Desde la Iniciativa de Control Ciudadano del Sistema de Inteligencia (ICCSI) solicitamos a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Dra. Cristina Caamaño, una audiencia para poder conversar respecto de algunas medidas que pueden ser tomadas en el corto plazo como primeros pasos para una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional. Entendemos que, tal como manifestó el Sr. Presidente en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, es necesario cortar las lógicas y los vínculos espurios desarrollados con algunos sectores del sistema de justicia, avalados sobre todo a partir de la excepción vigente en la ley de inteligencia nacional que les permite participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales.
En su discurso de asunción, el Presidente de la Nación manifestó de forma clara su voluntad de terminar con “una justicia contaminada por los servicios de inteligencia”. Compartimos el diagnóstico: desde la creación de la ICCSI en 2012 denunciamos cómo la intromisión de los servicios de inteligencia en el sistema de justicia ha afectado la necesaria independencia judicial y ha corroído la legitimidad de nuestra democracia. Investigaciones criminales manipuladas, espionaje político y la extorsión como herramienta política son algunos de los síntomas más evidentes de este problema de enorme gravedad institucional.
Frente a esta situación, anunció que enviará al Congreso de la Nación un conjunto de leyes que consagren una reforma integral del sistema federal de justicia, al tiempo que dispuso la intervención de la AFI. El camino es acertado y entendemos que, lógicamente, tomará un tiempo construir los acuerdos políticos y sociales necesarios para un nuevo modelo de justicia e inteligencia nacional.
En el contexto de este largo proceso, proponemos la derogación parcial del inciso 1o del artículo 4 de la Ley de Inteligencia, que entendemos podría revisarse de forma puntual sin esperar necesariamente a la reforma integral. Esta disposición, que forma parte de las prohibiciones que rigen a los organismos de inteligencia, establece que los agentes de inteligencia “tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes”.
Esta excepción ha funcionado como ventana para que la práctica se convierta en regla y la AFI funcione como una policía más al servicio del Poder Judicial, por eso su prohibición total debe alcanzar tanto a la AFI como a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DINIEM) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINICRI). Este avance fue habilitado por las autoridades políticas pero también por jueces y fiscales que no fundan los pedidos de intervención a los organismos de inteligencia como auxiliares de la justicia ni están en condiciones de explicar los motivos. Este descontrol también ha contado con la anuencia de la Bicameral de inteligencia.
Una reforma integral del sistema de inteligencia tiene muchas aristas, y esperamos que todas ellas sean analizadas y debatidas con amplia participación política y social en el futuro inmediato. Entendemos que un primer paso fundamental para que realmente se cambie el rumbo de la política de inteligencia nacional, es cortar definitivamente los vínculos entre inteligencia y justicia. Confiamos en que la reforma precisa que proponemos le dará bases más firmes a la intervención y permitirá evaluar con mayor precisión los recursos con los que se cuenta y con su futura asignación.
Sobre la ICCSI
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) es un espacio destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia de la República Argentina. Las organizaciones que conforman ICCSI son: el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), la Fundación Vía Libre (FVL), el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de UMET y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).