Ayer, 1 de marzo, en el tradicional discurso de apertura de las Sesiones del Congreso de la Nación que realizan los presidentes todos los años, el presidente Alberto Fernández anunció que presentará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificará un tema sensible de la Ley de Inteligencia Nacional: el vínculo entre el Poder Judicial y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE).
“Dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”, afirmó el Presidente, en línea con su discurso de asunción del pasado 10 de diciembre y con el carácter que le imprimió a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE.
La clave del anuncio es una excepción que consta en el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, donde se especifican prohibiciones que tienen los organismos de inteligencia. En su redacción actual, ese artículo dice que esos organismos no podrán “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales”. Hasta aquí lo mismo que dijo el presidente. Sin embargo, el artículo tiene una excepción que dice: “Tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes”. Esto es lo que se modificará con el DNU que firmará el presidente en los próximos días.
El anuncio presidencial va en sintonía con la intervención de la AFI dispuesta a finales de diciembre. La interventora, la fiscal Cristina Caamaño, firmó el 13 de enero la resolución 17/20, en la que la interventora de la AFI dispuso “la reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA y, en consecuencia, su participación como auxiliar de la justicia” y les pidió a los jueces de todo el país que aplicaran “de forma restrictiva” los pedidos de colaboración a la AFI.
Desde Fundación Vía Libre ya habíamos expresado la necesidad de prohibir la participación de la AFI en investigación criminal en este informe y a través de diversos comunicados publicados como miembros de ICCSI (Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia).