El día lunes 06 de septiembre se realizó una audiencia en el Anexo de la Cámara de Diputados, convocada por Proyecto Sur, a raíz de la caducidad de la licencia de Fibertel decretada por la Secretaría de Comunicaciones.
Estuvieron presentes los diputados Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Jorge Cardelli, Alcira Argumedo y la asesora de Nélida Belous, Magdalena Restovich, además de representantes de diferentes organismos civiles: Beatriz Busaniche por Fundación Vía Libre, Guillermo Defays del CEPETEL (Centro de Profesionales de las Entidades Telefónicas), Santiago Marino de AMARC-ALC, Martín Becerra de la Universidad Nacional de Quilmes, representantes de FOETRA, entre otros.
Todos los presentes coincidieron en que la caducidad de la licencia de Fibertel no era algo que estuviera en discusión, aunque algunos cuestionaron la idoneidad de los organismos competentes en la materia, entre ellos, la Comisión Nacional de Comunicaciones que se encuentra intervenida desde el 2004.
Luego de la ronda de prensa, donde Lozano aseveró que “era un absurdo que se postulara que la defensa de una empresa se traduzca como la defensa al consumidor”, se inició el debate. Quien tomó primero la palabra fue Defays, para presentar el proyecto de Ley que tiene el CEPETEL y que Proyecto Sur pretende llevar a la Legislatura. El proyecto de Ley coincide con una expresión que se manifestó de manera generalizada en el recinto: una nueva Ley de Telecomunicaciones debe ir de la mano con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este sentido, se enfatizó la necesidad de democratizar las comunicaciones y la cultura, para garantizar también el acceso equitativo a servicios, hoy por hoy básicos, como la telefonía fija, móvil y banda ancha.
Otro punto de acuerdo fue que la oleada privatista del gobierno de Carlos Menem permitió que las telefónicas configuraran el mercado de manera tal que quedara en condiciones oligopólicas, con pocos jugadores en el campo y con bajas chances de que ingresen nuevos competidores para tender a un mercado más justo.
El representante de FOETRA hizo un mea culpa, reconociendo que, por desgracia, cierto sector de la FOETRA había estado de acuerdo en su momento con las medidas que Carlos Menem había impulsado en el sector de telecomunicaciones. Recalcó la necesidad de cuestionar la propiedad de las telecomunicaciones, y cómo actuar para evitar la concentración de un mercado que, en el estado actual, tiende a la concentración.
En consonancia con esto, los presentes se expresaron de acuerdo en la necesidad de desagregar la última milla o el bucle local, proceso que permite a múltiples operadores de telecomunicaciones el uso de las conexiones que enlazan la central telefónica con las instalaciones de los clientes. El cable que conecta la central de telefonía con el abonado es la parte de una red de telecomunicaciones que más inversión exige y se conoce como “última milla” o “bucle local”. La desagregación de la última milla permitiría que nuevos actores sociales, como las cooperativas, puedan involucrarse y proveer servicios de telecomunicaciones.
En este sentido, los puntos de acuerdo fueron que de establecerse el servicio de banda ancha, telefonía móvil y fija como servicio público y universal debía contemplarse:
– la interconexión de la red;
– la calidad de la prestación (por ejemplo, los proveedores de Internet ofrecen hoy por hoy una velocidad superior de bajada que de subida);
– la extensión geográfica y social del alcance: es decir, debe garantizarse que todos los ciudadanos, sin importar su distancia de los puntos capitales, tengan acceso a estos servicios, o en otras palabras, garantizar la inclusión social y territorial;
– las condiciones en que se regula públicamente el servicio;
– la idoneidad de las autoridades de aplicación y regulación;
– la asignación de rangos ipv6 y la portabilidad numérica;
– la transparencia de los actores, del mercado y del mecanismo de los costos;
– desagregación de la última milla.
Martín Becerra señaló que era necesario tener indicadores objetivos para tomar decisiones en políticas públicas, y que esto exigía realizar un estudio de costos de acceso al servicio, dado que según la ubicación geográfica en la que se encuentren las personas, no sólo que la calidad del servicio es diferente sino que también lo es la tarifa.
La audiencia finalizó con amplios acuerdos respecto de cuáles son los pasos a seguir para regular los servicios de telecomunicaciones y garantizar la equidad en el acceso a todos los ciudadanos.