Una víctima de espionaje ilegal le responde a Patricia Bullrich

Columna de opinión publicada originalmente en Diario Perfil. Por Beatriz Busaniche. Foto: Pablo Temes.

La ex Ministra de Seguridad efectuó una declaración en la que queda claro que desconoce el marco legal que afirma cumplir a rajatabla y desinforma sobre los alcances de la seguridad en eventos internacionales.

El 7 de junio se divulgó la nómina de 500 periodistas, integrantes de organizaciones sociales, académicos fichados por la Agencia Federal de Inteligencia, entre las cuales me encuentro. Ese día, en el programa de Antonio Laje, la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich efectuó una declaración en la que queda claro que desconoce el marco legal que afirma cumplir a rajatabla y desinforma sobre los alcances de la seguridad en eventos internacionales.

La ley de inteligencia que regula las actividades de la AFI establece que: “ARTICULO 4° — Ningún organismo de inteligencia podrá: Inciso 2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.”

La ley 25520 es taxativa y no deja margen a dudas, prohíbe expresamente fichar a las personas.  La ex Ministra relata que Argentina recibió tres eventos internacionales que suponían un desafío de seguridad: la Reunión Ministerial (MC11) de la Organización Mundial de Comercio (2017), los juegos olímpicos de la juventud y el G20 (2018). Coincido con la Ministra en que suponen un esfuerzo importante en materia de seguridad pero no puedo dejar de observar que seguridad implica respeto de los derechos y garantías de la ciudadanía.

El fichaje realizado de manera burda por la AFI dejó afuera de la conferencia a personas de larga trayectoria en estos eventos, periodistas como Sally Burch y representantes de organizaciones sociales como Peter Titland de Noruega fueron deportados, se generaron sendos conflictos diplomáticos con cancillerías de diversos países que reclamaron por el ingreso de delegados de ONGs y medios de comunicación cuya acreditación fue revocada de manera arbitraria. Académicos de universidades locales como la UNTREF, el Instituto del Mundo del Trabajo, la UNSAM fueron evaluados por su trabajo como ‘peligros potenciales para la seguridad y el régimen constitucional’, entre otras barbaridades que hemos podido leer en las pocas fichas a las que tuvimos acceso. La ex ministra agrega que en estos eventos hay protocolos para la inscripción de las personas participantes. Esto es cierto, y cada organización internacional tiene sus protocolos para la acreditación.

Por ejemplo, para participar de la Ministerial de la OMC, meses antes del evento las organizaciones de la sociedad civil enviamos documentación respaldatoria institucional, nuestro interés en la conferencia y la nómina de personas acreditadas. Con esa información en mano, la OMC administra y otorga las acreditaciones. Integrantes de redes internacionales como Our World is Not For Sale (de la que Fundación Vía Libre forma parte) que habitualmente asisten a eventos de OMC fueron rechazados sin explicación.

Es falso que el protocolo de la OMC obligara a Argentina a hacer este tipo de inteligencia ilegal. Tan falso es, que la propia organización internacional pidió disculpas a las personas afectadas diciendo que esto superaba ampliamente su margen de acción y que era exclusiva responsabilidad del Gobierno Argentino. El ex Canciller Jorge Faurie tuvo que pilotear una oleada de quejas de países como Noruega, Francia, Holanda, entre otros (Una carta de Fourie a Arribas intercediendo por una organización de Finlandia forma parte de la documentación enviado a la Justicia).

La actual presidenta del PRO desinforma. Afirma que esas fichas forman parte de lo que está en la ley de inteligencia, que es la ‘reunión de información para poder evaluar’…  Justo eso es lo que está expresamente prohibido por la ley de inteligencia. Ningún protocolo ni resolución ni voluntad de la ex ministra puede ir contra una ley vigente que no puede desconocer.

Luego recalca que en la AFI tienen fichas de todos: los mozos, los que armaron los edificios, los proveedores de los hoteles, todos los que vivían en Puerto Madero (¿esto incluye al actual presidente Alberto Fernández?). Sería importante que el Juzgado a cargo de la causa integre este testimonio a la documentación probatoria del espionaje ilegal y cite a la ex ministra a declarar.

La Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia debería tener información sobre esto y haber puesto los límites ajustados a derecho.

No lo hizo. Ningún mecanismo de control funcionó: falló la Agencia de Acceso a la Información y Protección de datos y falló la justicia que se negó a investigar (el caso está hoy en CSJN). Este escándalo demuestra que es urgente una reforma del sistema de inteligencia que ponga fin a estas prácticas ilegales y establezca rigurosos mecanismos de control, que como vemos hoy en este y otros casos, no son otra cosa que una enorme sumatoria de fracasos.

Beatriz Busaniche. Presidente de Fundación Vía Libre. Integrante de la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Sistemas de Inteligencia. Fichada por la AFI.

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