¿Quién controla los Servicios de Inteligencia en Argentina?

Por Beatriz Busaniche
Fundación Via Libre

Desde las revelaciones de Edward Snowden sobre la actuación de los organismos de inteligencia como la National Security Agency (NSA) en los EEUU y el Government Communications Headquarters (GCHQ) del Reino Unido, los temas de vigilancia y espionaje masivo han ocupado gran espacio en la prensa de todo el mundo. En Argentina, la problemática asociada a los servicios de inteligencia no es menor. Es importante destacar que en nuestro país, la ley de inteligencia y la doctrina de la Corte Suprema para el Caso Halabi impiden que los organismos de inteligencia actúen como lo hace la NSA. Sin embargo, sin los controles que la propia ley establece, la normativa termina siendo letra muerta.

La Ley 25.520 que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación ordena la creación de una comisión bicameral que tiene la obligación de monitorear a los organismos. La Secretaría de Inteligencia, según expresa la misma ley, tiene entre sus deberes la elaboración de un informe anual de actividades que debe ser presentado ante la Comisión Bicameral de Fiscalización, a la cual deberán brindar toda la información que corresponde.

La ley es clara al respecto:

ARTICULO 32. — Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la Comisión Bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.
La Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio. A su requerimiento, y con los recaudos establecidos en el art. 16, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la Comisión solicite

.
Pese a que la Ley ordena que la Bicameral controle los Servicios de Inteligencia, poco sabemos los ciudadanos sobre la actividad de esta comisión especial integrada tanto por oficialistas como por opositores. Nos asiste el derecho a saber lo que nuestros representantes hacen, aún ante la ausencia de una ley de acceso a la información pública, otra de las deudas pendientes del Congreso Nacional.

Alcanza ingresar al sitio web del Senado y buscar la información básica sobre la bicameral para descubrir que ni siquiera hay una lista de sus miembros, ni reuniones previstas, mucho menos una agenda de temas de trabajo. En Diputados, hasta diciembre del año pasado, aparecía una nómina de integrantes que incluía al PRO, la UCR y el Frente para la Victoria, pero esa nómina prescribió con la asunción de los nuevos legisladores electos en octubre de 2013. Lo que es claro es que el control democrático de los organismos de inteligencia es tarea de nuestros representantes ante el Congreso, oficialistas y opositores, que comparten la responsabilidad y aparentemente también la negligencia.

En diciembre de 2012, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), miembros junto a Fundación Vía Libre de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), presentaron un pedido de información a la Bicameral que jamás fue respondido. El pedido fue cuidadosamente formulado para no requerir datos concretos de operaciones de inteligencia o personas vinculadas, cuyo secreto es una cuestión de seguridad pública, y se ciñe a información que permita la verificación pública de que la comisión bicameral cumple las tareas que le fueron asignadas.

Esta comisión es nuestro principal reaseguro de control democrático sobre los organismos de inteligencia. La falta de respuesta de la bicameral ante el requerimiento que ya tiene más de un año nos obliga a dar un paso más y presentar un recurso de amparo para que nuestros representantes cumplan con sus obligaciones y responsabilidades para las que fueron electos.

En un país con una larga trayectoria de servicios de inteligencia fuera de control, esta demanda no es antojadiza: periodistas, políticos, funcionarios judiciales, empleados públicos, ONGs, movimientos sociales son los principales afectados por operaciones y “carpetazos” que tienen origen en diferentes acciones de organismos de inteligencia.

No está de más repetir que una sociedad vigilada es una sociedad menos democrática. El control de los organismos de inteligencia es una tarea prioritaria para una democracia que, si no lo hace, corre el riesgo de perder mucho en términos de libertad y pluralismo.

Un legislador que asume tan alta responsabilidad no puede abdicar de ella sin hacerse cargo de las consecuencias. El sistema republicano depende de que los ciudadanos podamos exigir información a nuestros representantes. Tenemos derecho a saber si la comisión cumple o no con su misión.

El amparo de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) para acceder a información básica sobre la Comisión Bicameral es clave. Esta bicameral es el único mecanismo de control y supervisión previsto en la Ley de Inteligencia. Obturar la única herramienta de control democrático sobre los organismos de inteligencia es de una enorme irresponsabilidad y como ciudadanos, demandamos una urgente respuesta.

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