Por Evelin Heidel en Río de Janeiro, Brasil.
La sesión del segundo día empezó con el panel de “Acceso, distribución y uso del conocimiento”, a cargo de Alberto Cerda Silva (Chile – ONG Derechos Digitales), Pablo Ortellado (Brasil – GPOPAI – USP) y Alejandro Rivero (Cuba – Academia de Ciencias de Cuba).
Alberto Cerda se concentró fundamentalmente en definir las estrategias de acción para el acceso, circulación y uso del conocimiento. En este sentido, expuso que la problemática del derecho de autor debe resolverse de modo tal que garantice el acceso a la información y a la educación para la población en general.
Expuso, además, que en materia de copyright hay dos estrategias que deben ser realizadas en conjunto: construir y luchar, y tres planos de acción para desarrollarlas: internacional, nacional y local. La parte de construcción implica: a) estrategia contractual: licencias que garantizan el acceso a la información, como Creative Commons y GPL; b) modificaciones legales: cambiar la normativa vigente. Luego, se concentró sobre las limitaciones de cada una de estas estrategias, para mencionar algunos casos judiciales y problemas a nivel internacional relacionados con la exportación e importación de libros; y a nivel regional (latinoamericano) la falta de adecuación entre las diferentes leyes que regulan el derecho de autor.
En cuanto a la resistencia, habló de la necesidad de proponer y adoptar nuevos estándares, de impedir que se firmen tratados bilaterales, resistir al ACTA y a la posible implementación de la ley HADOPI y a la ley de economía sustentable de España.
El segundo expositor fue Pablo Ortellado, que se caracteriza no sólo por ser un buen orador, sino además por presentar siempre datos concretos de las problemáticas que aborda, con un nivel de seriedad en la investigación que pasma. Esta vez se concentró en las prácticas de criminalización e imperialismo cultural subyacentes a la ley de derecho de autor, tema que había sido abordado en parte por Tulio Vianna la sesión anterior, aunque la exposición de Pablo se centró fundamentalmente sobre la problemática en el acceso a los materiales de estudio por parte de los estudiantes universitarios, la persecución a estudiantes y centros de fotocopiado por parte de las policías locales y cómo esta ‘cacería de brujas’ es en realidad producto de los reportes especiales de la International Intellectual Propierty Alliance (IIPA), las políticas -mayormente estadounidenses- en materia de copyright, y, fundamentalmente, en las razones económicas que sustentan semejante accionar. La exposición de Pablo la pueden encontrar acá.
El cubano Alejandro Rivero, por su parte, se concentró en describir el nuevo modelo económico en materia de conocimiento, o lo que se conoce tradicionalmente como ‘economía del conocimiento’. Trajo al debate los cambios recientes introducidos en la investigación científica, la forma tradicional de concebir la investigación y el desarrollo y cómo los países desarrollados están formulando políticas de derechos autorales que avanzan en la privatización del conocimiento. En este sentido, mencionó que los países desarrollados son los principales beneficiarios de leyes de derecho de autor más restrictivas. Por otra parte, hizo hincapié en el hecho de que las editoriales se están apropiando de un conocimiento social, donde además de poner restricciones al uso tienen la facultad de decidir qué y qué no se publica. Allí puso como ejemplo el caso de los estudios e investigaciones sobre el mal de Chagas y el dengue que no son publicados porque las editoriales plantean que eso no es ciencia universal sino local, y cómo esto va en claro detrimento de la ciencia básica en los países subdesarrollados.
La ronda de preguntas disparó otras cuestiones, como por ejemplo, la falta de regulaciones a nivel académico en materia de licenciamiento no restrictivo; la necesidad de adecuación de las diferentes legislaciones de Latinoamérica entre sí, para tener leyes compatibles en diferentes estados; la criminalización creciente de los estudiantes e infractores a la ley de copyright; entre otros temas. En este sentido, el panel dejó en claro que es necesario formular una ley más justa para todos que garantice el acceso a la población del conocimiento científico y educacional, subsidiado, directa o indirectamente, con fondos públicos.