Este artículo ha sido escrito por Enrique Chaparro, presidente de Fundación Vía Libre, como parte de un documento que será presentado al Senado en ocasión de discutirse los proyectos de neutralidad de la red mencionados en el mismo.
El Senado de la Nación se apresta a tratar varios proyectos de ley sobre “neutralidad de red”, que se hallan pendientes de dictamen en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de ese cuerpo. Ha trascendido por diversos medios un predictamen que unificaría los diversos proyectos. A nuestro juicio, si se avanzara en ese sentido el propósito quedaría completamente desvirtuado, y a continuación analizaremos por qué.
La “neutralidad de red”
El tema “neutralidad de red” está de moda. Especialmente, desde el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Verizon v. FCC, y más notablemente desde el intercambio de disparos entre el servicio de video Netflix y el operador de acceso y tránsito Comcast, que también involucra a otros grandes operadores como Verizon, Level 3 y Cogent.
¿Pero qué es la “neutralidad de red”? En términos muy difusos, parece haber un precario consenso sobre ello: neutralidad de red es evitar la introducción de distorsiones artificiales en el tránsito de información por la Internet,1 de modo que los usuarios tengan garantía razonable de libertad de elección, con lo que esto implica en términos de las garantías fundamentales a la libertad de expresión y al derecho a buscar, recibir y difundir información, consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y, en nuestro marco y con respecto de la Internet, en la ley 26.032. Ahora bien, en cuanto pretendemos hallar definiciones precisas más allá de ese consenso precario, la cuestión se complica. No hay acuerdo sobre la necesidad de imponer esta neutralidad por la vía regulatoria, la racionalidad económica de hacerlo o dejarlo librado a las “fuerzas del mercado”, las cuestiones de equidad, o acerca de si ciertas prácticas conspiran o no contra la neutralidad, por citar solo algunas de las cuestiones no resueltas. ¿Es contraria a la neutralidad la priorización paga de contenidos? ¿Cómo debe verse la práctica de ciertos proveedores de contenido de establecer enlaces de alta capacidad a los puntos de presencia de los prestadores de tránsito o de acceso? En el extremo, ¿es “antineutral” la práctica de usar redes de entrega de contenidos (CDN) para “acercar” la información a los usuarios finales? ¿Hasta qué punto es admisible una cierta priorización cuando los enlaces de usuario final carecen de capacidad suficiente, por ejemplo demorando unos segundos el tráfico de correo para favorecer el tráfico de voz o video?
- Hay otras distorsiones “naturales”, como las impuestas por las leyes de la Física que, al menos por ahora, ninguna legislatura del mundo puede modificar con éxito. [↩]