El Gobierno anunció que quienes no tengan registrada a su nombre la tarjeta SUBE deberán pagar una tarifa más cara en el transporte público. Pero ese registro implica la entrega de una serie de datos personales a quienes administran el servicio. “Toda tecnología que pueda ser usada para la vigilancia será usada para tal fin”, advierte la autora.
El aumento de las tarifas de transporte en la zona del AMBA no es el único aspecto importante de las últimas novedades en la materia: la implementación de una tarifa diferenciada y más costosa para quienes no registren la tarjeta SUBE aparece como un problema menor pero que tiene un notable costo oculto en materia de derechos.
Según el anuncio del Ministerio de Infraestructura, a partir de Febrero habrá que registrar la SUBE para no pagar la tarifa total con aumentos en trenes y colectivos. Se incentiva a que cada persona registre una tarjeta SUBE, más allá de quienes gozan del beneficio de tener una tarifa social (Personas jubiladas, personal doméstico, ex combatientes de Malvinas, titulares de AUH, entre otros). Es entendible la nominalidad para esos casos, sin embargo, para el resto de personas usuarias del transporte público no hay ningún tipo de justificación.
La tarjeta SUBE es un sistema prepago que se implementó a partir del 2011, es decir, ya tiene bastante más de una década de funcionamiento. Al momento de su implementación se pensó que la nominación de la tarjeta iba a servir para hacer una entrega diferencial de subsidios en función de la situación socioeconómica de las personas usuarias. Esto jamás se implementó y la tarjeta SUBE se siguió usando con o sin nominalidad, seǵun la preferencia de sus titulares.
Sin embargo, en las últimas horas, el Gobierno anunció tarifas diferenciadas en función exclusivamente del registro o no de la tarjeta en cuestión. Quienes deseen preservar su privacidad deberán pagar un alto precio.
¿Qué implica el registro de la SUBE?
El registro de la tarjeta sube implica la entrega de una serie de datos personales a quienes administran el servicio. Entre los datos personales que se informan está, por supuesto, el nombre y apellido así como el género, el mail y el DNI de la persona usuaria. Sin embargo, a esto hay que sumar que la SUBE traza y registra los recorridos que realice cada persona cuando la utiliza. Cada colectivo que tomamos, a qué hora y en qué lugar, cada tren, dónde subimos, donde bajamos, toda nuestra trayectoria cotidiana registrada en una base de datos centralizada bajo la órbita del Estado Nacional.
Quienes trabajamos los temas vinculados a libertades individuales, derechos humanos y privacidad sabemos que toda tecnología que pueda ser usada para la vigilancia será en algún momento utilizada para tal fin y que no todas las estrategias de vigilancia se basan en tecnologías específicas.
El mundo de la vigilancia se nutre especialmente de dispositivos y sistemas que sirven a otra función (como en este caso, abonar el transporte de pasajeros). No es el objetivo de la tarjeta SUBE establecer un mecanismo de vigilancia sobre quienes la usan, pero es un efecto colateral grave que puede derivar de la voluntad de quienes lo implementan o de la simple negligencia.
La tarjeta SUBE nominada implica un trazado exhaustivo de todos nuestros movimientos cotidianos y una invasión inaceptable a la privacidad de las personas. En 2012, cuando hicimos este mismo reclamo, la respuesta del Poder Ejecutivo fue que esos datos no iban a ser usados en ningún caso. Sin embargo, la persecusión policial a la que fue sometido nuestro colega y amigo Javier Smaldone por parte de la Policia Federal en 2019 nos entregó evidencia de lo contrario. Sin justificación alguna, la Policía Federal solicitó a Nación Servicios S.A. que le entregara los datos de la SUBE y la totalidad de todos sus movimientos del año. En el mismo expediente, las fuerzas de seguridad ordenaron la instalación de cámaras de vigilancia en el domicilio de sus hijos y llevaron adelante el allanamiento de su domicilio en Buenos Aires (vale destacar que Javier jamás fue imputado de ningún delito ni acusado formalmente, sólo fue vigilado y allanado sin justificación legal alguna).
El derecho a ser dejados en paz, a construir un proyecto de vida alejado de la injerencia del Estado o de terceros que puedan inmiscuirse en la vida y la libertad de una persona quedan relegados exclusivamente a quienes acepten pagar un precio por esos derechos.
¿Quién puede querer nuestros datos?
Un detalle no suficientemente mencionado es que el servicio de la SUBE es administrado por el Banco Nación de la República Argentina, una de las instituciones públicas que el proyecto de ley ómnibus tiene en agenda de potenciales privatizaciones. Concretamente, la administración, gestión y guarda de los datos personales que el sistema genera quedan en manos de Nación Servicios S.A. una entidad dependiente del Banco Nación. No hay datos concretos ni información sobre los plazos de retención de esos datos personales que almacena la institución, ni política alguna de destrucción de los mismos.
Los datos personales, los hábitos de vida, las costumbres, los movimientos de millones de personas pueden no tener valor individualmente (aunque para la persona en cuestión si lo tenga) pero si en una sumatoria de millones de personas. Los datos son fundamentales en la economía actual, permiten inferir consumos, definir políticas, dirigir estrategias de comunicación, prever situaciones diversas y eso tiene un gran valor económico.
Pero aún los datos individuales pueden tener valor más allá de la cuestión económica: la vigilancia de personas específicas no es una novedad en nuestro país donde los sistemas de Reconocimiento Facial en la vía pública y la interceptación de comunicaciones se ha usado para vigilar políticos, magistrados, periodistas y activistas sociales.
En cualquier momento, una persona de a pie puede convertirse en una persona de interés para alguien. Con los datos de la SUBE, trazar sus rutinas se torna absolutamente sencillo.
¿Quién cuida nuestros datos?
Si bien Nación Servicios S.A. expresa en su sitio web que cumple plenamente con los mandatos de la Ley 25.326 de Protección de datos personales bien vale la pena usar esta situación para recordar que esa ley está desactualizada y merece una urgente reforma para cumplir con su cometido y su espíritu.
Si hay algo que caracteriza al estado argentino es la baja o nula capacidad de custodia de los datos personales recolectados en múltiples áreas que ya fueron vulneradas un gran número de veces. Desde el Ministerio de Salud hasta el Renaper, oficinas públicas de todo nivel han sufrido ataques y perdido a manos de sus atacantes las bases de datos, muchas veces sensibles, de la ciudadanía. La exigencia legal de seguridad de la información es difusa y no cuenta con estándares exigibles de control.
A eso hay que sumar que la mera existencia de esos datos, su recolección y almacenamiento hacen que los mismos estén a disposición de diversas agencias que pueden apelar a su uso para otros fines. Los usos de la información por parte de las fuerzas de seguridad no son una excepción, sino parte de la regla. Pero además, el traspaso de bases de datos de una oficina pública a otra es materia contenciosa. El caso Torres Abad c/ Jefatura de Gabinete de Ministros (actualmente en manos de la CSJN) demuestra que el Estado ha sido poco respetuoso del principio de finalidad de los datos y del derecho de la ciudadanía a la autodeterminación sobre los mismos.
Finalmente, es imperioso agregar un elemento clave a esta discusión: ¿para qué se impulsa la recolección de estos datos? ¿Cuál es la razón concreta para hacerlo?
El Estado debe abstenerse de exigir datos sin una razón específica, sin una motivación clara, sin una finalidad ineludible. La ley de protección de datos puede ser vieja pero es concreta en la materia: el principio de finalidad debe ser explícito, debe ser informado debidamente al titular de los datos y debe ser respetado plenamente. Los datos recolectados sólo pueden ser usados para esa finalidad declarada y el plazo mismo de vigencia de esa finalidad.
No hay, a la luz de los datos conocidos hasta el momento, una finalidad que justifique la recolección de datos indiscriminada y la conformación de una base de datos con toda la información de la circulación y usos del transporte público por parte de cada persona debidamente identificada. Cualquier política de subsidios a empresas o de transportes puede hacerse con datos estadísticos anónimos, no hace falta saber quiénes son las personas sentadas en un colectivo para saber si está lleno o vacío o en qué horarios hace falta instalar más frecuencias por sobrecarga del servicio.
La cultura de la protección de datos está lejos aún de ser la norma en nuestro país. El Estado se ha caracterizado por una larga tradición de invasión a la privacidad de las personas entre las que se cuenta desde el mero hecho de contar con un registro de todas las personas habitantes de nuestro país hasta la conformación de una historia clínica digital centralizada (Proyecto que tuvo sólo dos votos negativos en Diputados: Javier Milei y Victoria Villarruel, que justificaron su oposición en sus ideas de la libertad y en la oposición a la injerencia del Estado en la vida personal).
Hoy, a cargo del PEN, esta fuerza libertaria impulsa una medida que a las claras avanza sobre la privacidad y el proyecto personal lejos de la mirada vigilante del Estado.