Es de conocimiento general que el presupuesto estatal ha sufrido un recorte tras otro, a punto tal que las instituciones públicas se hallan en serias dificultades (cuando no imposibilitadas) para cumplir con sus misiones específicas. Hospitales sin recursos, fuerzas de seguridad sin equipamiento, escuelas sostenidas por el esfuerzo sobrehumano de los maestros, empleados públicos que cobran salteado y en papelitos de colores, son historias de todos los días. Pero en estas últimas semanas, la terrible realidad de la muerte por desnutrición de niños ha golpeado duramente la conciencia de los argentinos, y nos ha mostrado hasta que punto la malla de contención básica de los problemas sociales, deber fundamental del Estado, se ha roto en mil pedazos.
Al mismo tiempo, las organizaciones estatales siguen gastando grandes cantidades del dinero de los contribuyentes en contratar licencias de uso de programas de computación (“software”). Se dirá, con razón, que en un mundo donde la informática se ha vuelto indispensable, el software es indispensable para el funcionamiento del Estado. Se dirá también que el Estado debe usar software legítimamente licenciado, puesto que así lo manda la ley; y el funcionario que emplee o consienta el empleo de copias ilegítimas de programas estará cometiendo un delito. Así es, sin duda. Pero lo sorprendente del caso es que una porción enorme del dinero que el Estado gasta en software, simplemente se derrocha. Una pequeña muestra de ello es el caso que relatamos a continuación. Hace muy poco, para licenciar por dos años 11 ejemplares del sistema operativo Windows XP, siete ejemplares de Windows Server, y siete ejemplares del paquete de oficina Office Pro, todos estos productos de la transnacional Microsoft Corp., la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) gastó la suma de casi 80 mil pesos (Contratación Directa No. 17/2002). Independientemente de si estos montos se ajustan o no a los valores habituales de mercado, esta contratación es una afrenta a los ciudadanos. En primer lugar, las condiciones de licencia de los sistemas operativos adquiridos dan a Microsoft la potestad de acceder arbitrariamente, con privilegios de administrador, a las máquinas en que sus sistemas estén instalados. ¡Adiós a la soberanía y a la confidencialidad!. En segundo, la información tratada en estos sistemas quedará almacenada en formatos propietarios y secretos de Microsoft, de modo tal de garantizar la cautividad. ¡Adiós a la libertad de información y a la publicidad de los actos de gobierno! Los sistemas en cuestión tienen un lamentable record en cuanto a fallas de seguridad, y se caracterizan por ser inestables al punto que los usuarios han asumido que los virus, o la necesidad de rearrancar periódicamente la máquina porque esta se “clava” misteriosamente son parte de lo cotidiano. ¡Adiós a la seguridad! Los productos de oficina (Word, Excel, Powerpoint), que requieren mucha mas potencia de cómputo para escribiruna carta que la que se usó para enviar al hombre a la luna y traerlo de vuelta a casa, sólo se usan a poco más del diez por ciento de su capacidad. ¡Adiós a la racionalidad! Al mismo tiempo, existe el software libre. Software que concede al usuario cuatro libertades fundamentales: la de usarlo con cualquier propósito; la de estudiar cómo funciona y adaptarlo a sus necesidades; la de distribuir copias libremente; y la de mejorar el programa y distribuir libremente estas mejoras. Software que almacena y transmite datos en formatos estándar. Software que es estable, seguro y resistente a los virus. Software que es usado por proyectos escolares en Namibia, centros informáticos comunitarios en la India, y gigantescas corporaciones como Merryl Lynch o Credit Suisse. Software que, en la amplia mayoría de los casos, es gratuito. Software cuyos servicios asociados dan trabajo a profesionales locales, en lugar de drenar divisas para agrandar aún más los bolsillos de corporaciones que reconocen márgenes de ganancia del 85% en la comercialización de licencias. Continuando con el ejemplo, ¿cuántas muertes por desnutrición hubieran podido evitarse si algún funcionario consciente del ANMAT, en lugar de gastar 25.674 pesos en siete licencias de Office, hubiera decidido emplear el programa libre OpenOffice? OpenOffice es totalmente compatible con el producto de Microsoft, no cuesta un centavo, y es funcionalmente tan similar a Office que no requiere prácticamente reentrenamiento de los usuarios finales. ¿Cuántas muertes más podrían evitarse si más funcionarios conscientes reemplazan sistemas operativos inseguros, consumidores innecesarios de recursos, secuestradores de información, manejados a control remoto desde el exterior, por sistemas operativos libres como Linux, FreeBSD u OpenBSD? Sistemas operativos como los que emplean la NASA, Yahoo, el buscador Google, o algunas de las supercomputadoras más poderosas del mundo, con capacidades de cálculo por encima del billón de operaciones por segundo. Un país en serio, como Japón, que no padece las estrecheces económicas de la Argentina y cuyos niños no mueren de desnutrición, ha resuelto crear un comité al mas alto nivel estatal para estudiar la aplicabilidad del software libre en el Estado. Alemania y Francia emplean software libre en gran escala en sus organismos estatales, así como China, Corea y Taiwan. El software libre es fundamental para la seguridad de sistemas críticos en los Estados Unidos. Si por un acto mágico el software libre dejara de existir, la Internet desaparecería. Mientras tanto, en la Argentina, se siguen girando dólares al exterior en pago de licencias de espejitos y cuentas de colores, y el proyecto del diputado Marcelo Dragan (904-D-02) para el uso progresivo y obligatorio de software libre en el Estado duerme ignorado en los archivos de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación.