Reforma Política: hay mandato del presidente para implementar el voto electrónico

El lunes 29 de febrero, en la Casa Rosada, el Ministro del Interior Rogelio Frigerio y el Secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez, reunieron a numerosas organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre el proyecto de Reforma electoral que el oficialismo presentará ante el congreso en las próximas semanas.

Fundación Vía Libre participó del encuentro con la presencia de Enrique Chaparro y Beatriz Busaniche, quienes expusieron la oposición firme que la organización mantiene a la implementación de voto electrónico en las elecciones.

A esta preocupación de nuestra organización se suma ahora, además, el anuncio de Pérez en el sentido de incorporar sistemas de identificación biométrica para la validación de identidad de los votantes en el acto electoral.

Esta propuesta fue puesta sobre la mesa como una medida más en la incorporación de tecnologías en el proceso electoral.

Diversas organizaciones, además de Vía Libre, se manifestaron preocupadas por esta iniciativa y por la propuesta de uso de Boleta Electrónica. El reclamo de transparencia y mejora en las auditorías fue claro, aunque hubo diversos matices. Algunos reclamaron incluso que el sistema sea desarrollado por universidades nacionales y que la propiedad intelectual del software quede en manos del estado.

Al finalizar la reunión, Frigerio advirtió que la decisión de votar de una forma diferente en las elecciones de 2017 es un hecho y que el presidente les dio ese mandato a sus funcionarios.

Desde Vía Libre vamos a seguir con nuestra participación en el debate, pero siempre con la firme voz de alerta sobre los peligros que conllevan este tipo de tecnologías en el acto electoral.

Pese a la difusión pública de un supuesto consenso sobre la Boleta Electrónica, desde Vía Libre nos oponemos de forma contundente y clara, ya que consideramos que no están dadas las condiciones para disponer de un sistema que pone en serio riesgo el secreto, la integridad del voto ciudadano. y la posibilidad de auditar el sistema electoral.

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