Todo indica que el escenario tecnológico y político actual de la República Argentina se estaría alineando a las tendencias globales de control digital y procesamiento masivo de datos. En este contexto, nuestro país podría convertir en un territorio experimental para la implementación de herramientas predictivas que, bajo condiciones institucionales más restrictivas de otros Estados, difícilmente tendrían margen de aplicación. En efecto, la reciente propuesta del Poder Ejecutivo relativa a la creación de un “gemelo digital social” guarda una correlación directa con los desarrollos de Palantir – corporación fundada por Peter Thiel y Alex Karp con financiamiento inicial de la CIA -, incluso el nombre se corresponde con un producto de dicha compañía.

La presencia activa de Thiel en el país (compró una casa en Buenos Aires, está buscando colegio para sus hijos y hasta participó de un torneo de ajedrez en un club barrial), y sus sucesivas audiencias con las máximas autoridades políticas y económicas (incluyendo al presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros) sugieren el inicio de negociaciones comerciales orientadas a unificar y transferir los patrimonios informativos de la administración pública hacia plataformas de gestión privada especializadas en el perfilamiento y el control social.

Palantir y los riesgos de la microsegmentación estatal

Palantir es una empresa que desarrolla software de inteligencia artificial para integrar, analizar y visualizar enormes cantidades de datos. Lo que hace concretamente es buscar patrones para construir inferencias que sirven para mapear escenarios y proyectar conductas. Al unificar de forma transversal bases de datos tradicionalmente compartimentadas en el Estado (como Anses, AFIP, Migraciones, Salud, etc), estos sistemas facilitan el diseño de operaciones de microsegmentación con fines de control económico y social.

A través de este perfilamiento, el software adquiere la capacidad de cruzar información que podría ser usada para justificar una quita “quirúrgica”, persona a persona, de prestaciones básicas a beneficiarios vulnerables. Por ejemplo, al detectar mediante registros de Migraciones que un adulto mayor viajó al exterior compartiendo vehículo con su familia, el sistema puede inferir que posee una red de contención económica y proceder automáticamente al recorte de sus subsidios o medicamentos gratuitos. Del mismo modo, la unificación de registros médicos de alta complejidad, como los padrones de pacientes oncológicos, de salud mental o de portadores de VIH, podría justificar decisiones comerciales que afecten los derechos de estas comunidades. Esta información en manos del sector privado es económicamente valiosa porque permite prever niveles de riesgo. Las aseguradoras de salud adquieren así la capacidad de denegar afiliaciones o tratamientos a ciudadanos preclasificados como pasivos financieros de alto costo.

Este tipo de lógicas no constituye una hipótesis teórica; se refleja de forma nítida en el historial global de la compañía y en herramientas similares implementadas en otros países:

• Vigilancia y Deportación Automatizada: En los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha utilizado plataformas de Palantir como FALCON, Investigative Case Management (ICM) y el reciente ImmigrationOS. Estos sistemas succionan datos de agencias federales, registros de conducir y antenas de telefonía celular para construir perfiles digitales complejos de inmigrantes y planificar redadas masivas en tiempo real.
• Vigilancia Policial Predictiva (Predictive Policing): En diversas ciudades norteamericanas y agencias policiales, el software Palantir Gotham se ha utilizado para fusionar historiales criminales, bases de datos biométricas y patentes vehiculares, generando “puntuaciones de amenaza” automatizadas que exacerban el sesgo y la persecución en barrios marginados.
• Centralización Sanitaria y Rechazo de Coberturas: En el Reino Unido, la adjudicación a Palantir de la Plataforma Federada de Datos (FDP) del Servicio Nacional de Salud (NHS) ha despertado masivas protestas médicas y civiles ante el riesgo de que historiales clínicos confidenciales sean accesibles por agencias de seguridad o derivados al sector corporativo de seguros. Paralelamente, en el sector comercial, la inteligencia artificial de Palantir es contratada por grandes aseguradoras globales para estructurar millones de reclamos médicos y optimizar de manera automatizada la denegación o el recorte de pagos a los asegurados bajo criterios de eficiencia corporativa.

El caso de Países Bajos: una férrea defensa de la soberanía de sus datos

Países Bajos se ha consolidado como un actor clave en la defensa del derecho a la privacidad y sentó un precedente clave frente al uso indiscriminado de datos de sus ciudadanos. El primer hito relevante comenzó a gestarse en 2018, cuando una coalición de activistas de derechos civiles llevó a los tribunales el sistema SyRI (System Risk Indication). Este mecanismo utilizaba un algoritmo de inteligencia artificial que cruzaba bases de datos masivas de diversas agencias estatales para predecir y perfilar de manera opaca qué ciudadanos de barrios de bajos recursos tenían mayor riesgo de cometer fraudes al sistema de bienestar social. La fuerte resistencia civil culminó en febrero de 2020 con una sentencia judicial histórica que prohibió el uso de SyRI, declarándolo ilegal por violar el derecho a la privacidad consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En continuidad con esta estricta política de protección, en mayo del 2026, el gobierno neerlandés prohibió la venta de la empresa tecnológica local Solvinity Group a la compañía estadounidense Kyndryl. Solvinity opera la infraestructura de la plataforma DigiD (sistema de identidad digital) utilizado por 18 millones de ciudadanos para tramitar registros fiscales y médicos. Las autoridades bloquearon la adquisición para evitar que los datos sensibles de su población quedaran expuestos bajo el alcance legal de la ley U.S. CLOUD Act, la cual faculta a las agencias estadounidenses a incautar información guardada por firmas de su país, priorizando de esta manera la seguridad nacional y la soberanía de datos de los ciudadanos frente a corporaciones extranjeras.

Contexto geopolítico y la crisis de los consensos

Esta aproximación a la tecnología se enmarca en una crisis profunda de las democracias liberales y del bloque occidental en su conjunto, donde las grandes corporaciones expresan abiertamente su rechazo a los sistemas liberal-democráticos. El Manifiesto corporativo de Palantir postula de manera explícita que la democracia está en decadencia, sugiriendo su reemplazo por tecnocracias basadas en sistemas algorítmicos avanzados que validan la exclusión o subordinación de amplios sectores de la población.

En el plano social, este fenómeno sofoca la deliberación pública a través de toneladas de desinformación, datos alterados y el accionar coordinado de estructuras de trolls. Esta dinámica genera niveles de alienación tan agudos en la ciudadanía que la propia desconexión tecnológica comienza a vislumbrarse como un acto de resistencia. Frente a este paradigma que destruye el entramado productivo y empuja a las mayorías hacia un precariado total —primero expulsándolas del empleo formal, luego precarizándolas en tareas ultra alienantes tales como las plataformas de servicios por jornadas extenuantes—, coexisten visiones alternativas.

El bloque de los BRICS, motorizado por potencias tecnológicas como India, Brasil y China, promueve lineamientos estratégicos orientados a preservar la soberanía digital y el derecho al desarrollo, concibiendo a la automatización avanzada como un complemento del trabajo humano y un catalizador destinado a la redistribución del bienestar. Lamentablemente, la gestión pública local ha optado por alinearse firmemente con la mirada depredadora y extractivista de la tecnología.

El marco jurídico argentino como trinchera ciudadana

Pese al escenario de inacción por parte de las actuales autoridades de aplicación de las leyes de protección de datos personales, la doctrina legal y constitucional argentina ofrece mecanismos de salvaguarda. Un principio fundamental sostenido por nuestra organización estipula que toda información inferida sobre un individuo mediante deducciones algorítmicas debe quedar estrictamente amparada bajo el régimen tuitivo de la mencionada ley de datos personales.

Esta postura se complementa además con un respaldo jurisprudencial determinante a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Torres Abad contra Jefatura de Gabinete de Ministros”. Esta sentencia de abril del 2026 establece la inconstitucionalidad de los artículos que facultaban al Estado a recolectar datos sin consentimiento y a intercambiar datos entre las oficinas públicas. Así, estableció un límite taxativo al uso discrecional de la información de los ciudadanos por parte del Estado. Si bien este fallo llegó casi diez años después de cometidos los abusos inicialmente, funciona hoy como un precedente firme para activar herramientas preventivas. La articulación de coaliciones legales urgentes resulta crítica: la transferencia de patrimonios informativos públicos a corporaciones privadas constituye un hecho que, por su naturaleza técnica y transfronteriza, revestiría un carácter absolutamente irreversible una vez consumado.

La implementación de un “gemelo digital social” en Argentina no representa una simple modernización de la gestión burocrática, sino la adopción de un modelo de vigilancia masiva de raíces corporativas que disuelve las fronteras de la privacidad elemental. Al abrir las puertas a corporaciones diseñadas para la inteligencia estatal y el desguace sistemático de derechos, el Estado declina su rol protector para transformarse en un auditor automatizado de la vulnerabilidad de sus propios ciudadanos. Frente a un algoritmo programado para la exclusión y la precarización, la defensa del marco constitucional, el litigio preventivo de la sociedad civil y la interpelación crítica de la tecnología se vuelven condiciones indispensables para evitar que el patrimonio más íntimo de la población sea confiscado de forma irreversible en favor de una tecnocracia global.