Esta nota fue originalmente publicada en el sitio web cba24n. Periodista: Luis Zegarra
El Gobierno destaca que la norma recupera aportes hechos por organismos nacionales. Sin embargo desde estas entidades siguen advirtiendo sobre excesos y subterfugios.
A través de la Resolución 144/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial de la República Argentina, el ministerio de Seguridad de la Nación presentó el Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas.
La norma persigue el objetivo de regular “las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad”, en fuentes digitales abiertas, a las que identifica como “medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas”.
Entre los delitos a perseguir señala que fuerzas federales deben atender “la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica —especialmente a hospitales y a centros de salud”.
No obstante, mantiene las tareas de prevención de delitos tales como ataques informáticos, trata de personas, lavado de activos o grooming, entre otros.
El protocolo tendrá vigencia mientras se extienda la emergencia pública en materia sanitaria, dispuesta por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19.
Desde la cartera de Seguridad, que comanda Sabina Frederic, destacaron varios aspectos de la nueva norma. Principalmente, que implica la derogación de la resolución 31/18, impulsada por la gestión de Cambiemos “que permitió el seguimiento y criminalización de usuarios y personas debido a sus opiniones y expresiones”.
“El anterior protocolo era arbitrario e inespecífico. No prohibía prácticas persecutorias que derivaron en causas judiciales. El nuevo protocolo defiende la libertad de expresión y opinión, y anula la figura de “intimidación pública”, destaca un escrito enviado por el ministerio a los medios de comunicación.
Tras remarcar que el protocolo “promueve la sanción de una ley nacional”, señala que “crea una mesa consultiva intersectorial que garantizará el monitoreo, evaluación y modificación de la aplicación del protocolo”.
Finalmente, el Ministerio señala que se han contemplado “las recomendaciones y normativas internacionales en materia de prevención del ciberdelito y recupera todas las observaciones hechas por los organismos nacionales”.
Críticas y observaciones
Sin embargo el protocolo no ha sido recibido con beneplácito por las entidades vinculadas a la defensa de los derechos en entornos digitales y los análisis de políticas públicas de internet.
La persistencia de tareas de inteligencia, presentadas bajo otra denominación, y el consecuente incumplimiento de preceptos constitucionales aparecen como las principales observaciones realizadas al texto.
“A primera vista siguen disfrazando el concepto. Llaman tareas preventivas a lo que antes denominaban ciberpatrullaje. Esto sigue siendo inteligencia y como tal debe regularse por la ley de inteligencia, que prohíbe expresamente esa práctica”, expresó Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, una de las convocadas semanas atrás por la ministra Frederic para discutir la nueva regla.
“Apreciamos que le han hecho mejoras al primer borrador, que era impresentable. Celebramos la derogación del protocolo de Bullrich también. Pero la práctica está fuera del marco legal y una resolución de este tipo no puede ir por encima de la ley”, añadió Busaniche.
Por su parte, desde la ONG Access Now manifestaron “preocupación” por lo expresado en la normativa.
“Seguimos pensando que las actividades de recolección de información a granel, de manera previa y sin una investigación asociada, son problemáticas de todas formas. El problema es que es muy fina la línea que divide lo que es una actividad de vigilancia generalizada e inteligencia de la prevención específica de delitos”, señaló Javier Pallero, analista de Políticas Públicas para Internet de América Latina y el Caribe de Access Now.
“La norma dice que está prohibida la actividad de inteligencia. Pero este tipo de trabajos son precisamente de inteligencia abierta. Sigue siendo excesivo e inconveniente. Pedimos que su aplicación se haga de modo cada vez más controlado, transparente y específico”, añadió.
A su turno el abogado Andrés Piazza, director de la ONG Desarrollo Digital consideró que, para la elaboración del Protocolo, el Ministerio ha tenido en cuenta varios planteos realizados desde la sociedad civil. Pero, a su entender, se puede objetar su constitucionalidad.
“El ciberpatrullaje no se puede homologar al patrullaje físico porque los efectos de prevención y disuasión de éste tienen más que ver con la presencia visual de la autoridad. En lo digital sólo puede ser vigilancia. Es muy difícil hacer patrullaje digital al azar. Se pueden mirar hashtags, ¿pero con qué criterio? Por eso no puede ser patrullaje, es vigilancia. No puede ser al azar, es direccionado. Por ende no puede ser constitucional” explicó.
“No es una ley, es una resolución del Ministerio de Seguridad. Tampoco es un decreto. Por ende puede modificarse con otra resolución. O con una ley, lo cual sería lo ideal”, añadió.