Fue presentado un proyecto de ley para el uso de los programas por parte del Estado. Alcanzará a educación. /Pág. 6
En la Argentina ya hay un proyecto de ley para el uso de estos programas en la administración pública
El Software Libre como alternativa para el Estado
Comercio y Justicia, miércoles 17 de Octubre de 2001 – Por Jorge Herrera Marín
jherrera@comercioyjusticia.com.ar
Disponibilidad irrestricta, versatilidad para adaptarse a usos específicos y mayor seguridad hacen conveniente su uso
La relación entre los ciudadanos y el Estado depende muchas veces de la privacidad e integridad de los datos que maneja la administración pública que deben ser adecuadamente resguardados para evitar filtraciones, accesibles durante toda su vida útil e inmodificables por parte de terceros.
En la actualidad, la administración pública está informatizada en base a software propietario. Aquí viene al caso aclarar que existen básicamente dos tipos de software: el libre, cuando se tiene derecho irrestricto para su uso, difusión y modificación, y el propietario, en el que se restringen los derechos de uso bajo condiciones determinadas por licencias; en este caso se trata de los programas comerciales.
Desde hace ya bastante tiempo, existen movimientos que exigen el uso del software libre para las administraciones estatales argumentando su mayor seguridad y adaptabilidad a las necesidades del Estado. Este movimiento es mundial y tiene también quienes pugnan por él en Córdoba.
“Los derechos otorgados al usuario bajo una licencia propietaria son insuficientes para las necesidades operativas del Estado. El software libre ofrece ventajas de índole económica, social, operativa y de seguridad nacional en todas las áreas de la administración pública” afirma Federico Heinz, cofundador de la Fundación Vía Libre, institución cordobesa que colaboró en la elaboración de un proyecto de ley para que el Estado Nacional utilice programas libres (ver aparte).
Según el especialista, el software libre permite no sólo ejecutar el programa en tantas computadoras como se desee, sino también copiarlo, inspeccionarlo, modificarlo, mejorarlo y corregir sus errores.
“Se trata de privilegiar aquel software cuya licencia alienta la participación y colaboración de profesionales del medio, a la vez que estimula la competencia” afirma Federico Heinz, para quien la dependencia tecnológica emergente del software propietario es claramente inaceptable para el Estado.
Señala también que los programas libres permiten una inspección completa y exhaustiva del mecanismo mediante el cual se procesan los datos, y que sin esa posibilidad no se puede saber si el programa cumple con su función específica de modo adecuado, o si además incluye fallas intencionales o accidentales que permiten el manipuleo de la información. A título de ejemplo, basta citar el caso de la denominada “puerta trasera” de Interbase, sistema comercializado por Borland en el que se descubrió que había un mecanismo oculto mediante el cual se podía forzar la entrada.
La misma acusación pende sobre el sistema operativo Windows NT, de Microsoft, en el que se determinó que donde está almacenada la “clave pública” mediante la cual el programa puede determinar si una firma digital es auténtica, hay almacenada una segunda, de origen y función desconocidos.
“Otra forma de dependencia se produce mediante la manera en que se almacenan los datos. Si el programa usa un formato estándar, el usuario puede estar seguro de que en el futuro podrá seguir descifrando la información. Si, por el contrario, los datos se almacenan en un formato secreto, el usuario queda atrapado en un determinado proveedor, que es el único que puede ofrecer alguna garantía de acceso” afirma Heinz.
Proponen norma nacional específica
Comercio y Justicia, miércoles 17 de Octubre de 2001 – Por Jorge Herrera Marín
jherrera@comercioyjusticia.com.ar
El cavallista Marcelo Dragan propuso que el Estado ahorre
Alcanzará a instituciones educativas
Lo que los partidarios de los programas libres quieren evitar es el denominado “efecto de red”, es decir, que el usuario sea “tomado como rehén” por el productor de software, ya que cuando el formato es secreto, la única manera de asegurarse de que en el futuro se podrá acceder a los datos, es continuar usando programas de ese autor y no de otro.
Finalmente, ponderando las virtudes del software libre, Heinz señala que la clave de la operatividad está en el control, considerándolo “más robusto” que sus contrapartes propietarias sencillamente porque cuando los usuarios encuentran un defecto lo pueden arreglar de acuerdo con sus propios intereses.
Proyecto Dragan
Entre tanto, a nivel nacional ya existe un proyecto de ley elaborado por Marcelo Dragan, diputado nacional del partido Acción por la República, que propone que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Descentralizados y las Empresas donde el Estado Nacional posea mayoría accionaria, empleen en sus sistemas y equipamientos de informática exclusivamente programas libres.
La autoridad de aplicación de esta ley será la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional.
Sólo contempla excepciones para el caso de que no exista una solución que utilice software libre y permita satisfacer una necesidad.
En dicho caso, la autoridad de aplicación sólo otorgará un permiso de excepción si el organismo estatal solicitante garantiza el almacenamiento de los datos en formatos abiertos.
El proyecto estipula también que las universidades públicas nacionales y toda otra entidad educativa dependiente del Estado Nacional podrán gestionar un permiso de empleo de software no libre para su uso en investigación, siempre que el objeto de investigación esté directamente asociado al uso del programa en cuestión.
Una tendencia que crece en el mundo
Comercio y Justicia, miércoles 17 de Octubre de 2001 – Por Jorge Herrera Marín
jherrera@comercioyjusticia.com.ar
Linus Torvalds, el finlandés creador del sistema operativo gratuito Linux y mentor del movimiento de software libre, ya llegó con sus ideas al gobierno del Distrito Federal mexicano, que se dispone a utilizar este sistema en todas las áreas de la administración.
Según las propias autoridades mexicanas, su fin es ahorrar importantes sumas en el pago de servicios por la utilización de programas comerciales como Windows. Entre los primeros pasos, ya se ha mudado de los sistemas comerciales a los abiertos en las oficinas de expedición de licencias de conducir. La meta es llevar todos los sistemas del gobierno de la ciudad de México a Linux en menos de dos años y en el marco de un proceso gradual que evite riesgos en la operación de la administración. Entre las áreas que en un futuro próximo instaurarán el sistema están las encargadas de la recaudación de impuestos, entre otras. Lo mismo sucede con las administraciones de diversos países, entre ellos Alemania, Francia, Brasil y Dinarnarca, que reconocen hoy las bondades de este tipo de software.