En marzo de 2001, el Diputado Nacional Carlos Dragan propuso en la H. Cámara de Diputados un proyecto de ley que obliga a usar exclusivamente Software Libre en los sistemas informáticos administrativos del gobierno nacional.
El Diputado se puso en contacto con nosotros, y nos ofreció la tarea de proponer un grupo de entidades y personas que apoyen esta política, y eventualmente ayuden a diseñar un plan concreto de implementación. Nos pusimos en contacto con varias Universidades, y con los Grupos de Usuarios de Linux de todo el país.
A partir de esto, se formó un foro de discusión pública, basado en la lista de correo del proyecto “proposición” con la participación de las personas interesadas en el proyecto a nivel nacional, donde se analizó el proyecto de ley y se sugirieron algunas reformas para hacer a la ley más efectiva y precisa.
Fuimos invitados por el equipo del diputado Dragan a presentar el proyecto y su fundamentación frente a la Comisión de Legislación General de la Cámara, realizada el día 18 de abril. En esa sesión presentamos las sugerencias realizadas en proposición, que fueron aceptadas, y en general hubo una reacción positiva al proyecto por parte de los legisladores.
Una vez terminada esa sesión, el proyecto de ley modificado fue expuesto nuevamente al foro de discusión, y se sugirieron nuevas propuestas, incluyendo los aportes de Richard M. Stallman (fundador de la Free Software Foundation), y Roberto di Cosmo (promotor de un proyecto de ley similar en Francia, y autor de “Trampa en el Ciberespacio“, documento en el que se presenta gran parte de la fundamentación para un proyecto de esta clase).
La comisión de Legislación General nos invitó a participar de la próxima sesión de discusión, a realizarse el 2 de mayo. Esta sesión se llevó a cabo la participación de la Comisión de Obras Públicas, y la Comisión de Comunicaciones e Informática. En esta sesión planteamos las inquietudes expresadas en proposición con el fin de lograr que esta legislación exprese de la mejor forma posible la voluntad de usar software libre en el Estado con la meta final de proteger las libertades de los ciudadanos.