Vía Libre en Lavits, Río de Janeiro, Brasil, Viernes 28 de Agosto de 2026.
Presentamos los resultados de dos años de investigación sobre tecnologías intrusivas en Argentina.
En una presentación titulada “Cartografías de la opacidad: spyware, contratación pública y fragmentación regulatoria en Argentina”, el panel moderado por Beatriz Busaniche reunió a representantes de las cuatro organizaciones del consorcio de investigación: CELS, Democracia en Red, ODIA y Fundación Vía Libre.
La presentación comenzó con un panorama contextual del estado de la vigilancia en Argentina, a cargo de Margarita Trovato. Marcos regulatorios frágiles, instituciones débiles y la primacía de la excepcionalidad dan origen a un estado de vigilancia casi permanente en el territorio argentino. Esta normalización de la vigilancia masiva se sostiene en la opacidad de la vigilancia, en la interdependencia de actores corporativos y estatales y el desafío a la protección de datos personales de la sociedad en general y de quienes ya fueron víctimas de vigilancia estatal. Las reformas recientes al sistema de inteligencia, las facultades de las fuerzas de seguridad en materia de vigilancia, el ciberpatrullaje y la creación de la Unidad de IA aplicada a la Seguridad son sólo algunos ejemplos del creciente estado de vigilancia generalizada en Argentina.
Manuel Tufro, del Cels, explicó entonces las condiciones estructurales que aumentan el riesgo de vulneraciones de derechos ligadas al uso de software intrusivo, las tecnologías se incorporan de manera express, hay una fragmentación regulatoria debida al federalismo de nuestro país, hay múltiples agencias a nivel nacional, lo que obtura las capacidades de control. El Estado, por su parte, pese a ser el principal comprador de estas tecnologías, es débil frente a las empresas, a las que no les fija condiciones de auditoría ni entrega de know how, generando un estado de doble opacidad.
Abordar esta investigación en un país federal como Argentina presenta numerosos desafíos que fueron claramente expuestos por Tomás Rausch, de ODIA. Se trata de un país con 25 jurisdicciones que tienen capacidad de legislar y comprar este tipo de tecnologías. El mapeo realizado a lo largo del proyecto permitió dibujar un mapa de riesgo de compras y potencial utilización de tecnologías intrusivas. La metodología utilizada fue la del Acceso a la Información Pública, aunque sólo 12 de las 25 jurisdicciones respondieron de forma fehaciente. El resto del mapa fue trazado con investigación jurídica y análisis de los marcos regulatorios. En este contexto, provincias como Chubut, Neuquén, Jujuy, San Luis, Corrientes y Misiones aparecen como regiones de alto riesgo dado que cuentan con legislación que habilita al estado la compra y utilización de tecnologías de Spyware y carecen, o al menos no nos entregaron, los protocolos necesarios para contener potenciales daños colaterales de este tipo de tecnologías.
Finalmente, Florencia Caffarone, Directora de Democracia en Red, presentó los lineamientos mínimos indispensables para la adquisición y uso de tecnologías de spyware, incluyendo un seguimiento de todo el ciclo de vida de esa tecnología, la construcción de idoneidad técnica y probatoria para su uso, el tratamiento diferenciado de la información obtenida y la auditoría rigurosa de los usos de estas tecnologías, mediante protocolos, procedimientos y controles que den cuenta públicamente de su adopción en investigación criminal.
El riesgo que conlleva la adquisición de este tipo de tecnologías por parte del Estado, la posibilidad de que las mismas salgan de las manos de quienes las usan bajo las normas legales y terminen contribuyendo a operaciones de inteligencia ilegales en el país son advertencias que desde este proyecto venimos levantando con documentada preocupación.
Vale mencionar que este panel fue el único que abordó este tipo de problemática en un evento de alto nivel académico vinculado a los estudios de la vigilancia. Agracedemos a la Red Lavits la posibilidad de compartir con colegas de la región los hallazgos de esta investigación que fue posible gracias al apoyo de la Spyware Accountability Initiative (SAI).