El jueves 10 de julio, el Diario La Nación publicó una editorial donde recoge nuestra preocupación por los anuncios del Ministro Florencio Randazzo sobre el nuevo DNI.
La editorial expone nuestra preocupación y la de organizaciones colegas sobre los avances que supone esta anunciada implementación en relación al derecho a la intimidad y la protección de datos de los ciudadanos.
A continuación, reproducimos la editorial del Diario La Nación.
La peligrosa pulsión por controlarlo todo
El nuevo DNI previsto para 2015, que almacenará múltiples datos sensibles de los ciudadanos, representa una intromisión en la privacidad de las personas.
El anuncio del gobierno nacional sobre el lanzamiento de un nuevo DNI con mayor tecnología dispara, por lo menos, dos dudas tan razonables como preocupantes. La primera es por qué nuestro país ha de embarcarse en la emisión de un nuevo documento, siendo que el DNI ya se ha modificado dos veces en los últimos cuatro años -ésta será la tercera-, y la segunda, por qué ha de contener, además de los datos identificatorios de la persona, otros vinculados con su historia clínica, la Anses, el PAMI y la tarjeta SUBE.
La explicación que dan las autoridades es por ahora insatisfactoria, pues sólo refieren a la necesidad de simplificar trámites, evitando el papeleo y múltiples identificaciones. Hacer hincapié en esas supuestas ventajas es pueril y riesgoso. Incorporar tecnología vinculada a datos sensibles de las personas, como su condición médica, información sobre la seguridad social y sobre el uso que hacen del sistema de transporte, las torna vulnerables al uso indebido de esos datos, ya sea por parte de privados y del propio Estado.
Las políticas masivas de identificación importan una intromisión inaceptable en la vida privada de las personas. Muchos países, que partieron del supuesto de los beneficios del aprovechamiento de una mayor tecnología, decidieron dar marcha atrás. Ocurrió en Inglaterra, en 2010, donde la presión ciudadana impidió que se adoptara un documento como el que se nos obliga a tener a los argentinos desde 2015, a medida que vayan venciendo los vigentes. Lo más curioso es que ni siquiera España -país con el que nuestro gobierno firmó el convenio para el nuevo DNI- incluye tanta información en los documentos de sus ciudadanos.
Esa digitalización -como explicó el sociólogo y miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad y Visibilidad (Lavits) Andrés Pérez Esquivel- permite construir perfiles sociales y monitorear patrones de movilidad y consumo de la población. Entre los riesgos, también señaló que el decreto de creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios), de 2011, no estipula mecanismos de control institucional ni civiles y que, en principio, todas las fuerzas de seguridad del país pueden acceder a la base de datos biométricos.
Un ejemplo de lo dicho resulta más que claro: en 2013, una falla de seguridad hizo que se descargaran en el padrón electoral las fotos de los electores. El Registro Nacional de las Personas admitió el error, pero responsabilizó al Poder Judicial. Mientras tanto, muchos ya se habían hecho de esa valiosa información. Valga recordar, además, que por la tarjeta SUBE la Justicia pudo acusar a un hombre que había robado en un colectivo. El ladrón fue detenido en la calle y negó haber viajado en ese transporte público. A partir de la información de la tarjeta SUBE, la Justicia comprobó que mentía, por lo que la Cámara del Crimen le confirmó su procesamiento. Pero ¿qué pasaría si esa información, en vez de ser usada por la Justicia, es utilizada por delincuentes para saber cuáles son los trayectos y horarios de viaje de una persona? ¿Por qué debería el Gobierno poder acceder a esos datos que de nada le sirven, salvo que, de alguna manera, quiera controlar a los ciudadanos?
Durante la gestión de Nilda Garré en Seguridad, se supo de la existencia del Proyecto X, un sistema denunciado por militantes sociales que vieron cómo la Gendarmería tomaba imágenes de sus movimientos callejeros. Según el Gobierno, no se trató de un sistema de espionaje. La cuestión, sin embargo, no ha quedado saldada. Muy por el contrario, las fundadas sospechas se han acentuado.
¿Qué seguridad brinda saber que el Estado se dispone a contar con más instrumentos y más tecnología, si escasean los controles y si nos enteramos de proyectos cuestionables sólo una vez que alguien los denuncia? ¿Acaso no se ha valido ya este gobierno de los datos de organismos públicos para amedrentar y someter a voces críticas?
Datos sensibles no sólo tienen los Estados. También los individuos gozan del derecho a que no se den a conocer cuestiones tan vitales como las que ahora se ventilarán con el nuevo DNI.
En un comunicado conocido tras el anuncio del nuevo documento “inteligente”, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) cuestionaba: “La visión que parece imponerse en el Estado es que cualquier avance tecnológico es deseable. Y ello no es así. Desde el punto de vista constitucional, las políticas de identificación masiva representan una afectación a la privacidad, que pone en riesgo ese derecho fundamental”. En tanto, la Fundación Vía Libre advirtió sobre la urgencia de “una evaluación profunda y una discusión amplia sobre la necesidad de recoger y centralizar semejante cantidad de datos personales por parte del Estado”.
Por otro lado, y como ya hemos dicho, se trata del tercer cambio de DNI en menos de cuatro años. La primera versión fue la que suplantó a la libreta verde. Se la cambió por una celeste, con una tarjeta. El segundo paso incluyó el nuevo pasaporte, que contiene un chip con los datos biométricos de las personas, cuya confección le fue quitada a la Policía Federal. Después vino una nueva versión del DNI, que reemplazó a la libreta celeste: una tarjeta con que se votó por primera vez el año pasado.
El nuevo DNI está previsto para 2015, año de elecciones generales. Según datos del propio gobierno, se entregaron 37 millones de documentos desde que se implementó el DNI de 2012. Menos de dos años después, se lanza uno supuestamente superador por la incorporación de más tecnología.
El año pasado, el creador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo que la Argentina es el país “con la vigilancia más agresiva de América latina”. Y lo dijo por el documento anterior, aún menos sofisticado.
Es de esperar que, una vez puesto en marcha el nuevo DNI, las autoridades extremen los controles para evitar que se cumplan todas estas advertencias, garantizando la identidad y el derecho a la privacidad de todos y cada uno de los ciudadanos.