A principios de 2017, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lanzó un debate público para dirimir si es necesario o no reformar la ley de propiedad intelectual y cuáles deberían ser los cambios apropiados para dicha normativa.
Para tal fin se habilitó un espacio de trabajo en la Plataforma Justicia 2020, un foro de participación abierta al público habilitado por la cartera dirigida por Germán Garavano.
En esa plataforma, la DNDA publicó un texto disparador del debate con los ejes temáticos que tendrá una potencial reforma de la ley de propiedad intelectual en Argentina. Desde la Fundación Vía Libre, manifestamos nuestra preocupación por el enfoque abierto en la plataforma y por la magra consideración hacia las posiciones orientadas al interés público que se despliegan en ese debate.
Hasta el momento, no se ha visto ningún borrador de proyecto de ley, aunque se espera que el resultado de esa consulta sea un texto consolidado que el Poder Ejecutivo volcará al Congreso Nacional sobre finales de 2017 para su tratamiento en 2018. En la construcción de este proyecto, la orientación del PEN parece estar orientada especialmente a una visión punitivista de la regulación del Derecho de Autor con la incorporación de más actores sectoriales que se beneficiarían de esta regulación en desmedro de instituciones educativas, bibliotecas, archivos y ciudadanía en general.
A continuación reproducimos el documento publicado por la Dirección de Derechos de Autor que sirve de disparador del debate y sobre el cual estamos trabajando las organizaciones que damos activamente la discusión pública sobre el estado actual de la propiedad intelectual en Argentina.
Descargar documento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Entre los aspectos más preocupantes del documento es indispensable destacar que las flexibilidades propuestas no alcanzan para satisfacer las necesidades de las diversas comunidades afectadas, en particular las instituciones educativas que se verían perjudicadas en el caso de que se apruebe el decreto para que CADRA recaude derechos reprográficos.
Otro aspecto preocupante tiene que ver con la orientación netamente punitivista, mientras que las organizaciones de bien público defendemos una posición que apele menos al fuero penal, la propuesta estima que el fuero civil es insuficiente y anticuado.
La regulación de DRMs, la responsabilidad de intermediarios y empresas de Internet, mayor vigilancia en la red, la tipificación penal de más acciones realizadas por los usuarios aparecen en el horizonte de la próxima reforma, por lo que desde Vía Libre llamamos a las instituciones de bien público orientadas al acceso a la información y los derechos culturales a tomar acción frente a un avance más en una materia que tiene fundamental impacto en derechos humanos tales como el derecho a la educación y a la libre participación en la cultura.