Comunicado ICCSI: Urge reformar los servicios de inteligencia y establecer mecanismos efectivos de control democrático

A continuación el comunicado de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), de la cual la Fundación Vía Libre forma parte.

ICCSI repudia el espionaje ilegal que alcanza a periodistas, políticos, organizaciones sociales, académicos e incluso a una de las organizaciones integrante de nuestra iniciativa.

Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) repudiamos el espionaje ilegal realizado sobre políticos, periodistas, organizaciones sociales y académicas que salieron a la luz en las últimas semanas. Lamentablemente, lo que estamos viendo no nos sorprende. Estas causas judiciales abiertas dan cuenta de un fenómeno sobre el que venimos trabajando desde hace años: el descontrol y la utilización espúrea del servicio de inteligencia del Estado argentino.

Es indispensable profundizar y analizar cada caso en su particularidad. Todos son igual de graves, pero responden a lógicas y características propias.

El caso de espionaje sobre políticos de todas las fuerzas políticas que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora a cargo del Juez Villena deja al descubierto maniobras delictivas que han sido práctica común en los servicios de inteligencia. Quienes hemos seguido de cerca la causa AMIA sabemos que estas prácticas de connivencia mafiosa no son excepcionales. Nadie duda de que estas acciones son ilegales e injustificables.

Al mismo tiempo, la actual intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) revela situaciones de espionaje ilegal sistemático sobre militantes de fuerzas políticas, activistas, organizaciones opositoras y periodistas. Estos casos, además, han sido justificados o minimizados por ex funcionarios y medios periodísticos. Las prácticas de espionaje ilegal basadas en el control ideológico de más de 500 personas, incluyendo periodistas, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil entre los que se cuenta la Fundación Vía Libre, integrante de ICCSI, son realmente inadmisibles y contrarias a la legislación nacional a pesar de las explicaciones ofrecidas por la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La conformación de fichas de perfiles en función de la orientación política, la pertenencia a movimientos sociales y el activismo forman parte de las prohibiciones taxativas en las funciones de los servicios de inteligencia.

Si debemos resumir esto en breves palabras, desde ICCSI queremos enfatizar que no sólo se trata de un incumplimiento flagrante de la legislación vigente por parte de la cúpula de la AFI y las autoridades políticas responsables, sino que en paralelo se produjo una cadena de fallas estructurales de los mecanismos previstos para controlar al sistema de inteligencia. Además, la Agencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales fracasó una vez más en su misión de velar por los derechos de la ciudadanía en estas áreas fundamentales. La Justicia en sus diferentes niveles legitimó los argumentos de la propia AFI en relación a la invocación de secreto. Y finalmente, pero no menos importante: la Bicameral de Control abdicó una vez más del mandato que justifica su existencia como órgano de contralor fundamental.

La división eventos especiales: ¿qué sabemos sobre lo que pasó?

Durante la gestión de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo (2015-2019) se realizaron en Argentina tres eventos internacionales de gran magnitud y requerimientos especiales de seguridad: Los Juegos Olímpicos de la Juventud, la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (2017) y la Reunión del G20 (2018). Los tres eventos supusieron enormes desafíos para la seguridad de las delegaciones participantes, especialmente estos dos últimos en los cuales se destaca la participación de funcionarios de alto nivel y presidentes de diversos países del mundo. Estos eventos fueron usados como justificación para el espionaje ilegal.

Durante la Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Buenos Aires en diciembre de 2017, el gobierno argentino, a cargo de la organización, mostró a las claras una línea de conducta: al menos 64 personas ya acreditadas ante el organismo internacional en su sede de Ginebra y admitidas por este fueron vetadas por el gobierno argentino, que ordenó el retiro de sus acreditaciones. Además se les advirtió que no viajaran a Argentina porque iban a ser rechazadas en migraciones. Las autoridades a cargo en frontera recibieron esa lista de personas a las que debían rechazar el ingreso al país. Varias personas fueron demoradas y algunas incluso deportadas. La pregunta inmediata fue ¿quiénes y cómo confeccionaron esa lista?

Todos los caminos recorridos en gestiones formales e informales condujeron directo a la Agencia Federal de Inteligencia. Sin embargo, nadie se hizo cargo de tal tarea.

A partir de entonces, y a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales, se iniciaron diversas acciones de habeas data por parte de las personas damnificadas con la exclusión y la desacreditación al evento y un pedido de acceso a la información. Todos los mecanismos fracasaron. Las autoridades a cargo de la Agencia de Acceso a la Información y Protección de datos justificaron la negativa gubernamental y rechazaron los pedidos en favor de los ciudadanos alegando que no había ninguna evidencia concreta del espionaje. Las diversas acciones judiciales ante el fuero Contencioso Administrativo se toparon con respuestas similares. Esas causas están hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El escribano Gustavo Arribas estampó su firma en sendas respuestas en las cuales negaba toda injerencia en el proceso de acreditación ante la OMC, mientras en paralelo establecía cláusulas de secreto a todas las solicitudes de acceso a la información recibidas y respondidas de manera insuficiente.

La Bicameral de Fiscalización y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio y ausente de todo el proceso.

La documentación presentada por la actual intervención de la AFI ante el juzgado de Martínez De Giorgi indica que nuestra demanda era absolutamente atinada y que lo que tanto denunciamos era efectivamente lo que estaba ocurriendo. Si no fuera por este hallazgo, esta práctica ilegal hubiera quedado silenciada y ocultada tras las cláusulas de secreto imperantes.

Este caso demuestra una vez más que lo que venimos demandando desde hace años es urgente. Es indispensable definir de forma acotada y estricta las funciones de un organismo de inteligencia ajustado a los principios de la democracia vigente, estructurar minuciosos y estrictos mecanismos de control no sólo sobre los fondos que administra el organismo sino sobre las acciones y las prácticas que realiza, es indispensable además fijar pautas de levantamiento de secreto y documentar, declarar y en caso de ser necesario destruir las bases de datos con perfiles de la ciudadanía confeccionadas de manera ilegal.

Los escándalos que inundan hoy las páginas de buena parte de los medios argentinos y que están cobrando cada vez más visibilidad a nivel internacional son una oportunidad única para dar cuenta de la urgente necesidad de ajustar los sistemas de inteligencia a las pautas del Estado de Derecho y arbitrar todos los medios necesarios para estructurar un eficiente sistema de control que garantice un verdadero Nunca Más a las prácticas de inteligencia ilegal en Argentina.

Por último, consideramos importante advertir acerca de la utilización de la información que está tomando estado público. Además de la coincidencia temporal de las recientes investigaciones judiciales y denuncias de la AFI, se está tornando habitual distribuir o “filtrar” escuchas, diálogos, imágenes, filmaciones y datos sobre personas u organizaciones que fueron víctimas de espionaje para ser publicadas en medios de comunicación. Más grave aún, algunos de estos datos se “filtraron” antes de formalizarse las denuncias que hoy se conocen, y también se permitió la divulgación indebida de escuchas judiciales que deberían haber sido destruidas. Nada de esto corresponde: las causas judiciales son de indudable interés público, pero todos los ciudadanos, sean oficialistas, opositores, personas públicas o desconocidos, tienen derecho a la intimidad. Sin su consentimiento, la información no debe ser publicada ni tampoco difundida para ser publicada y sus derechos personalísimos deben ser respetados.

Desde ICCSI estamos a disposición de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones frente a esto para contribuir en esta urgente y fundamental tarea.


Sitio web de ICCSI

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1 respuesta

  1. 12 de junio de 2020

    […] el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), de la cual la Fundación Vía Libre forma parte, emitieron un comunicado en el que indicaron que “queremos enfatizar que no sólo se trata de un incumplimiento flagrante […]

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