos de toda la vida de una persona para “prescribir” políticas públicas no es una acción neutral. Implementar un sistema sin evaluar sus sesgos puede terminar discriminando a las poblaciones más vulnerables.
Sobre las consecuencias de las decisiones automatizadas sobre las vidas de las personas se puede consultar nuestro informe “Protección legal de Datos Inferidos” disponible acá.
Transparencia en la adquisición del software y medidas de seguridad
Desconocemos cuál será el proveedor tecnológico por lo que consultamos por la existencia de convenios o la apertura de contrataciones públicas para este proyecto.
Sin embargo, el contexto genera suspicacias. Recientemente, Peter Thiel, dueño de Palantir, empresa conocida por desarrollar software de vigilancia predictiva, se instaló en Buenos Aires y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde Vía Libre preguntamos formalmente por la existencia de estas reuniones y solicitamos documentación generada.
También consultamos por el desarrollo de esta tecnología, si será un desarrollo propio del Estado o es un producto comercial existente, y por la infraestructura de alojamiento de los datos procesados por el sistema con especial énfasis en las medidas técnicas, protocolos de seguridad y de respuesta ante incidentes.
Próximos pasos
El Estado tiene un plazo legal de 30 días hábiles para responder a nuestro pedido de acceso a la información. Desde Fundación Vía Libre vamos a seguir de cerca este proceso y exigir rendición de cuentas.
La privacidad no es un tecnicismo burocrático: es la condición indispensable para poder ejercer todos nuestros demás derechos fundamentales.
Acercamos el PDI completo para su consulta:
Descargar Pedido de Acceso a la Información Publica