A medida de la voluntad del oficialismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves pasado la modificación de la ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública, una norma que regula las políticas de seguridad de persecución penal entre las que se encuentra el sistema de cámaras de videovigilancia en el espacio público.
Pese a las advertencias emitidas por las organizaciones que nos acercamos a los y las legisladoras y a las reuniones de comisión, el debate no se amplió ni se llevó a Comisión de Derechos Humanos y Garantías, tal como habíamos solicitado junto a varios legisladores que hicieron suya nuestra demanda de profundizar un debate necesario antes de legitimar una práctica que amenaza derechos ciudadanos.
Compartimos aquí el último dictamen del proyecto finalmente tratado en recinto, que incluye la creación de una comisión de seguimiento del sistema de reconocimiento facial pero que reduce notablemente las obligaciones del Poder Ejecutivo de la CABA en materia de información para seguimiento y control.
Además, y dado que es indispensable que este tipo de debates se haga público, compartimos el fragmento de la sesión del Jueves 22 de Octubre dedicado al trámite parlamentario del proyecto de marras.