Estado de vigilancia generalizado en Argentina

Este artículo fue publicado en el portal Puntogov

Beatriz Busaniche (*) advierte en esta nota para PuntoGov que el SIBIOS “amenaza la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la protección de sus datos personales”.

Sin debate público, la Argentina está implementando uno de los sistemas biométricos más invasivos del mundo. El SIBIOS fue inaugurado en noviembre de 2011 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, e implementado por decreto. Ni siquiera los legisladores evaluaron las consecuencias de montar un sistema de vigilancia generalizado con alcance masivo.

Según CFK, de aquí a dos años, más de 40 millones de habitantes de Argentina estarán integrados a la mayor base de datos biométricos del país, centralizada y bajo gestión de los organismos de seguridad.

Desde abril de 2012, el sistema ha sido implementado para la entrada y salida del país en aeropuertos.

En ese noviembre de 2011, Fernández de Kirchner anunciaba con gran entusiasmo la implementación del sistema, una base de datos biométrica con alcance generalizado cuyo objetivo declarado es facilitar la persecución del delito y profundizar las medidas de seguridad.

SIBIOS tendrá datos biométricos de todos los argentinos, incluyendo todos los bebés nacidos desde enero de 2012 en el territorio nacional (1).

El objetivo es montar una base de datos que permita identificar a las personas independientemente de que sean buscadas o no por las fuerzas de seguridad, todos estaremos fichados e identificados en SIBIOS.

La posibilidad de identificar a una persona en el espacio público cruzando los datos de las cámaras de seguridad cada vez más diseminadas en el espacio público, o que un agente de seguridad pueda pedir la huella digital a cualquier ciudadano circulando por la calle son algunas de las características del sistema más celebradas en el discurso de lanzamiento en noviembre pasado.

En ese mismo mes, se realizó en Buenos Aires un congreso de biometría organizado por el Gobierno nacional con el auspicio del FBI e Interpol , es decir, organismos de seguridad de los EE.UU. que promueven las políticas de seguridad por encima de los derechos civiles y la libertad de las personas (2).

El gobierno argentino aparece en este tema alineado en esa misma tendencia.
La parte más preocupante de la iniciativa de SIBIOS son las tecnologías que se pretenden escalar para explotar estas bases de datos en la aplicación de la ley.
La Policía Federal, por ejemplo, será capaz de usar sus nuevos sistemas de reconocimiento facial para buscar en el inmenso repositorio de imágenes del Renaper (Registro Nacional de las Personas), para identificar personas en fotografías e incluso mediante cámaras de vigilancia.

Las fuerzas de seguridad argentinas se están equipando con dispositivos móviles de lectura de huellas dactilares que les permitirán contrastar las huellas digitales de cualquier argentino contra la base de datos centralizada.

En abril, SIBIOS llegó a los puertos de entrada y salida del país. En ese mes, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, responsable político y cara visible de la promoción de estos sistemas en la Argentina, lanzó la implementación de estos sistemas en los principales puertos de entrada y salida como el aeropuerto internacional “Ministro Pistarini” en Ezeiza, el sector internacional del aeroparque “Jorge Newbery” y el puerto de salida de Buquebus.

Esta implementación incorpora el uso de huella digital y fotografía digital de toda persona que ingrese y salga del país, con la exclusiva excepción de los portadores de pasaportes diplomáticos.

Esta iniciativa, que muchos celebran como una forma de modernización del trámite migratorio, no tiene paralelos en ningún lugar del mundo.

En los EE.UU., donde se utilizan sistemas biométricos en aeropuertos, se aplica para los extranjeros más no para los ciudadanos del país que, incluso carece de un documento nacional de identidad tal como conocemos en Argentina.
Aeropuertos muy vigilados, controlados y con extensas medidas de seguridad como Heathrow en Londres o el “Ben Gurion” en Tel Aviv (Israel) no cuentan con este tipo de sistemas de identificación.

Los sistemas nacionales de identificación y otros métodos similares de centralización de datos personales incrementan la capacidad del Estado en materia de vigilancia intrusiva.
Junto con la recolección simultánea de identificadores biométricos, tales como rostros digitalizados, se crea una capa adicional de seguimiento que es aún más intrusiva y peligrosa.

Como en el caso argentino, las tecnologías biométricas son esencialmente individualizantes y pueden interoperar fácilmente con tecnologías de bases de datos, permitiendo que violaciones extendidas de la privacidad sean sencillas y más dañinas.

La mera existencia de una base de datos semejante es un problema. La base en si es un foco de ataque importante para estafadores de toda índole.
No sabemos cuáles son los recaudos que el gobierno argentino tomó a la hora de montar semejante base de datos, y tampoco conocemos las condiciones de acceso a las mismas.

Preocupa particularmente la filosofía detrás de este tipo de sistemas. Cuando se proponen sistemas de esta naturaleza y se argumenta su puesta en marcha a partir de la doctrina de la seguridad, lo que queda claro es que se revierte la presunción de inocencia.

Todas las personas son fichadas por las dudas, todos somos presuntamente delincuentes, todos debemos estar bajo control.

En nombre de la seguridad pública, la Argentina ha impulsado políticas de vigilancia masiva incluyendo un monitoreo generalizado de los espacios públicos.
La privacidad es particularmente esencial en un país que a lo largo de su historia ha tenido importantes movimientos sociales y políticos que han ganado las calles para hacer oír su voz.

Es de enorme importancia que los activistas puedan permanecer anónimos en las manifestaciones públicas, en particular cuando están en desacuerdo con el gobierno.
De esta manera, SIBIOS no sólo amenaza la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la protección de sus datos personales, sino que también involucra una seria amenaza a los derechos civiles y políticos.

Por decreto, sin debate público y sin saber bien por qué y para qué, desde la implementación del SIBIOS, todos los residentes en la Argentina estamos ahora debidamente fichados y vigilados.
 
(*) Beatriz Busaniche es miembro de la Fundación Vía Libre.

(1). Véase el registro en video en http://www.youtube.com/watch?v=9goN2MR1TR4 .
(2). Véase http://www.biometria.gov.ar/
 

Archivo