Sobre el nuevo Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas

Este martes, se publicó en el Boletín Oficial el Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Desde el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y Fundación Vía Libre advertimos que las observaciones críticas que presentamos en reiteradas ocasiones, no han sido incorporadas en su totalidad y que varios de nuestros interrogantes continúan sin respuesta. Especialmente, queremos enfatizar que no se ha respondido ninguna de las cuestiones vinculadas al uso de tecnologías de recolección de datos y procesamiento de información que se suelen utilizar en las tareas de OSINT (Inteligencia de Fuente Abierta). 

En este marco, la actividad de inteligencia policial sobre fuentes digitales abiertas que el protocolo regula sigue incumpliendo preceptos básicos constitucionales. En este sentido, insistimos con el hecho de que esta resolución no puede avanzar sobre las explícitas prohibiciones a la realización de inteligencia sobre la ciudadanía  reguladas en el marco legal vigente.

Mientras reiteramos que las tareas de monitoreo de redes sociales, aún en el marco de la emergencia de Covid19 son reñidas con la Constitución y tienen impacto sobre diversos derechos de la ciudadanía, seguiremos de cerca la implementación del protocolo.  

Ante la decisión del Ministerio de avanzar con la medida a pesar de las diversas recomendaciones y advertencias, esperamos ser convocados a la mesa consultiva que se crea en ese mismo acto, para velar por la indispensable transparencia en cualquier proceso de este tipo y en la construcción y seguimiento de indicadores de la actuación de las fuerzas en cumplimiento de los principios que el mismo protocolo insta a tomar como directrices. Es indispensable observar de cerca que no se cercenen derechos constitucionales de la ciudadanía y se fijen los rigurosos límites a cualquier actuación desmedida que impacte sobre la privacidad, el derecho a la reunión y la protesta, el debido proceso y la libertad de expresión en el entorno de las redes sociales.  

Por otra parte, instamos a que se promueva un urgente debate legislativo sobre estas actividades, para resguardar la debida protección del Estado de Derecho. 

Fundación Vía Libre

ILSED – Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

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