El Gran Hermano porteño

Este artículo fue publicado por ANCCOM, la Agencia de noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad implementó un sistema de reconocimiento facial para detectar y arrestar personas con pedido de captura judicial. Especialistas e instituciones advierten sobre la vulneración a la privacidad y los riesgos del sistema de monitoreo.

La identificación permanente y en tiempo real de cualquier persona que pase delante de una cámara dejó de ser ciencia ficción. El jueves pasado entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que procesa las imágenes en forma rotativa de 300 de las 7.000 cámaras que hay en la vía pública y las estaciones de subtes.

El funcionamiento del software de inteligencia artificial consiste en cotejar el rostro filmado con la base de datos a nivel nacional de las personas con pedido de captura. Si hay coincidencia aparece una alerta en el centro de monitoreo y se pone en acción el operativo policial. Para obtener las imágenes de los prófugos se firmó un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Según el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad, Diego Santilli, en las primeras dos horas y media de implementado el sistema se detuvieron a diez personas y aseguró que «es sólo para aquellas personas que están buscadas por la Justicia. Nadie va a querer que haya 30.000 personas con pedido de captura y no las podamos agarrar. En febrero agarramos a un tipo que tenía 10 años de condena por secuestrar personas. Lo que quiere la sociedad es que los agarremos”.

Sin embargo, el software debe observar a toda la población para detectar a los prófugos. Para la presidenta de la Fundación Vía Libre y especialista en temas de derechos humanos en entornos tecnológicos, Beatriz Busaniche, el sistema avanza directamente sobre la privacidad y la presunción de inocencia de las personas: “Todos estamos siendo monitoreados permanentemente en búsqueda de criminales, pero somos inocentes. Si nos pidieran permanentemente el DNI en la calle lo veríamos con malos ojos, como un estado autoritario. También, entra en riesgo el derecho de reunión y de libre circulación. Todas las acciones del espacio público podrían verse de alguna forma desincentivadas, como la movilización en una protesta callejera”.

Aunque el SRFP comenzó el jueves último, hace cuatro meses que se están realizando pruebas con el objetivo de perfeccionar el software.  “Estas tecnologías tienen alto grado de inmadurez y fallan. Cuando se implementó en Gales, en un partido de la Champions League, hubo un 90% de falsos positivos”, explica Busaniche.

Cuando empezaron las primeras pruebas en enero, sin anuncios oficiales, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires inició una actuación administrativa pidiendo informes al Gobierno, a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). “No tuvimos respuestas más que de SBASE y CNRT. Dijeron que no estaban al tanto de la medida”, contó a ANCCOM María Julia Giorgelli, subcoordinadora del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría.

“En la última Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Comisionados de Privacidad se alertó que el tratamiento de datos biométricos mediante sistemas de inteligencia artificial tiene que ser permanentemente auditado y se debe informar a todos los sujetos involucrados cómo se realiza. Hay en juego libertades individuales, no puede ser que uno no sepa cómo se manejan esos datos. El derecho a la información es uno de los primeros problemas que tenemos acá”, agregó Giorgelli.

Por otra parte, la Defensoría se pregunta por qué el SRFP no ha pasado por la Legislatura porteña cuando el artículo 80 de la Constitución de la Ciudad dice que le corresponde a ese órgano disponer en materia de seguridad pública. En esta misma línea, el bloque Unidad Ciudadana presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo solicitando detalles sobre la licitación de compra del sistema, las características técnicas, el área del Ministerio de Seguridad que será la encargada del funcionamiento y qué medidas se adoptarán para asegurar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.  No obstante, en la sesión parlamentaria del 11 de abril la solicitud fue rechazada y regresó a la Comisión de Seguridad. La legisladora de Unión Ciudadana, Victoria Montenegro, expresó que esto es un problema porque “en lo que va del año, la Comisión nunca se reunió”.

“Estamos muy preocupados, parecen temas menores pero estamos hablando de nuestra seguridad. El índice de delitos en la ciudad aumentó y la cuestión no es la fuerza de seguridad, sino la política. Los objetivos no están claros. Hay más policías, más presupuesto y más tecnología, pero también más delitos”, concluyó Montenegro.  Habrá que esperar para saber si viviendo permanentemente monitoreados se tiene una ciudad segura.

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