Este documento analiza el Decreto 274/2025, que amplía las capacidades del Estado para recolectar y compartir datos personales en el marco de políticas de prevención de lavado de activos y ciberseguridad. Examina en particular los cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF) y la reubicación de la política de ciberseguridad dentro de la SIDE, señalando los riesgos que implican para la privacidad y los derechos fundamentales. El análisis contrasta estas modificaciones con la Ley 25.326 y los estándares internacionales de protección de datos, en un contexto ya marcado por vacíos regulatorios y falta de controles. Se complementa con hallazgos previos de la Fundación Vía Libre sobre el tratamiento estatal de datos personales.
Datos personales, fines secretos: nuevas habilitaciones para la SIDE y la UIF
