“El proyecto del Diputado Obiglio viola estándares de Derechos Humanos”

Con esta declaración a la revista Information Technology, Eleonora Rabinovich, Directora del área de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles manifestó su preocupación por el proyecto de “Responsabilidad de los proveedores de servicios de intermediación en Internet” presentado por el Diputado del PRO Julián Obiglio.

Eleonora Rabinovich sostuvo que “el proyecto no exige orden judicial sino que además habilita a cualquier persona privada a notificar y solicitar la remoción de contenidos que supuestamente afecten sus derechos. Esto es sumamente problemático ya que son los jueces los que deben evaluar las supuestas violaciones de derechos y, en todo caso, balancear el derecho a al libertad de expresión con otros derechos en juego, en un proceso judicial que respete todas las garantías del debido proceso. La no exigencia de orden judicial viola los estándares internacionales de derechos humanos”.

En la misma revista, presentamos la posición de Fundación Vía Libre al respecto. El artículo firmado por Felix Ramallo destaca que el proyecto es inviable y vulnera los estándares básicos de Libertad de Expresión en Internet.

Busaniche sobre el proyecto de ley del PRO: “No es viable en absoluto”

Por Felix Ramallo para Information Technology

Regular la responsabilidad de los sitios de Internet. Ese es el objetivo de un proyecto de ley presentado por el diputado nacional del PRO, Julián Obiglio. En el mismo sostiene que los sitios web que alojen contenido de terceros deberán bloquear el acceso a los mismos o darlos de baja ante la denuncia de violación de “derechos personalísimos”, sin necesidad de una orden judicial. Para eso, el reclamo se podrá hacer a través de un correo electrónico y solo podrán realizar la denuncia las personas afectadas o sus representantes.

Expertos en privacidad en Internet, y desde el mismo PRO (la diputada Laura Alonso se mostró en contra de este proyecto en Twitter), sostienen que el proyecto de ley no es la respuesta que necesita el vacío legal existente en el país para estos temas.

Laura Alonso @lauritalonso

@beabusaniche no comparto ni el contenido ni el enfoque. sugiero q le escriban al autor y se reúnan c él p comentarles sus preocupaciones
27 nov 12

Beatríz Busaniche, secretaria de la Fundación Vía Libre y Public Leader de Creative Commons en la Argentina, habló con Infotechnology.com y dijo que el “el proyecto de ley es muy confuso en términos de redacción. Queda claro que no soluciona los problemas derivados de la falta de regulación en materia de responsabilidad de intermediarios, en particular en relación a los temas de propiedad intelectual, que deja expresamente afuera de la regulación en su artículo 4”.

– ¿Cree que es una ley que beneficia más a las empresas que a los usuarios? ¿O a los dos por igual?
Un proyecto de ley así no parece beneficiar a nadie en particular y deja muy desprotegida la libertad de expresión en Internet, ya que no contempla el debido proceso judicial para dar de baja contenidos de la red. No sólo no beneficia a los usuarios y ciudadanos en general, sino que perjudica ampliamente a la industria de Internet en la Argentina, al establecer un marco regulatorio ambiguo y poco claro en términos de responsabilidad. Un tema preocupante es que, por ejemplo, incluye la responsabilidad de aquellos sitios que contienen enlaces a sitios de terceros como responsables por lo que haya en esos otros sitios si no actúan con premura ante cualquier notificación, más allá de las ordenes judiciales.

Además, contiene una cláusula -artículo 6- que dice que los proveedores de servicios no serán responsables de velar por la legalidad o no de los contenidos en estos términos. Sin embargo, no fija claramente cuáles son los mecanismos por los cuales los intermediarios se darán por notificados y no contempla el debido proceso judicial. Es decir, que se bajen contenidos sólo con orden de juez, como debería ser.
– ¿Cree que es un proyecto viable?
No parece un proyecto viable en absoluto, esperamos que los legisladores debatan este tema en profundidad y con la seriedad que requiere en términos de garantías constitucionales de libertad de expresión, que este proyecto claramente pone en serio riesgo.

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