Este documento trata de responder a las preguntas y críticas más frecuentes acerca de una política de uso exclusivo de software libre a nivel gubernamental.
Se originó principalmente de las críticas realizadas por la comunidad de Slashdot y por gente del proyecto Proposición a un proyecto de ley en discusión en Argentina.
Muchos de los argumentos aparecen repetidos en varias preguntas. Esto se debe a que las razones que defienden la implementación de políticas de uso de software libre en el Estado son unos pocos, pero extremadamente fuertes.
Se aconseja leer antes de esto el texto “Encrucijada Digital” y “Razones por las que el Estado debe usar software libre” , que contienen la fundamentación en la que se basa este documento. Este texto está destinado a personas que leyeron la fundamentación, pero tienen preguntas o dudas específicas al respecto.
¿Qué gana en concreto el Estado con el uso total de software libre?
Muchas veces se pone adelante de todas las ventajas el ahorro monetario. Según los sistemas instalados, sus costos, y las herramientas disponibles para reemplazarlas, este ahorro puede ser realmente importante, pero puede ser mermado a corto plazo por los costos de realizar la transición de los sistemas.
Aún así, existen muchas otras ventajas en el uso de software libre, que son inmediatas y más importantes, al punto de ser cruciales para la adopción de estas políticas por el estado:
- Independencia tecnológica: Mediante el uso de software libre, el Estado deja de tener sus sistemas controlados por una entidad externa (con frecuencia empresas extranjeras). De esta forma rompe la dependencia tecnológica que lo tiene actualmente atado y obtiene las libertades que el software libre otorga.
- Control de la información: Esto sale directamente como consecuencia directa de las libertades del software libre. Al tener la libertad de inspeccionar el mecanismo de funcionamiento del software y la manera en que almacena los datos, y la posibilidad de modificar (o contratar a alguien que modifique) estos aspectos, queda en manos del Estado la llave del acceso a la información (en vez de quedar en manos privadas).
- Confiabilidad y estabilidad: El software libre, al ser público, está sometido a la inspección de una multitud de personas, que pueden buscar problemas, solucionarlos, y compartir la solución con los demás. Debido a esto, y a lo que se llama “el principio de Linus” (dada la suficiente cantidad de ojos, cualquier error del software es evidente), los programas libres gozan de un excelente nivel de confiabilidad y estabilidad, requerido para las aplicaciones críticas del Estado.
- Seguridad: Este es uno de los puntos clave para el Estado. Mucha de la información que el Estado maneja puede ser peligrosa en manos incorrectas. Es por esto que es crítico que el Estado pueda fiscalizar que su software no tenga puertas de entrada traseras, voluntarias o accidentales, y que pueda cerrarlas en caso de encontrarlas; tal inspección sólo es posible con el software libre.
¿Qué problemas puede enfrentar implementar estas políticas?
Obviamente, una propuesta de implementación reduciría los beneficios de los vendedores de software cerrado. Es de esperar que éstos ejerzan toda la presión a su disposición para evitar que se tomen medidas que involucren migración a software libre. Frente a ese peligro, hay que considerar que está en juego el control de la información por parte del Estado, y las libertades individuales de los ciudadanos. Debe tenerse en cuenta que una política de este tipo no discrimina en contra de productos o proveedores específicos, sino contra ciertas prácticas nocivas que involucran el control de la información del usuario por parte del proveedor. Es fundamental que el Estado no se someta a estas presiones.Eso es lo que motiva las restricciones de esta política, que tienen como fin establecer cualidades minimas para garantizar los derechos de los ciudadanos, la calidad del software y la seguridad de la información. Toda empresa que acepte proveer sus productos sin comprometer estos derechos no tendrá problema alguno al hacerlo.
¿No se perjudicaría a la industria de software?
No, porque no se implementaría a través de prohibir la industria del software, sino fijando como condición necesaria para uso de software en el Estado la característica de “libre” (De la misma manera en que suelen establecerse condiciones necesarias razonables a cumplir en cualquier licitación o contratación que hace el Estado). De hecho, si por “industria de software” consideramos a la industria local, esta será ampliamente beneficiada, ya que las licencias libres le otorgan al gobierno el derecho a contratar profesionales locales para modificar y adaptar sus sistemas (incluso aquéllos no desarrollados localmente), y de esta forma fomentar la industria tecnológica local, la economía y el empleo. Estos beneficios que distinguen al software libre del propietario, provienen de la posibilidad de inspección y modificación libres a cualquier individuo, en vez de estar restringidos al proveedor, que puede usar esa restricción para monopolizar el soporte técnico.
¿No es conveniente dejar que se seleccione el mejor software, sea libre o propietario?
Obviamente, al Estado le conviene elegir la solución más apta para sus necesidades. La clave del problema está en el significado de “más apta”. La solución más apta no es necesariamente la solución más usada en el mercado; muchas veces la solución más exitosa lo es solamente por que la empresa que la promovió tuvo una mejor campaña publicitaria, porque atrapó al mercado en un monopolio, porque hizo una buena movida comercial, etc. Tampoco es necesariamente más apta la que tiene toda la funcionalidad necesaria; el Estado necesita más que eso: necesita ser independiente tecnológicamente, poder tener control sobre su propia información y poder proteger la seguridad de sus datos. Esas son algunas de las aptitudes que sólo el software libre puede otorgar, aptitudes que el Estado no puede dejar de lado (sí puede dejar de lado, en cambio, funcionalidad no crítica). Por ello, la solución más apta, sea cual fuere, será un programa libre; los programas no libres tienen características que los hacen completamente inutilizables para un Estado, por someterlo a riesgos importantísimos, aún cuando la solución libre que se otorga, sea ligeramente menos funcional (mientras no se trate de funcionalidad crítica), o más costosa.
¿No sería costosa una migración si se tiene algo que ya funciona?
Sí, lo sería. Una migración involucra costos en relevamientos, toma de decisiones para implementar los nuevos sistemas, mano de obra para implementar el cambio, conversión de datos, reentrenamiento del personal, y eventualmente gastos en licencias y/o desarrollo (no todo el software libre es gratis) y tiempo. Todos estos son costos fijos, que se pagan una vez. El software propietario en funcionamiento ahora, también tuvo sus costos fijos que fueron pagados y no pueden ser recuperados.
Pero además de éstos, hay otros costos involucrados en el software propietario: actualizaciones permanentes (a veces acentuadas por un efecto de monopolio autosostenido), pérdida de interoperabilidad, mantenimiento (con un contratista con el monopolio sobre el mantenimiento, y capaz de cobrar lo que quiera) y por sobre todo, el inmenso precio que tiene para el Estado la pérdida de las libertades que le garantizan el control de su propia información.
Estos costos son permanentes y crecientes a lo largo del tiempo (incluso si sólo se consideran los monetarios), y tarde o temprano, superarán a los costos fijos de realizar una migración. Por lo tanto, dado que la migración, a la larga, nos beneficiará económicamente conviene llevarla a cabo lo antes posible, en vez de esperar que los costos crezcan hasta volverse incontrolables
Es un costo a corto plazo, pero un ahorro enorme a largo plazo. Y que además produce beneficios mayores.
¿No es suficiente con tener la información en formatos públicos?
Si lo que queremos es poder acceder libremente a los datos que intercambiamos con el gobierno (formularios, informes, boletines oficiales), sí. El uso de formatos abiertos corresponde al principio que dicta que el Estado debe hacer pública su información para garantizar la transparencia. Los formatos abiertos nos ayudarían en ese sentido, pero aún queda pendiente el problema de control de la información, la seguridad nacional, y la independencia tecnológica, virtudes que se ponen en riesgo al usar software propietario, aún si éste opera sobre formatos abiertos de datos.
¿De donde obtendría soporte técnico y mantenimiento el gobierno?
Esencialmente, del mismo lugar que lo hace ahora. Los técnicos empleados por el gobierno, una vez recapacitados, podrían seguir cumpliendo sus funciones. El software libre tiene también soporte empresarial, al igual que el propietario. Algunas empresas como IBM dan soporte a software libre y propietario, otras como Red Hat, dan soporte a software libre solamente, y otras como FreeDevolpers desarrollan software libre a pedido.
La diferencia con el software propietario es que ahora se podría elegir libremente a quien contratar para soporte, en función de cuan capacitado esté, y cuánto quiera cobrar. De esta forma se impide la extorsión que puede realizar la empresa dueña de un software propietario, aprovechando su exclusividad sobre el soporte y mantenimiento de sus productos, que le otorga un monopolio.
Entre las opciones para elegir, en el caso del software libre, se incluirían también como posibilidades a los técnicos y empresas locales, de esta forma fomentando el desarrollo y la economía local. Otro medio disponible son los acuerdos con las universidades, que son fuente de personal capacitado y que mediante acuerdos pueden colaborar para ofrecer soluciones y desarrollo de sistemas.
¿El costo no sería demasiado alto dada la enorme cantidad de código desarrollado in-house por el Estado?
Es cierto que mucho código (sobre todo administrativo) está desarrollado internamente, y los problemas de reemplazarlo son complicados, ya que no tienen reemplazo libre por ser algo muy específico, y son muy costosos para re-desarrollar. Pero dado que el código desarrollado internamente es propiedad del estado, este puede tramitar su relicenciamiento para declararlo software libre. De esta forma, todo este código se transformaría a programas libres sin esfuerzo técnico, sin necesidad de actualizar sistemas, ni volver a capacitar al personal.
¿No es necesario ocultar el código en ciertas áreas?
¿La publicidad del código no facilita el acceso indebido a los criminales informáticos? El software de seguridad (que es el que está en discusión en esta pregunta) es como un seguro de caja fuerte: aunque se sepa cómo funciona, es necesario conocer la “clave” o “combinación” que su dueño fijó para abrirla. La seguridad depende de la protección de esa combinación, no del mecanismo en sí, siempre y cuando el mecanismo sea lo suficientemente bueno.
Hay programas libres para usar los mecanismos de seguridad más fuertes conocidos. El hecho de que sean libres les da una garantía de calidad, ya que su publicidad permite que cualquiera pueda detectar y reparar los fallos y riesgos a la seguridad que contenga. Cuando se oculta el funcionamiento, sólo aquéllos que tienen intenciones de vulnerar esta seguridad se toman el trabajo de desarmarlo y ver cómo funciona, aumentando el riesgo.
En resumen: es posible tener programas libres de máxima seguridad, y es más fácil controlar que funcionen correctamente y auditarlos.
¿Forzar una política de uso de software libre no es equivalente a forzar el uso de un producto determinado?
No es comparable el software libre a una marca determinada, ya que para que un programa sea libre basta con que se otroguen las facultades apropiadas al usuario, condición que cualquier empresa nacional o extranjera puede cumplir. Esto es diferente a decir “se exige marca X”, que es una condición que sólo la empresa X puede cumplir. Además no hay imposición sobre la libertad de decisión de los ciudadanos, ya que una política de uso exclusivo de software libre es una decisión del Estado y para el Estado, es decir, de administración de sus sistemas internos. Es lo que le corresponde a un gobierno: organizarse internamente de la mejor forma posible para defender los derechos de los ciudadanos y proteger su propia seguridad.
¿Es suficiente aplicar esta política sólo a los nuevos sistemas?
No, la política debe ser total y extenderse a todos los sistemas, nuevos y viejos; ya que los sistemas anteriores seguirían siendo perjudiciales en las formas mencionadas anteriormente, es decir, poniendo en riesgo la Seguridad Nacional, generando dependencia tecnológica, e impidiéndole al Estado ejercer control sobre su propia información.
¿No es perjudicial el software libre para sus autores, quitándoles el incentivo a desarrollar?
Para contestar esta pregunta debe aclararse primero que el software difiere de otras creaciones intelectuales (tales como los libros o las obras de arte) en varios aspectos; en realidad el software es más parecido al conocimiento científico, y el desarrollo de software a la investigación. En el mundo científico, las libertades de uso de conocimiento previo, y la libre circulación del conocimiento, son valores importantes, apreciados, y que originan el progreso. Cuando Sir Isaac Newton dijo “Si he visto más lejos, es porque me he subido sobre los hombros de gigantes”, estaba valorando estas libertades, otorgadas por los “gigantes”, que le permitieron llevar a cabo su desarrollo. De la misma forma, en el mundo del software libre, está disponible el trabajo de “gigantes”, como un capital inicial sobre el cual desarrollar y realizar verdadera innovación, en vez de reinventar la rueda una y otra vez. Al igual que los científicos, los desarrolladores de software libre tienen como uno de sus incentivos el prestigio de la creación intelectual, que se logra mediante la publicación del trabajo. De ahí que la libertad de inspección y uso provee un marco para promover el desarrollo y la innovación del software, y la libertad de distribución promueve un incentivo.
Además del incentivo personal, existe un incentivo económico. El software, como herramienta, requiere mantenimiento (deployment, adaptación, modificaciones durante su uso, reparaciones de errores). Para realizar adecuadamente ese mantenimiente es necesario saber la forma en la cual opera el software. Cuando el software no es libre, ese conocimiento es exclusivo del autor, y por lo tanto éste tiene un monopolio sobre estos servicios asociados. Las libertades que otorga el software libre permiten la ruptura de este monopolio, promoviendo la libre competencia, es decir un mercado donde estos servicios pueden ser prestados por cualquier persona capacitada, y donde el precio es fijado por las necesidades reales, no por una decisión monopólica. De esta forma, las libertades en el software crean un incentivo de valor directo económico y puestos de trabajo que además pueden transferirse a la industria local si el software fue desarrollado en el extranjero. La libertad de distribución no actúa en perjuicio de este incentivo económico, ya que el software se desarrolla como un objeto abstracto con un alto valor intelectual, y la realización de copias tiene un costo casi nulo que no es lo que se paga al contratar el desarrollo de software.
¿Cuales son los riesgos con el software propietario?
Gracias a las restricciones de libertades que impone el software propietario, las organizaciones que desarrollan este tipo de software pueden (y lo han hecho): Ocultar el código fuente para mantener a los desarrolladores divididos, privados de derechos, y dependientes; atar productos inferiores a los dominantes; violar y evitar órdenes judiciales de forma desafiante; aplastar emprendimientos competitivos y prometedores; destruir mercados para eliminar la competencia real; utilizar prácticas de predación de precios para eliminar a la competencia; transformar a sus clientes en objetos-mercadería a través de la cautividad; hacer, mediante el ocultamiento del código fuente, que los desarrolladores deban re-inventar la rueda permanentemente; ejercer comportamiento extorsivo en sus tratos comerciales; obligar a los competidores débiles a destruir sus propios productos innovativos para proteger a los ya establecidos; no responder a las necesidades y pedidos de los clientes en tiempo razonable; aprovechar estrangulamientos económicos naturales para su propio beneficio; manipular y demorar el progreso tecnológico para mantener la supremacía; esconder sus errores de programación, arriesgando la seguridad y estabilidad; introducir “puertas traseras” a sus programas para obtener acceso a la información de sus clientes; deshumanizar a los desarrolladores de software tratándolos como “ingresos” o “activos”; detener la innovación; tomar estándares abiertos, adoptándolos y extendiéndolos, o contaminándolos de otras formas, para romperlos y apropiárselos; usar cláusulas de exclusión en contratos para sostener su censura a la publicación de errores y defectos; apagar o bloquear los canales de distribución de competidores legítimos; anunciar falsos avances (“vaporware”) para evitar la adopción de productos reales competitivos; frustrar, oponerse y burlarse de oficiales gubernamentales que protegen el interés público; limitar la libertad de elección; producirle confusión y frustración a los usuarios al venderle productos inferiores; tomar las innovaciones desarrolladas por otros como propias; practicar políticas de precios diferenciales para castigar a los que se oponen; malinformar y explotar a los usuarios; usar características no documentadas como un dispositivo anti-competencia; suprimir la naturaleza abierta, eficiente y libre del método científico a través del ocultamiento del código; romper intencionalmente el código de la competencia para crear inoperabilidad de código entre productos; prohibir que la gente comparta el software con sus amigos; forzar a sus usuarios a dejar pasar tecnologías competitivas y prometedoras; usar contratos excesivamente restrictivos y excluyentes contra competidores menores; y realizar otros actos impropios, antisociales y anticompetitivos, para establecer, mantener y extender sus monopolios de software.
Estas son todas razones por las cuales el Estado no debe usar software propietario, arriesgando a sus ciudadanos a que ellos o su información pública sean sometidas a estas prácticas. Además y principalmente, está en riesgo la independencia tecnológica, el control de la información y la seguridad nacional.
Daniel F Moisset , Federico Heinz – 13 de mayo de 2001 – versión 0.3
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