Recientemente, se dio a conocer que el artículo 218 de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2012, propuesto al Congreso por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, propone la extensión del dominio privado sobre obras culturales de 50 a 70 años post-mortem.
El artículo generó una rápida reacción de varias organizaciones uruguayas, que montaron el sitio web “No al 218”, donde se explica detalladamente en qué consiste esta reforma y qué implicancias tendría para la ciudadanía uruguaya.
Desde América Latina, distintas organizaciones de derechos humanos que trabajamos estos temas elevamos una carta al Parlamento Uruguayo, pidiéndole a los legisladores de ese país que eliminen el artículo de la rendición de cuentas (que incluye otros 325 artículos sobre temas tan dispares como la memoria de Artigas y la vacunación contra la brucelosis), y abran el debate público sobre las consecuencias sociales de extender de 50 a 70 años el dominio privado sobre los bienes culturales.
El caso uruguayo demuestra una práctica muy frecuente entre las organizaciones de gestión colectiva, que es la de incluir estos proyectos de ley en tratamiento exprés, tal como ocurrió en Argentina en 2009, cuando se extendió el monopolio sobre fonogramas de 50 a 70 años. Estos temas, que afectan directamente a los derechos de acceso a la cultura de las personas, deben ser discutidos de manera pública, abierta y exhaustiva, con estudios científicos que den cuenta del impacto de estas extensiones.
La carta se encuentra disponible aquí. Las organizaciones firmantes son Asociación por los Derechos Civiles (Argentina), Derechos Digitales (Chile), Fundación Karisma (Colombia), Red Pa Todos (Colombia), Centro para la Tecnología y la Sociedad, de la Fundación Getullio Vargas (Brasil), y Fundación Vía Libre.