Este artículo fue publicado el 25 de mayo en la revista Newsweek y en el Portal de El Argentino.
La Justicia argentina dice que el site es un “partícipe necesario” que facilita la piratería. Pero la ley se refiere a un mundo que no es el que era.
Por Sebastián Catalano
It’s the end of the world as we know it. El cantante estadounidense Michael Stipe, líder de REM, editó el tema en 1987, en el disco Document. El título, que anunciaba el fin del mundo conocido, tenía un subtítulo entre paréntesis: “And I feel fine”. Termina todo lo conocido y me siento bien con eso, aclaraba Stipe. El calvo y movedizo frontman se refería a un mundo apocalíptico, en medio del caos provocado por el impacto ambiental y otros males. No hablaba de Internet, y es probable que por entonces él no supiera qué era, como la gran mayoría de los humanos.
Años después, esa idea bien podría aplicarse a las polémicas legales que se vive a diario sobre qué cosas pueden hacerse en la Red y cuáles no, sobre qué está protegido y qué es piratería. De un lado, empresas y corporaciones globales que intentan proteger sus negocios con leyes que para muchos son obsoletas, todo en medio de un tsunami digital que barrió el planeta y que promete cambiar todo para siempre –si no lo hizo ya–. En el otro rincón, buena parte de los usuarios digitales que hacen lo que los define: usan la Red.
Así, los tanques del mundo del entretenimiento –las industrias de la música, el cine y las editoriales tradicionales– luchan para evitar perder millones por lo que ellos consideran piratería, o violación de obras protegidas por las leyes de derechos de autor. Pero pierden por goleada cada vez que un usuario hace click en un link y baja una película, el capítulo de una serie, una canción o un software. Y son millones haciendo clicks todo el tiempo. El reclamo corporativo es justo: la piratería es ilegal. Pero ¿cómo pararla? ¿Se puede? ¿No convendría que destinaran dinero e ideas pensando en alternativas a un negocio que agoniza? ¿No es caprichoso –e inútil, quizás– aferrarse a un modelo cada vez menos lucrativo?
Los acordes apocalípticos de Stipe podrían también ser la banda de sonido del último ciberaffaire local, que tiene como protagonista a Taringa. El megasitio argentino fue procesado por la Justicia argentina y multado con $ 200.000, en una causa que había comenzado en 2009, patrocinada por la Cámara Argentina del Libro y varias editoriales, por violación del la ley de Propiedad Intelectual (11.723).
Taringa! nació en 2004 y sus dueños son los hermanos Hernán y Matías Botbol, y Alberto Nakayama. Los tres rondan los 30 años. “Vértigo y peleas en la Web” fue el título de tapa de NEWSWEEK del 13 de mayo de 2009. Allí se veía al trío sonriendo y contando la historia del sitio más popular de la Internet vernácula. Un negocio al borde de la ley.
Taringa es una comunidad virtual que permite que sus usuarios posteen contenidos. Esos posts pueden incluir links. Esos enlaces pueden llevar a contenido ilegal. El site tiene casi 5,5 millones de visitantes anuales, que generan 20.000 mensajes por día. Los dueños de Taringa dicen no tener en sus servidores contenido alguno (ni prohibido, ni permitido), lo que parece cierto. Y aseguran que no pueden controlar todo lo que linkean sus usuarios. Parece razonable, también, dado el volumen. Pero la Justicia los señala por ser partícipes necesarios que facilitan la piratería como “claros conocedores de su ilicitud”. “Los imputados, a través de su sitio, permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares. Si bien ello ocurría a través de la remisión a otro espacio de Internet, lo cierto es que justamente tal posibilidad la brindaba su servicio”, aseguraron los integrantes de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Los responsables del site emitieron un comunicado y aseguran que seguirán apelando la multa y, sobre todo, el precedente que sentaría una condena efectiva. El caso, dicen, abarca mucho más que Taringa. “Bajo esta lógica se acusará también a los proveedores de Internet, a los buscadores, a los blogs y redes sociales sin cuya participación no habría delito posible”, afirman desde el site, y juran que está en riesgo el futuro de Internet.
No son las únicas voces que llaman la atención sobre el fallo. Bea Busaniche, de la Fundación Vía Libre, cree que el delito del que se acusa a Taringa –ser partícipe necesario– es una práctica común y cotidiana que cometemos todos a diario. La experta explica que el fallo tuvo en cuenta el artículo 72, inciso a) de la Ley 11.723: “Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, además del secuestro de la edición ilícita: a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes”.
Para Busaniche, el caso Taringa es un intento ejemplificador para todos los que tengan en sus manos un dispositivo digital, como un celular, una tableta, una netbook o PC, y que todos violamos alguna vez ese artículo, incluido en una ley de 1933 que requiere urgente modificación. “Está claro que Taringa no editó, vendió ni reprodujo obras, sino que habilitó un espacio donde los usuarios publicaron links, hecho que, al menos por ahora, no está tipificado como delito en el código penal”, dice.
“Si siguen existiendo Taringas alrededor del mundo no habrá más cine, música, ni oferta lícita de nada”, dispara desde la otra vereda Antonio Millé, del estudio Millé y Asoc. y asesor del INCAA y de la industria del software local en temas de piratería. El experto detalla que para que haya partícipes necesarios –Taringa, en este caso– antes tiene que haber delito, y eso es lo que señaló la Cámara. Si bien reconoce que las industrias tradicionales no supieron reaccionar ante la ola digital, Millé no cree que sea necesario modificar las leyes actuales para adaptarlas al mundo digital, aunque reconoce que sí podrían hacerse retoques. Dotar de más responsabilidad a los proveedores de Internet, por ejemplo, y darles también más garantías.
“En EE. UU., mientras los ISP (proveedores) presten honestamente el servicio está todo bien, pero cuando son notificados de que hay algo ilícito tienen que reaccionar inmediatamente”, ejemplifica. En ese sentido está orientado un proyecto de Federico Pinedo, líder de la bancada de PRO en Diputados, que está en la Comisión de Comunicaciones e Informática, aunque sin fecha de tratamiento en la Cámara Baja.
Otro que se expresó en contra del fallo fue el diputado porteño de Proyecto Sur, Julio Raffo, quien lo calificó como “arbitrario”. “Yo encabezaría una campaña, junto a unas cuatrocientas o quinientas personas, para presentarnos ante un juez y declararnos culpables de haber accedido a una obra cultural a través de Internet, a ver qué hace el juez”, dice el legislador, de amplia experiencia como productor y asesor legal en la industria del cine local.
Y no es sólo Taringa. ¿Qué dirá la Justicia sobre Cuevana, otro site local de gran crecimiento en el país y la región, que ofrece streaming de series y películas? O sea, ver online contenido de video sin tener que bajar archivos. Esta mezcla de cine y canal de tevé
–con toda la TV–, idea de unos jóvenes sanjuaninos, tiene medio millón de visitas diarias, un cuarto de millón de usuarios registrados y una tasa de crecimiento que asusta. La idea es la misma: links a contenidos de calidad (bien organizados, con buenos subtítulos, en HD) que almacenan los usuarios.
En el último número de la revista Orsai David Bravo, abogado español especializado en derecho informático y propiedad intelectual, describe cómo en varios países europeos un conflicto anterior pero parecido al que genera hoy Internet –el de la grabación de música entre particulares usando cintas de casete– se solucionó con el viejo axioma de que se no puede prohibir lo que en la práctica no se puede frenar.
Tiene que haber otras opciones, y las compañías que dicen perjudicarse tienen que ser parte de la solución. Lo cierto es hay una parte del mundo conocido que llegó a su fin. Hay que enterarse. Nos guste o no.