La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) insta al Congreso de la Nación a que abra una discusión pública sobre el sistema de interceptación y captación de las comunicaciones (popularmente conocidas como escuchas), y sobre el régimen de colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con el sistema de justicia.
La filtración ilegal de una comunicación telefónica entre la ex Presidenta de la Nación y el ex Director General de la AFI, difundida por medios de comunicación nacionales en el curso de los últimos días, resulta un hecho de extrema preocupación por tratarse de material probatorio de una causa judicial en curso y por no ser esta la primera vez que se producen filtraciones a la prensa de actuaciones que debían ser reservadas.
Este hecho, además, pone de manifiesto una serie de vacíos legales y reglamentarios por donde regularmente se cuelan prácticas abusivas y arbitrarias que afectan derechos fundamentales: ¿Ante qué casos se puede requerir una escucha, una medida altamente lesiva para derechos de terceros? ¿Quién controla las escuchas que son requeridas en procesos judiciales? ¿Qué pasa cuando el producto de las escuchas no es relevante para el objeto procesal? ¿Quién es responsable de ese material? ¿Cuándo es aplicable la excepción de la ley para que los organismos de inteligencia colaboren con el sistema de justicia? Para graficar la situación alcanza con un solo ejemplo: en nuestro país hay personas que fueron escuchadas por más de 15 años. Procedimientos “todos legales”, pero no por ello menos abusivos.
Los graves retrocesos registrados en el último año en materia de transparencia y control del sistema de inteligencia convergen -no casualmente- con un sistema de escuchas que, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dado lugar a una restauración de las viejas prácticas y relaciones opacas entre los organismos de inteligencia y una parte del Poder Judicial. Los espías no se resignan a perder semejante fuente de información y poder, y los jueces y fiscales tampoco se disponen a renunciar al amplio espectro de servicios que proveen los espías. Y, aunque esa alianza trasciende los gobiernos de turno, nada de ello ocurre al margen de un sistema político que se vale de esos recursos y esos vínculos para gobernar y disputar espacios de poder.
Por eso, urge una reforma integral del sistema de escuchas, empezando por el rediseño del organismo a cargo, estableciendo altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, y fijando reglas claras sobre su procedencia y uso. Es una responsabilidad impostergable del Congreso de la Nación emprender este debate de manera seria, partiendo del reconocimiento del daño que ha producido en el servicio de Justicia, especialmente en el fuero federal, la permanente injerencia de los organismos de inteligencia.
Sobre la ICCSI
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) es un espacio destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia de la República Argentina. Las organizaciones que conforman ICCSI son: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSDE), la Fundación Vía Libre (FVL), el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de UMET y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).