Software Público: cambiar para que nada cambie

Hace ya más de diez años que Vía Libre insiste con la necesidad de que la administración pública use software libre, por razones de soberanía sobre su propia información. Uno podría pensar, entonces, que nos alegra leer las declaraciones del Ministro Aníbal Fernández acerca de las políticas de gobierno a favor del software libre.

Efectivamente, nos alegraría, si no fuera porque desde el gobierno hablan de software libre, pero sólo se comprometen con algo distinto, un concepto nuevo llamado “software público”. Esta dualidad de discurso queda claramente plasmada en el hecho de que el sitio www.softwarelibre.gob.ar tiene por título, en realidad, “Software Público Argentino”. Allí encontramos textos útiles para enterarnos de qué se trata en realidad esto del “software público”.

En la página de licencias leemos, por ejemplo, que la característica que lo define no tiene nada que ver con la libertad:

Algunas soluciones serán de propiedad estatal, estarán desarrolladas por el Estado y utilizarán componentes libres y estándares abiertos, otras tal vez compartirán sólo algunas de estas características, y otras ninguna de ellas, pero todas tendrán una característica en común: cubrirán una necesidad específica dentro de los organismos de la administración pública o en la sociedad en general, es decir, contribuirán al logro de objetivos gubernamentales y sociales.

Lo que define al software público, entonces, es que se trata de programas usados en la administración pública, independientemente de si son libres o privativos. Cuando el gobierno dice que usará software público, está haciendo una promesa vacía: “la administración pública usará software que use”.

El sitio dedica bastante esfuerzo, de hecho, a dejar claro que las condiciones de uso del programa no son importantes:

La Política Argentina de Software Público adoptará varios esquemas de licenciamiento para sus soluciones, en algunos casos se establecerán permisos de uso, en otros, se incluirá la cesión de código fuente para habilitar la posibilidad de realizar modificaciones y tareas de reingeniería, y también se prevé la inclusión de esquemas de licenciamiento “libre”.

El licenciamiento libre es, así, una de las opciones, y no precisamente la primera. La libertad ni siquiera figura entre las prioridades del programa:

Los esquemas de licenciamiento sentarán las bases para las políticas de gestión de las soluciones, tendrán su correlato en el nivel de apertura y de colaboración entre las comunidades generadas en torno al software, en las condiciones de desarrollo, de implementación y de mejora, y respecto a los servicios asociados. […] la Política Argentina de Software Público adoptará múltiples esquemas de licenciamiento teniendo como prioridad la solución concreta de problemas, la optimización de la utilización de recursos materiales y humanos, y la cobertura de necesidades específicas dentro del Estado y en la sociedad en general.

Los criterios básicos son la optimización de recursos y la “solución de problemas”. Después, si es libre, mejor. Pero si no es libre, no importa, como claramente se puede ver en la página del “sello de calidad de la Unidad de Software Público”. Este sello distintivo del software público es otorgado en cuatro variantes:

Tipos de software público

Si observamos que el cuadrante inferior izquierdo (el Tipo 3) representa necesariamente un conjunto vacío, ya que ningún programa puede a la vez ser privativo y estar bajo licencia libre ((Richard Stallman señaló que mi interpretación probablemente sea incorrecta, debido a que la nomenclatura de la tabla es confusa: otra interpretación es que el eje vertical representa al licenciamiento de la pieza de “software público” en sí, mientras que el horizontal se refiere al de la plataforma sobre la que ésta se ejecuta. Si es así, el Tipo 3 no está vacío, pero no cambia el hecho de que, de cuatro categorías de software “aceptable” para el uso en la administración pública, sólo una implica el compromiso de usar software libre)), vemos que de cuatro “categorías” de software público, sólo una corresponde a software libre, las demás están pobladas de software privativo.

Tal como en el cuento, el emperador está desnudo: el “software público“ es un concepto vacío de contenido, un malabarismo retórico para dar la impresión de apertura y cambio, sin necesidad de cambiar nada en realidad.

Si el gobierno efectivamente quiere impulsar el software libre, puede demostrarlo muy fácilmente. Basta con el simple recurso de dejar de fomentar el uso de software privativo (como hace por ejemplo en el proyecto Conectar Igualdad) y dejar de entorpecer el uso de software libre (como hace a través de la exigencia de uso de programas como SIAP y otros). Hasta ahora, mucho discurso pero poco compromiso.

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