Este artículo fue publicado en El Destape. Por Ari LIJALAD.
Tras revelar la práctica de ciberpatrullaje, la ministra de Seguridad Sabrina Frederic convoca a expertos para establecer un protocolo de monitoreo de redes. Las diferencias con su antecesora Patricia Bullrich.
Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sobre las actividades de ciberpatrullaje de las fuerzas de seguridad generaron preocupación y críticas. Tanto que la propia ministra tuvo que aclarar sus dichos, alegó que fue una frase desafortunada y anunció que se convocará a expertos y legisladores para elaborar un protocolo que incluya tanto instrucciones como controles específicos para las tareas vinculadas al monitoreo de redes sociales. El oportunismo opositor no tardó en llegar. La antecesora de Frederic, Patricia Bullrich, aprovechó para criticar al Gobierno obviando que bajo su gestión se utilizaron esas herramientas para la persecución política e incluso el encarcelamiento y el inicio de causas judiciales. Lo que ahora parece un error y en vías de corregirse antes era política de seguridad, o más bien represiva.
El martes, en una teleconferencia con los diputados de la Comisión de Seguridad Interna, Frederic reveló que las fuerzas de seguridad realizan ciberpatrullaje, que definió como “patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobretodo detectar las zonas en que esto es preponderante”. La ministra planteó que el objetivo era “trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones”, en alusión a saqueos o violaciones del aislamiento, y afirmó: “El ciberpatrullaje no es ciberespionaje. ¿Qué quiere decir? Que lo que se hace es un rastreo por lo que es público en las redes. Twitter, Facebook, Instagram, tienen cuentas que tienen una faceta pública y otra privada. Las Fuerzas Federales acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social. No todo. Soy antropóloga y tengo claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco pero hacemos algo, y siempre algo es mejor que nada”.
El video de la ministra se viralizó y hoy la funcionaria publicó en su cuenta de Twitter: “En relación con mis declaraciones sobre ciberpatrullaje, quiero aclarar que se trata de una herramienta de prevención. No hacemos una indagación sobre personas y trabajamos sobre lo público. En el caso de tener indicios suficientes de un delito, damos intervención a la justicia”. Informó, además, que se confeccionará un protocolo junto a legisladores y especialistas, entre los cuales es muy probable que convoquen al CELS, la Fundación Vía Libre y la Asociación por los Derechos Civiles. La iniciativa es bienvenida, pero da cuenta que hasta ahora actuaban sin protocolo que establezca criterios, límites y controles.
Dentro del ministerio de Seguridad plantean que el ciberpatrullaje es análogo al patrullaje común, en las calles, que permite la detección de delitos en flagrancia (o sea, en el momento) tanto como actuar de manera preventiva dándole intervención al Poder Judicial. El ejemplo que utilizan es el de los saqueos. Sin embargo, en redes es difícil identificar esto y podría caerse en flagrancia preventiva, algo que no está permitido.
Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, escribió en su cuenta de Twitter: “Algunos dirán: pero si está en las redes, es público y por lo tanto no hay invasión de la privacidad. No es tan así: existe una expectativa de privacidad, aún en la esfera pública. Puedo estar en la vereda, pero eso no habilita a fotografiarme y seguirme”. Busaniche explicó que “el nombre correcto de esta práctica es OSINT (Open Source Intelligence) o inteligencia de fuente abierta”, que “para hacerlo se usan diversas técnicas, algunas sofisticadas como rastreo automatizado de determinadas palabras clave o el simple y precario patrullaje del que hablaba hoy la ministra (que lo conocemos porque ya hacía en la gestión anterior)” y que “un problema de este tipo de patrullaje es que, dada semejante cantidad de información circulante, lo más probable es que se elija un target a seguir (exactamente al revés de como se debe hacer cualquier investigación). Entonces se vigila a determinadas personas”.
Desde el ministerio de Seguridad aseguran que sólo relevaron información pública, de fuentes abiertas, y que buscaban tendencias o eventos que pudieran afectar la seguridad interior. En este contexto, detectar si hay incumplimientos del aislamiento obligatorio, sea por publicaciones propias o por denuncias en las redes. Otra de las palabras clave que Frederic dijo que rastrean son las salideras bancarias, aunque es poco probable, por no decir imposible, que alguien anuncie en sus redes sociales que está a punto de realizar una.
Para Busaniche, esto entra en conflicto con la Ley de Inteligencia Nacional, que en inciso del artículo 4 establece que los organismos de seguridad no podrán “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Javier Pallero, analista de políticas públicas de Internet e integrante de la organización por los derechos digitales Access Now, también planteó críticas al ciberpatrullaje. Citó un artículo que escribió en 2017, a partir de que Horacio Rodriguez Larreta anunció la contratación de un sistema de big data para monitorear redes en busca de contribuyentes que no paguen sus impuestos. Allí afirma que “los sistemas de vigilancia de redes sociales de los gobiernos son vigilancia ilegítima”.
Lo que es claro que la gestión Frederic es, desde la conducción política, antagónica con la de Bullrich. La ministra Pum Pum (como la bautizó @rinconet) promovió durante su gestión la acción represiva que causó las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, la subordinación a doctrinas Made in USA y al armado de causas judiciales. Frederic, apenas asumió, derogó los protocolos represivos de Bullrich. Los miembros de las fuerzas son los mismos, pero la conducción política es la que marca el rumbo. Por ejemplo, el tema del ciberpatrullaje no fue el único que se tocó en la reunión de Frederic con diputados. La ministra manifestó su preocupación por los casos de violencia institucional, de los cuales ya hay 21 denuncias y por los que ya determinó sanciones y hasta el pase a disponibilidad de 2 gendarmes. Con Bullrich era muy distinto.
Tal vez el único punto en común entre Frederic y Bullrich sea que a ambas les hackeraon la cuenta de Twitter. Pero en el caso de Bullrich eso fue lo menor: durante su gestión fueron vulnerados los servidores del Ministerio de Seguridad, se divulgó información sensible de la policía en lo que se conoció como #LaGorraLeaks e incluso le hackearon el mail de una división de narcotráfico con información que quedó disponible online. El Destape reveló que, en la gestión Bullrich, los servidores informáticos del Ministerio de Seguridad tenían 105 vulnerabilidades conocidas, 6 de gravedad, algunas que databan del 2012 y que permitían ataques externos y acceso a información sensible.
Ante las críticas, la ministra Frederic dijo: “estamos en contra de cualquier ciberespionaje. Nosotros trabajamos sobre el delito y el pensamiento opositor no lo es, fortalece los cimientos democráticos”. La referencia a la gestión de Bullrich es clara.
En 2017, Mauricio Macri y Bullrich relanzaron la Policía Federal con una nueva función: ciberpatrullaje. La novedad fue que a partir de entonces la doctrina represiva se aplicó también en redes sociales. La agencia La Vaca publicó un muy completo informe sobre de “La manía de Bullrich de perseguir tuiteros”. El trabajo de La Vaca incluye casos, citas incluidas, de: Gastón Ramos, “un joven de 28 años de Neuquén que tiene que afrontar una causa federal por incitación a la violencia por compartir en Twitter una frase de una canción de Las Manos de Filippi”; “Nicolás Lucero (que) volvía de una entrevista laboral para empezar a trabajar en una fábrica de plástico cuando se encontró con más de diez policías de civil en su casa de José León Suárez” por haber tuiteado “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal (la 12)”, una típica canción de cancha que obtuvo sólo un retweet; el de Miguel Di Paola, que junto “a su sobrino Walter Ovejero habían lanzado una serie de tweets desde la cuenta @HassanAbuJaaf, donde a través del hashtag #PrayForArgentina mostraron fotos de posibles objetivos terroristas como el Shopping del Abasto, el subte y la Casa Rosada. También tuitearon al presidente Mauricio Macri la foto de varios cartuchos de dinamita y una frase: ‘Nos vemos pronto’. Los metieron presos”, el de Maribel Ahahí Durand, que publicó “Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero que @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a Antonia” y que según consignó este medio “era una extrabajadora del Ministerio de Desarrollo Social que, luego de ser detenida, dijo que se trató de una ‘tontería’ por su bronca de haber sido despedida”; el de Néstor Ariel Rivera, a quien “detuvieron a fines de 2016 por varios tweets y posteos en Facebook contra la familia Macri”; Maria Carolina Pavlovsky, detenida por una amenaza a la hija de Macri en Facebook, con un detalle: “María Carolina estaba internada en la clínica de salud mental Solar Colonial”.
El caso del informático Javier Smaldone fue también grave. Cuando se filtraron datos de la Policía Federal bajo el nombre de #LaGorraLeaks, Smaldone fue allanado y detenido simplemente por tuitear. El Destape accedió a la causa judicial contra Smaldone y lo único que había “en su contra” eran tuits donde informaba de esa filtración, que era pública. Sin embargo, le hicieron seguimiento personal, en domicilios donde habitaba, y fue allanado y detenido.
Bullrich no fue la única en perseguir tuiteros. Los ex jefes de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Madjalani denunciaron a Osvaldo Pugliese, un militante político de Pilar, por un tuit donde ironizaba sobre matar a Macri.