Carlos Achiary y José Carllinni dejan la ONTI

Los pasillos de la informática de la administración pública están al rojo con la noticia de que Nicolás Trotta, subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de Gestión Pública ha pedido la renuncia de Carlos Achiary, director de la Oficina Nacional de Tecnología Informática (ONTI), y de José Carllinni, coordinador del Foro de Responsables Informáticos de la Administración Pública Nacional, para ser reemplazados, respectivamente, por Élida Rodríguez, ex coordinadora de la unidad de Reforma y Modernización del Estado del Gobierno de Mendoza, y Mariano Greco, quien hasta ahora se desempeñaba en en Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

La ONTI, que generalmente cultivaba un perfil muy bajo, adquirió mucho protagonismo en la gestión informática bajo la administración de Achiary, especialmente a través del Foro coordinado por Carllinni, que sirvió de espacio para que responsables de áreas informáticas de la Administración Pública compartieran experiencias y buscaran conjuntamente soluciones a problemáticas comunes a todos. Al dejar ellos sus puestos, creemos importante reseñar algunos hitos destacables del trabajo de ONTI bajo su timón:

  • Puesta en marcha de la Autoridad Certificante Raíz de la República Argentina, como infraestructura básica para operar con firma electrónica, y cooperación con AFIP para construir una Entidad Certificadora pública que permite a los argentinos obtener certificados gratuitos, eliminando de esa manera el riesgo de que la firma electrónica se convierta en una casilla de peaje para hacer trámites con el Estado. Todo esto, por cierto, gracias al uso extensivo de programas libres.
  • Acompañamiento y asesoramiento a entes públicos como SIU y ANSES en sus esfuerzos para publicar programas desarrollados internamente como software libre, de modo que puedan ser aprovechados por otros organismos.
  • Impulso a la celebración de acuerdos de cooperación en capacitación en informática, especialmente en Software Libre, con el gobierno de Brasil.
  • Impulso del dictado de cursos de capacitación en el uso de distintos programas libres dentro del INAP.
  • Modificación de los Estándares Tecnológicos de la Administración Pública (ETAPs), que hasta ese momento exigían que todas las computadoras de la Administración Pública Nacional fuera equipado con sistema operativo y programas de ofimática de la empresa Microsoft, para que fuera posible utilizar programas libres como GNU/Linux u OpenOffice.org en su reemplazo.
  • Inclusión prominente del concepto de “interoperabilidad” entre los objetivos del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, sentando un importante precedente acerca de la importancia de que los sistemas informáticos de la administración pública se atengan a estándares interoperables, de modo que los ciudadanos puedan elegir libremente los programas que desean usar.
  • Apoyo a las iniciativas de las provincias de Santa Fe, y Misiones, así como la ciudad de Rosario, en su iniciativa de generalizar el uso de programas libres en sus ámbitos de administración.
  • Aval a la decisión de la provincia de Misiones en su decisión de usar ISO 26300 (ODF) como estándar de documentos para toda la administración pública
  • Cooperación con IRAM para la creación del Subcomité de Interoperabilidad, y para iniciar el proceso de adopción de ISO 26300 como estándar IRAM.

No faltarán los suspicaces que intuyan en este último punto la razón por la que se les pidió la renuncia, sobre todo luego de los rumores que circularan recientemente, sosteniendo que empleados de la empresa Microsoft estuvieron expresando su descontento ante altos funcionarios del gobierno por el protagonismo de ONTI en sus esfuerzos a favor de la adopción de formatos estándares para documentos de la APN, los que dicha empresa se niega obstinadamente a soportar.

Las flamantes autoridades de la ONTI cuentan, afortunadamente, con amplias oportunidades para enterrar esos rumores, mediante el simple recurso de continuar avanzando en dirección a los estándares abiertos y el Software Libre en la administración pública, tal como venían haciéndolo sus predecesores.

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