La Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación inició el debate abierto y participativo para la construcción de una Ley Nacional o Federal de Cultura que sea integral pero que abreve específicamente en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada en París en 2005.
Vía Libre formó parte del grupo de organizaciones invitadas a participar, junto a la Asociación Argentina de Actores, Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, Academia de Folklore de la República Argentina, Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina (SEA), Asociación de Maestros Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino, Asociacion Argentina de Galerias de Arte, Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, Cámara Argentina de Publicaciones, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, la Fundación El Libro, Sociedad Argentina de Escritores (SADE)
Cámara Argentina del Libro (CAL), Consejo Argentino de la Música, Asociación de Representantes de Artistas, Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), la Unión de Músicos Independientes, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios y la Federación de Gays, Lesbianas y transexuales, entre muchas otras.
Presidida por el Diputado Socialista Roy Cortina, la reunión tuvo como primer objetivo abrir el espacio de debate para la construcción de una ley marco que pueda a su vez dar cuenta de la problemática integral de la cultura en nuestro país. La amplitud de los temas a tratar quedó claramente abierta al momento de la participación de los asistentes. Inquietudes tales como los derechos laborales de los artistas, el derecho a una jubilación y otras reivindicaciones llegaron con voces firmes y reiteradas por parte de las agrupaciones que nuclean a trabajadores de la cultura. No podía faltar, por supuesto, el reclamo de más protección a los derechos de autor en todos los ámbitos invocada por el delegado de Argentores, así como el reclamo contra las nuevas tecnologías traducido, valga el ejemplo, en una queja sobre la aparición de coreografías en YouTube.
La voz de Vía Libre, representada en el encuentro por Nicolás Echaniz y Beatriz Busaniche, trató de llamar la atención sobre varias cuestiones centrales: focalizar primero que nada sobre qué problemas se pretende trabajar, hacer un diagnóstico certero sobre los procesos de concentración y los monopolios en el marco de la cultura, replantear la ley 11723, evaluar con investigaciones independientes el real impacto de las nuevas tecnologías en las producciones culturales y por encima de todo, dejar de lado la conducta condenatoria de las personas que usan intensivamente las tecnologías digitales. Nadie más habló en la reunión sobre la cultura digital, la cultura libre, la circulación y democratización de la cultura, en una reunión que dejó cada vez más en claro que no podemos dejar que las únicas voces que se escuchen sean las de aquellos que no comprenden o están atemorizados por el impacto de las nuevas tecnologías. Y mucho menos por aquellos que sólo velan por sus intereses particulares y no por el bien común.
Afortunadamente, nuestra solicitud abierta de que no se demonice a las nuevas generaciones y el uso de nuevas tecnologías tuvo eco y fue bien recibida por los legisladores presentes, que también tomaron para debida cuenta de los comentarios sobre la concentración y la necesidad de tener un diagnóstico claro sobre cuál sería el problema a solucionar con esta iniciativa.
Una noticia circuló por el encuentro: la delegada de la Cámara Argentina del Libro dijo que está pronta a ser aprobada la ley del Instituto del Libro, iniciativa de la que ya hemos dado cuenta y sobre la cual mantenemos una posición crítica por lo que implica para la democratización de la lectura y el acceso a la cultura.
Un dato positivo quedó en claro hoy, la idea de revisar todo el contexto jurídico vinculado a la cultura. Los legisladores indicaron que hay más de 100 leyes diferentes que regulan aspectos diversos del campo cultural, muchas de ellas, incluso contradictorias entre si. La revisión de todo ese marco jurídico también será eje de este trabajo, para lo cual la comisión de cultura trabaja en la elaboración de un digesto que de cuenta de todo el paquete normativo a revisar.
La presencia de todos los bloques, así como de representantes de la Secretaría de Cultura, y de numerosas organizaciones vinculadas al campo hacen suponer que el debate será rico, pero para nada sencillo. La diversidad de intereses, posiciones y visiones sobre la cultura que había hoy en esa sala, no permiten imaginar consensos fáciles. Sin embargo, rescatamos ante todo la apertura al diálogo, la posibilidad de debatir, de presentar ponencias, que esperamos se amplie con el correr de las semanas.
Esta apertura, además, se pretende federal, por lo que se anticiparon reuniones similares en las diversas provincias. Por esta razón, llamamos a las organizaciones de la cultura libre de todo el país a articular en forma conjunta para dar seguimiento a este proceso y que podamos, como mínimo hacer control de daños para que leyes regresivas no avancen sin tener al menos una voz de alerta, y de máxima, ayudar a construir una legislación que nos permita democratizar el acceso y la participación en la cultura, fomentar el dominio público, difundir y promover la cultura libre y recomponer nuestro sistema jurídico en la materia para hacerlo más justo y que permita el goce pleno de las artes tal como reivindica la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La convocatoria
El Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados distribuyó un documento base para el debate, en el cual da cuenta de los puntos principales que se pretenden tomar como ejes de la discusión por la nueva ley. Tal como explicó el legislador, estos ejes no son definitivos y pueden ser modificados con el transcurso del debate. Este documento es esencialmente un disparador para el debate que recién comienza. Este es el documento de base circulado por la Comisión de Cultura.
Hacia una Ley Nacional de Cultura
El Bicentenario de la Revolución de Mayo que estaremos celebrando durante todo este año 2010, constituye una oportunidad privilegiada para reflexionar colectiva y críticamente sobre nuestra historia como Nación y confrontarla con las problemáticas y conflictos que atravesamos en el presente.
En esa singular y valiosa experiencia de recurrir al pasado para comprender y transformar la realidad actual, adquiere una particular relevancia la noción de cultura concebida como el conjunto de tradiciones, valores, representaciones, modos de vida, manifestaciones artísticas y procesos creativos que nos definen como sociedad.
Sin embargo, pese al papel trascendente de la cultura en la afirmación de nuestra memoria y la proyección de nuestros sueños colectivos, a lo largo de los años ha sido una constante de las sucesivas administraciones gubernamentales, la desjerarquización de las áreas culturales en el marco de sus políticas y organigramas.
La Convención Constituyente de 1994 otorgó jerarquía constitucional, entre otros tratados de derechos humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e incluyó expresamente entre las atribuciones del Congreso Nacional dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.
No obstante, transcurridos casi treinta años desde la recuperación de la democracia, sigue siendo parte de la agenda pública pendiente, la sanción de una Ley Nacional de Cultura que consagre el rol indelegable del Estado de garantizar la distribución equitativa de los bienes y servicios culturales, la protección del patrimonio cultural, el fortalecimiento de la identidad nacional a partir del respeto y la expresión de la diversidad, la libertad de creación y difusión artística y la participación popular en la vida cultural.
Resulta necesario reconocer como un paso significativo en ese sentido, la conformación del Consejo Federal de Cultura que, integrado por las máximas autoridades culturales de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzó a reunirse hacia fines del año 2008 y se planteó como objetivo prioritario trabajar en la redacción de un proyecto de ley.
Como diputados y diputadas de la Nación pesa sobre nosotros la enorme responsabilidad de establecer una metodología para el tratamiento esa norma que permita lograr los acuerdos que posibiliten su definitiva aprobación.
Es por eso que desde la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación queremos poner en marcha un proceso de elaboración participativa de la Ley Nacional de Cultura que permita sumar nuevas voces y puntos de vista a un debate que consideramos central.
Porque una Ley de estas características no puede ser patrimonio de un gobierno, de un bloque parlamentario o de tal o cual fuerza política, sino que debe surgir de un amplio consenso que exprese las distintas realidades provinciales y la gran diversidad cultural de nuestro país.
Dicho proceso consistirá en una serie de reuniones itinerantes que se desarrollarán fuera del Palacio Legislativo, por áreas temáticas y regiones geográficas.
El objetivo es posibilitar la participación de distintos actores políticos y sociales, en un marco de encuentro e intercambio de ideas y propuestas referidas a la estructura y el contenido de la futura Ley.
Para eso, se sugieren diez ejes básicos de trabajo destinados a encausar el debate y facilitar el análisis posterior de los aportes presentados y surgidos de tales reuniones.
Ejes de trabajo
Primer Eje: Definición de los principios rectores de la Ley Nacional de Cultura tomando en cuenta los puntos acordados por el Consejo Federal de Cultura y lo dispuesto por la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, ratificada por Argentina en el año 2008.
Se considerarán, particularmente, los referidos al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso equitativo a las distintas expresiones culturales, la igual dignidad y respeto a todas las culturas comprendidas aquellas de las personas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos, la igualdad de género, la protección de la diversidad cultural y el reconocimiento de la cultura como motor de desarrollo.
Segundo Eje: Disciplinas que quedarán alcanzadas por las disposiciones de la Ley Nacional de Cultura, en aras del desarrollo de una política cultural de carácter integral.
Tercer Eje: Discusión de una nueva institucionalidad cultural que fortalezca las capacidades estratégicas y de gestión de la Administración Pública Nacional. Necesidad o no de un Ministerio y rol del Consejo Federal de Cultura.
Incorporación de ámbitos de participación de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas culturales.
Implementación de mecanismos de coordinación con otras áreas gubernamentales.
Cuarto Eje: Regulación de instrumentos de desarrollo y promoción cultural. Posible creación de fondos específicos destinados a financiar con recursos públicos proyectos culturales con miras a la compensación de desigualdades territoriales.
Diseño de herramientas destinadas a incentivar a las industrias culturales, en especial las desarrolladas por pequeñas y medianas empresas que contribuyan a una oferta cultural de carácter plural, generen empleo y sean potenciales exportadoras de bienes culturales.
Quinto Eje: Jerarquización de la protección del patrimonio histórico y cultural como un pilar central de la política cultural e implementación de planes de infraestructura que – en el orden nacional, provincial y municipal – pongan en valor la existente y prevean el surgimiento de nuevos espacios para el desarrollo de actividades culturales y la integración de personas con discapacidad.
Sexto Eje: Derechos culturales. Estudio de las disposiciones destinadas a garantizar la libertad de expresión, creación y difusión de los/as autores/as y perfeccionar los mecanismos legales de protección de sus obras. Análisis del establecimiento de pautas generales en defensa de los derechos de los trabajadores/as de la cultura en sus distintas expresiones.
Séptimo Eje: Consagración legal de un sistema público de información y estadísticas culturales, de libre acceso por parte de la ciudadanía, como insumo básico para el diseño e implementación de políticas públicas en la materia.
Octavo Eje: Garantía de un piso mínimo de financiamiento con recursos provenientes del Tesoro Nacional, en virtud del cual el 1% del Presupuesto Nacional se destinará a políticas culturales.
Noveno Eje: Revisión del conjunto de las normas vigentes en materia de cultura y adecuación de las mismas a lo dispuesto por la nueva Ley Nacional.
Décimo Eje: Previsión de mecanismos de cooperación regional e internacional destinados a profundizar la inserción de Argentina en América Latina y el mundo, a través de instancias de diálogo e intercambio cultural.