Libros liberados, piratería y derechos de autor: el debate que cargó las tintas

Esta noticia fue publicada originalmente en el sitio web de La Voz. Periodista: Javier Mattio.

Junto a la expansión del nunca del todo asimilado libro digital, la pandemia motivó la liberación de ejemplares virtuales encendiendo de nuevo una polémica que lleva años y que empuja a abrir debates. Los límites entre gratuidad, comunidad online, piratería y violación de derechos de autor son casi invisibles e intensifican las fricciones en un escenario de encierro, conexión en red y miseria económica.

Ya a comienzos de marzo, cuando diversas editoriales (multinacionales y autogestionadas) liberaron ejemplares con consignas como #YoMeQuedoEnCasaLeyendo o #Leamosencasa, las aguas comenzaron a dividirse entre autores que decidieron voluntariamente regalar algunos de sus libros (Felipe Pigna, Claudia Piñeiro) y otros que se negaban rotundamente a hacerlo (Florencia Canale, Fernanda García Lao). 

Los argumentos de los primeros –compartidos por instituciones como la fundación El Libro, que organiza la Feria del Libro y la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires- giraban en torno a la excepcionalidad de la cuarentena; los segundos apuntaban a defender el trabajo rentado del escritor y a cuestionar las estrategias de marketing editoriales en un panorama de precarización autoral y crisis sectorial.

Si la industria ya venía en caída libre –la Cámara Argentina del Libro registró una baja de casi el 50 por ciento en la publicación de ejemplares desde 2016 para acá-, la pandemia no ha hecho sino agudizar el estado de cosas: en abril de este año la producción se redujo a la mitad con respecto a abril de 2019 a la vez que se paralizan las cadenas de pagos, se suspenden eventos claves y se cierran librerías. En ese contexto alarmante surge un dato ilustrativo y es que la producción de e-books fue por primera vez mayor a la de libros de papel.

Con más razón aún, la discusión en torno a regular la circulación de libros virtuales –de manera más o menos flexible- se torna indispensable y pide la intervención de escritores, lectores, sellos, el Estado e instituciones culturales y educativas.

Discusión álgida

El conflicto latente entre partes se hizo mucho más álgido en los últimos días, cuando Camila Sosa Villada cuestionó desde su cuenta de Facebook la disponibilidad sin autorización para la descarga de su trabajo por parte del grupo Biblioteca Virtual de la misma red social, que también había difundido PDFs de autoras como Samanta Schweblin y Mariana Enríquez así como de best sellers globales y clásicos.

“Ustedes robaron para un grupo de quince mil personas los únicos dos textos por los que hice una diferencia por mi trabajo como escritora: El Viaje Inútil y Las Malas. No es menor lo que han hecho. Con el dinero de esos libros, por primera vez pude pensar en otras cosas, además de sobrevivir”, escribió la autora y performer en un posteo reciente. 

Selva Dipasquale, administradora de Biblioteca Virtual, respondió al embate: “Parece que hay que volver a aclararlo, la Biblioteca Virtual es un lugar para disfrutar, compartir y difundir. Es un espacio público, una biblioteca pública. A las personas que presentaron objeciones, dejen de preocuparse por los pdf, que no tenemos impresora, ni plata para la tinta, ni tiempo para descargar ni leer tantos libros. Es sólo una ilusión, un deseo”, advirtió.

Acceso a la lectura

Referentes como Elsa Drucaroff, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Julián López y Dolores Reyes y entidades como la Unión Argentina de Escritoras y Escritores denunciaron el gesto como piratería, mientras que otros –como había pasado antes- señalaron los tratos injustos de la industria y privilegiaron al lector.

“Los derechos de autor son necesarios, especialmente para defender a los escritores de la voracidad de las empresas editoriales. Los derechos de autor, en cambio, no están ni deberían estar pensados para limitar el acceso a la lectura (…) ¿Quiénes fundaron y sostienen las bibliotecas –populares, públicas–, que tanto han hecho por la lectura en la Argentina? Lectores, indudablemente. Gente que ama leer y que quiere compartir su pasión con otros. Lo mismo ocurre con quienes comparten libros digitales”, escribió Sergio Olguín en una columna en Clarín. 

María Teresa Andruetto, de prestigiosa trayectoria local como activista de la lectura, escribió en Facebook: “Los lectores leemos de prestado, los lectores vivimos prestando (y perdiendo) libros y yendo a bibliotecas y comprando usado y leyendo PDF o e books o fotocopias además de hermosos libros en papel, cuando podemos comprarlos. Muchos lectores no pueden pagar los libros, o por lo menos no pueden pagar tantos libros como quieren/necesitan leer. No es de ahora, es de siempre (…) La lectura siempre estuvo asociada al préstamo, al usado, a la biblioteca, a la circulación subterránea, ilegal, secreta. Esa es una parte de las prácticas reales de lectura en nuestro país”.

Vislumbradas las aristas argumentales en curso –que han virado también a si la escritura debe o no entenderse como trabajo rentable-, queda mucho por hacer en cuanto a la precisión de las dimensiones del derecho de autor y el acceso a la lectura, lo que exige asimismo atender a los canales donde se entabla la conversación. Tanto las redes sociales (privadas) como el ámbito legislativo resultan desesperadamente limitados como espacios participativos. La búsqueda de condiciones de producción, distribución y recepción más equitativas amerita foros de mejor comunicación, responsabilidad y calidad al nivel de la transformación crítica de la actividad. 

A continuación, el análisis de dos especialistas en el tema.

Las preguntas que deberíamos hacernos

Por Beatriz Busaniche, presidente Fundación Vía Libre, Magíster en Propiedad Intelectual de FLACSO.

Es indispensable dar la discusión evitando posturas maniqueas. El problema más grande es que se discute desde las tripas y no desde la información y el estudio del derecho de autor. Otro problema es que la discusión se da entre partes interesadas y se pierden voces de bibliotecas, de la educación, del mundo académico, museos, archivos y organizaciones barriales. Parece que todo fuera una puja entre lectores y autores, de consumidores piratas frente al mundo de la cultura. La industria cultural es parte de la cultura pero no es toda la cultura ni mucho menos la única voz autorizada para hablar de cultura. Hay una gran comunidad de personas que nunca son escuchadas en esta discusión, que no tienen la visión materialista o rentística de la cultura, de la propiedad intelectual en términos de propiedad como bienes tangibles. 

Otro de los problemas es que se mimetizan autores e industria. Cuando los autores que se quejan por la gratuidad no cobran lo que probablemente deberían cobrar, o no tienen un salario digno o una relación digna de ingresos o seguridad social ni derechos laborales están mirando entonces el lado equivocado. Los lectores no firmamos contratos con ellos sino que somos eventualmente quienes accedemos al producto de su trabajo ya sea que lo vayamos a comprar, nos lo regalen, lo veamos en una biblioteca y demás. Otro cliché es “el derecho de autor es el salario del autor”. Lo cierto es que la propiedad intelectual y los derechos salariales son elementos de naturaleza jurídica distinta. El sistema de propiedad intelectual no es un sistema salarial. ¿Cuál es la condición laboral de los autores? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque en función de la respuesta podremos cargar las tintas sobre los puntos reales donde está la explotación.

La explotación no la hacemos quienes recomendamos un libro o compartimos un autor con estudiantes. Nosotros no tenemos responsabilidades laborales. Si el autor se considera un trabajador de la cultura entonces quizás tenga que empezar a pensar en términos de derechos y repensar el modelo contractual con la industria, donde es el eslabón más delgado de la cadena. Hay que darse un debate profundo sobre cómo cumplir con las tres patas de los derechos culturales: el acceso, la participación cultural y el otorgar a autores e inventores un nivel de vida digno. Es el fin de derechos culturales reconocidos en los derechos humanos.

Hay que discutir sobre producción editorial

Por Alejandro Dujovne. Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet.

El affaire PDFs tocó y tensionó aspectos centrales del funcionamiento del mundo del libro argentino y no solo argentino. Distinguir algunos de esos núcleos permite corrernos de las reacciones exacerbadas y dar paso a una discusión acerca de las formas de producción editorial, literaria e intelectual en nuestro país.

Primero, la literatura concebida como “arte puro” o como “trabajo”: esta oposición, que nace en Europa a mediados del siglo XIX, no es, como puede sonar a priori, una discusión abstracta. Implica debatir sobre el ingreso y subsistencia de quienes deciden y pueden dedicarse a la escritura, sobre el proceso de profesionalización y el estatus laboral del escritor con relación al mercado y al Estado. Buena parte de quienes sostienen que ser escritor es un trabajo no niegan que también sea arte, sino que no están dispuestos a ceder la dimensión laboral que los hace susceptibles de contar con marcos legales y económicos similares a los que regulan otra clase de trabajos. En este punto se juegan, por supuesto, las dimensiones del mercado. Un mercado empobrecido como el argentino que además ha perdido mercados externos conspira contra la posibilidad de que más autores y autoras pueden tener un ingreso relevante a partir de su obra.

Segundo, el acceso y el derecho a la cultura frente al derecho de quienes producen: planteada así, sin adentrarse en las condiciones de producción y circulación en Argentina, esta oposición lleva a una discusión inconducente y destructiva: “como en la Argentina los libros son caros y hay pocas librerías en gran parte del país, entonces liberemos los libros de forma digital” dicen quienes llevan al límite la primera postura sin distinguir la clase de libros y autores que se comparten. Esa idea supone desentenderse de los autores, traductores, editores, diseñadores, distribuidores y libreros detrás de la existencia y calidad de los libros. Presentada en estos términos, la discusión esquiva problemas estructurales que atañen al derecho a la lectura como el oligopolio en la producción del papel y su impacto en el precio de los libros, la ausencia de políticas públicas de promoción de librerías en el territorio nacional, las formas de potenciar el rol de las bibliotecas o el mejor uso de las tecnologías digitales.

Tercero, algunos de los argumentos más enfáticos presentaban a la libre circulación de PDFs como un acto de justicia frente al poder económico y las prácticas de los grandes grupos. Más allá de que los modos reales de encarar el problema de la concentración editorial en la Argentina sean de otro orden y exijan tiempo y trabajo político y que esta postura atente contra los autores, lo cierto es que parte de los libros que circularon sin autorización fueron publicados por editoriales independientes. Podríamos sumar más puntos a esta breve enumeración, pero creo que son suficientes para advertir la importancia de avanzar en discusiones de fondo y evitar quedar atrapados en posturas maniqueas que solo llevan a reforzar creencias previas.

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