La periodista Gisella Marziotta dialogó con Beatriz Busaniche sobre la protección de datos personales, el estado de la protección de los datos en Argentina y en particular sobre los datos que recopilan permanentemente las diversas aplicaciones que, con la excusa de construir una “ciudad inteligente”, absorven datos personales e información de la ciudadanía bajo términos de uso que pocos o casi nadie lee.
Esta es la entrevista completa publicada en Página 12 el sábado 31 de Marzo de 2018.
Entrevista a Beatriz Busaniche de Fundación Vía Libre. Por Gisella Marziotta
“El Estado es una gran aspiradora de datos personales”. Así resume la presidenta de Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, el objetivo que hay detrás de las denominadas ciudades inteligentes: además de la información personal, “los datos” son el insumo “principal de la economía del siglo XXI”, asegura.
–¿Es seguro el uso de las aplicaciones que ofrece el Gobierno de la Ciudad?
–Una de las cosas que nos preocupa, vinculadas con el uso de las aplicaciones de teléfonos móviles e incluso el wifi gratuito de la Ciudad de Buenos Aires, es el nivel de profundidad que tienen las solicitudes y el manejo de los datos. En general lo que hemos visto en términos del uso que están implementando para el acceso a servicios, como por ejemplo el wifi en los subterráneos o la app Eco Bici, es el que Estado está tomando datos de una forma muy parecida a lo que hace el sector privado y exigiendo una serie de datos que no parecen ser necesarios o indispensables para el servicio que están ofreciendo. Me parece que hay que tener bastante más cuidado con cuáles son las condiciones de protección de los datos que le estamos entregando al Gobierno de la Ciudad cuando instalamos alguna de estas aplicaciones, ver qué tipo de medidas se toman en términos de respeto de la Ley de Protección de Datos en la Ciudad, quién tiene acceso a esos datos, para qué se usan esos datos. Cuando se descargan las aplicaciones del Gobierno de la ciudad solo existe la opción de aceptar, y muchas veces piden acceso a la localización, acceso a los archivos del teléfono, acceso a la información de la conexión, a la red, los contactos, y en ninguna parte está específicamente explicitado al ciudadano cuál es la razón por la cual el Gobierno pide esos datos.
–¿Los datos personales están protegidos o corren riesgo de ser apropiados por el gobierno porteño?
–Cuando hablamos de consentimiento informado, hablamos de una de las condiciones que establece la Ley de Protección de Datos, es decir que quien entrega un dato tiene que dar el consentimiento en base a información amplia y suficiente como para comprender lo que se va a hacer con esos datos. A mí y a los que trabajamos en la Fundación nos preocupa que el Estado es una gran aspiradora de datos personales y que los recaudos que se toman no son los suficientes cuando uno considera la necesidad de proteger los datos personales. No sabemos qué se hace con esos datos y no está la debida información porque el Gobierno de la Ciudad no entrega la suficiente información sobre qué hace con esa base de datos y cómo la resguarda. Cuánto tiempo la resguarda, cuánto tiempo la almacena, si en algún momento la destruye, hay un montón de pautas vinculadas a la protección de datos personales que el Gobierno de la Ciudad no está cumpliendo, lo hace casi como si fuera un privado, pero el Estado tiene más responsabilidades que el sector privado. Porque además, si esto es el Estado, con qué capacidad vamos a estar los ciudadanos para demandar al sector privado que proteja nuestros datos, si el mismo Estado vulnera la protección de esos datos.
–¿Para qué se pueden usar los datos obtenidos por medio de las aplicaciones de la ciudad inteligente?
–A mí no me gusta sospechar, porque las causas que defendemos se sostienen lo suficiente desde el punto de vista de lo que dice la ley. Lo que dice la ley es quien recaba datos debe informar para qué los usa, y no puede usarlos para nada distinto de aquello que se informó. Así de sencilla es la cuestión. En el momento en que el Estado usa los datos para algo distinto de lo que se informó, o en el momento en que no se informa de manera apropiada para qué está recopilando ese dato, está incumpliendo la ley. ¿Qué se puede hacer con esos datos? Un montón de cosas, campañas electorales, perfiles electorales. Ahora, el solo hecho de que el Estado no informe de forma apropiada lo que hace con los datos de la gente, ya es un motivo de preocupación.
–¿Qué importancia tienen los datos personales y por qué deberían protegerse?
–Los datos son un elemento muy valioso, permiten saber de nosotros mucho más de lo que incluso nosotros sabemos de nosotros mismos. Si se bajan por ejemplo los datos que tiene Google sobre uno, va a descubrir que recuerdan cosas que uno ya no recuerda. Los datos son el insumo principal de la economía del siglo XXI. Y en esta economía no solo incluye el marketing y la dirección de mensajes con fines comerciales sino, y muy especialmente, el marketing y la dirección específica de mensajes con fines electorales.
–¿Qué pasa con la letra chica de los Términos de Usos y Condiciones?
–Son términos de uso, si uno se quiere bajar la aplicación tiene que aceptar esos términos de uso, es un contrato unilateral, con el que uno no negocia nada. El Estado se maneja como el sector privado, cuando se abre una cuenta en Facebook tampoco existen posibilidades de discutir los términos de uso. Lo que sucede allí es que uno autoriza supuestamente a entregar un montón de datos y nadie lee.
–¿Qué recomendaría para proteger los datos personales?
–Mi primera recomendación es que si se puede evitar instalar aplicaciones, hay que evitarlo. Si se necesita saber cómo viajar en colectivo de un lugar a otro, está la app “Cómo Llego” pero también está la versión web. Yo lo uso en web, no instalé la aplicación. Porque las aplicaciones chupan datos del teléfono. Porque una vez que se acepta, se dio permiso a que se lleven información del teléfono. Así es como se originó el gran escándalo de Facebook y Cambridge Analytics, 270.000 personas que se instalaron la aplicación del test psicológico que estaban haciendo y con esos 270.000 se llevaron los datos de 50 millones de personas. Porque muchas de esas aplicaciones, eso lo hemos visto cada vez más con el correr del tiempo, piden acceso a los contactos y eso es lo que también hace el Gobierno de la Ciudad. El problema es que además de que lo haga el sector privado, que ya es un problema, lo haga el Estado. El Estado es el garante último de la defensa de nuestros derechos, el Estado no debería pedir más datos de lo que necesita para prestar el servicio.