El 2 de enero, el gobierno de Mauricio Macri publicó en el Boletín Oficial el decreto 1340/16 para regular las comunicaciones convergentes en la República Argentina.
El decreto establece que los grandes jugadores del sector de Telecomunicaciones como son Telefónica, Telecom y Claro puedan ofrecer televisión por cable en los grandes centros urbanos a partir de 2018, además de postergar las obligaciones asumidas en la licitación de espectro para 4G realizada a fines de 2014.
El otro gran actor del mercado, el Grupo Clarín, podrá finalmente utilizar la licencia de Nextel para ofrecer telefonía móvil y brindar servicios 4G en menos de dos años en las ciudades más rentables.
Pero la gran concesión del Decreto es una medida inaudita y a contramano de las regulaciones que priorizan la competencia en un sector fuertemente concentrado: Los operadores que construyan redes de nueva generación tendrán protección privilegiada de la última milla por 15 años a partir de la publicación del decreto. Esta promesa que beneficia a los grandes jugadores, obtura y bloquea en la práctica la posibilidad de que emerja algún actor competitivo en el mediano y largo plazo. Es, sin lugar a dudas, una medida anticompetitiva y contraria a los principios de apertura y liberalización promocionados sólo en los considerandos. Es, en definitiva, una garantía de proteccionismo pleno para los actores dominantes de una industria fuertemente concentrada.
Sobre este decreto, dialogamos con el Diario Página 12. Además, recomendamos enfáticamente la lectura de la columna de análisis del Dr. en Cs. de la Comunicación Martín Becerra.