Enviamos comentarios al Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

Desde la Fundación Vía Libre hemos insistido reiteradamente y por largo tiempo sobre la necesidad de una reforma de la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, sancionada en un contexto con desafíos muy diferentes a los actuales para la protección de datos, por lo que celebramos que existan iniciativas de actualización.

Sin embargo, el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales compartido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado introduce retrocesos concretos que resultan especialmente sensibles en el contexto tecnológico actual. Es por ello, que enviamos una serie de comentarios en búsqueda de una actualización que proteja los derechos de la ciudadanía.

Cualquier proyecto de ley tiene que contemplar, entre otros, los siguientes puntos mínimos:

1. Respetar los principios universales de protección de datos: minimización, finalidad, transparencia, proporcionalidad, consentimiento.
   Por ejemplo: Elegir si querés entrenar la IA que usan las empresas. El consentimiento se tiene que pedir activamente (“opt-in”) y no presumirlo hasta que te opongas (“opt-out”)
2. Proteger siempre tus datos, hasta esos que no diste vos. Lo que un sistema infiere sobre vos (a partir de cruces, patrones, perfilamientos) tiene que tener la misma protección que lo que diste directamente
3. El uso de biometría y reconocimiento facial debe ser en casos excepcionales de seguridad, no de manera general ni para vigilancia masiva.
4. Que se prevea una revisión humana significativa, no como trámite. Que se pueda evaluar y discutir cómo se construyeron las decisiones.
5. Tratar todos los datos en condiciones de igualdad. Brindar menos datos no puede implicar que recibas un servicio diferente o que no puedas acceder a servicios básicos.
6. Diseñar una autoridad de control que controle de verdad: que tenga capacidades técnicas, recursos suficientes y capacidad de hacer cumplir sus decisiones.

Actualizar el marco regulatorio creado por la Ley 25.326 es necesario y deseable, pero una reforma que amplía las excepciones al consentimiento y reduce el control externo sobre quienes procesan datos (en particular el propio Estado) es un retroceso en función de los estándares de derechos humanos que la propia norma dice perseguir. Instamos a que, de mínima, se corrijan estas cuestiones antes de su envío al Poder Legislativo.