Servicios de Inteligencia sin Control

El 17 de marzo pasado, el Diario la Nación dedicó su editorial a la campaña de nuestras organizaciones sobre la falta de información sobre los organismos de control de los servicios de inteligencia nacionales.

La editorial dio cuenta de nuestra denuncia sobre la inacción y la falta de información sobre la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los organismos de inteligencia del Estado, una comisión especial que debe estar integrada por oficialismo y oposición y que está contemplada como principal órgano de contralor por parte de la Ley de Inteligencia Nacional.

Compartimos el texto completo de la editorial.

Editorial I
Servicios de Inteligencia sin control

Creada en 2001, la comisión bicameral que debería supervisar a los organismos de espionaje no cumple con su función y no informa qué hace
Son pocos los que saben que en el Congreso de la Nación existe la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, integrada por siete senadores y otros tantos diputados. Creada en 2001, esta comisión es el único órgano de control y supervisión de los servicios de Inteligencia previsto por la ley nacional de inteligencia.

Si pocos saben de ella y menos aún de su actividad es porque el secreto que caracteriza al mundo del espionaje se hizo carne en esa comisión, con el aparente resultado de que, en vez de controlar a los servicios, la comisión corre el peligro de incurrir en los mismos vicios de esos organismos a los que debería supervisar. Por lo pronto, se niega a informar qué hace y cómo justifica su presupuesto anual de seis millones de pesos.

Tan poco se sabe de ella que la asociación de ONG Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi) ha presentado una acción de amparo para obtener información básica sobre su funcionamiento, si es que funciona. La ley de inteligencia procuraba que se ejerciera un cierto control sobre el espionaje, actividad que en nuestro país siempre careció de supervisión y estuvo al servicio de las necesidades del gobierno de turno, principalmente por medio de la Secretaría de Inteligencia, la ex SIDE. Se trata, además, de una actividad para la que el presupuesto nacional destina millonarios fondos que los organismos no deben rendir.

De los fondos reservados de la SIDE partieron durante el menemismo los 400.000 dólares para que Carlos Telleldín, uno de los acusados en la causa de la voladura de la AMIA, imputara falsamente a policías bonaerenses en el hecho, desviando así la investigación. Por ese motivo, en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a ejercer un mayor control sobre el organismo de Inteligencia y su presupuesto. Uno de los puntos del acuerdo al que se comprometió el Gobierno con las asociaciones de familiares y víctimas del atentado ante la CIDH fue el de transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la ex SIDE.

Nada de eso ocurrió y hoy, además de los fondos reservados de la ex SIDE hay que tener en cuenta, también, los que recibe la Jefatura II Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, fuerza comandada por una de las figuras favoritas de la Presidenta, el general César Milani, quien durante varios años estuvo al frente de esa jefatura. La ex SIDE fue usada por muchos gobiernos como instrumento de control político, herramienta de presión, caja para financiar coimas o comprar votos de legisladores, y durante el kirchnerismo realizó escuchas a legisladores, integrantes de la oposición, empresarios, periodistas y también a los funcionarios del Gobierno.

Si fuera consecuente, la Presidenta debería preocuparse por lo que ocurre con la comisión bicameral. En 2002, ella y su esposo denunciaron que eran víctimas de una campaña de persecución y desprestigio orquestada desde la ex SIDE, dirigida en aquella época por Carlos Soria. Por eso, la entonces senadora Cristina Kirchner impulsó un proyecto de resolución “instando al funcionamiento inmediato de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”.

La ausencia de información sobre la misteriosa comisión hizo que, el mes pasado, la Iccsi presentara una acción de amparo para acceder a información básica sobre su funcionamiento. La Iccsi está integrada por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Vía Libre (FVL).

Ya en diciembre de 2012, la Iccsi había presentado a la comisión un pedido de acceso a la información pública con la intención de averiguar la cantidad de reuniones durante los tres últimos años, los informes producidos a raíz de la designación de los últimos tres secretarios de Inteligencia y el número de pedidos de informes realizados por la comisión a la ex SIDE, entre otros temas. Pese a que la información requerida no era de índole secreta, la comisión nunca respondió.

Ante el inexplicable silencio, la Iccsi presentó el amparo argumentando, también, que en la página del portal del Senado en Internet ni siquiera figuran qué legisladores la integran y que la página de la comisión en el sitio de la Cámara de Diputados también está desactualizada, aunque allí se informa sobre su integración.

Además de haber incumplido durante nueve años el compromiso asumido con la CIDH, el Gobierno ha hecho un empleo desaprensivo del secreto y la desinformación mientras maneja de forma arbitraria y en beneficio político propio los órganos de Inteligencia.

Pero más lamentable aún resulta que legisladores de ambas cámaras y pertenecientes a diferentes partidos políticos se presten a legitimar ese turbio proceder con su falta de acción, al tiempo que distraen fondos públicos de los cuales no se rinden cuentas en una comisión que ni siquiera se atreve a informar cuándo se reúne.

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