Críticas al proyecto que fija nuevos requisitos para la compra de celulares

Este artículo fue publicado en la sección tecnología de Infobae en su edición del 13 de agosto de 2008.

* Por Ignacio Pan
Expertos consultados expresaron sus dudas acerca del plan oficial que prevé crear un padrón de líneas y dejar las huellas digitales al comprar un móvil nuevo. La opinión de los especialistas en Infobae.com

El decreto que está a la firma de la presidente Cristina Kirchner para regular la compra de celulares con el objetivo de combatir la inseguridad encuentra resistencia en el mercado local, y sospechas de que se pueda alcanzar dicho objetivo.

Las empresas de telefonía celular se mantienen en silencio mientras negocian con el Gobierno un mecanismo que haga más sencillo el trámite de identificación de una persona al momento de comprar un equipo. Sin embargo, en off the record, exponen sus dudas acerca del éxito del plan oficial.

El decreto establece que se deberán registrar los datos del cliente. En el caso de los prepagos, es decir, con tarjeta, deberán inscribirse en el registro oficial en un plazo de un año. Los que no lo hagan perderán el servicio.

El problema surge más adelante, donde se pide que se demuestre no sólo el domicilio sino además dejar las huellas digitales. Otro de los puntos complejos es la obligación de realizar la denuncia cuando pierdan el teléfono o se lo roben. Las empresas quedarían obligadas a intercambiar información sobre los celulares robados o perdidos con el fin de mantener actualizado el registro oficial.

Por último, quienes posean un celular prepago deberán demostrar que son quienes dicen ser para poder realizar cada recarga. Con todo esto, desde el Gobierno buscan frenar el uso de celulares para cometer delitos.

“Más allá de su compleja implementación, es una forma poco efectiva de combatir la inseguridad”, aseguró a Infobae.com Enrique Carrier, titular de la consultora Carrier y Asociados.

“Existe un mercado gris, con equipos robados que se vuelven a vender. Un conocido compró hace poco un chip y tenía allí dentro la agenda del dueño anterior. Allí debería estar el control, tal como hicieron con las casas de repuestos de autos”, agrega Carrier.

Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, es tajante al señalar que “en los países del primer mundo ‘el pianito’ lo tocan los delincuentes cuando son detenidos. Una medida de este tipo es única en el mundo. Ni siquiera los países acusados de violar los derechos humanos, como China, implementan una medida de este tipo”.

Enérgica, apunta que “es un atropello a los derechos civiles, a la presunción de inocencia. Se dice que se pretende reducir el delito, pero no hay pruebas de que una sociedad más vigilada tenga una menor tasa de delito. En Londres, una de las ciudades con más cámaras en las calles, la inseguridad no descendió”.

Por su lado, Daniel Monastersky, abogado especialista en delitos informáticos y titular de Identidad Robada, puntualizó que “habría que analizar, consensuar un proyecto. No se pueden tomar huellas digitales así por que sí; también debería decirse a dónde se guardarán las huellas que se tomen”.

“Es bueno pelear contra la delincuencia, pero esta no es la solución porque hay una ley de protección de datos personales. Por eso hay pasos previos que cumplir”, agregó.

En igual sentido, Busaniche consideró que una medida de este tipo “tiene un impacto en la pérdida del anonimato que, recordemos, no sólo sirve para delinquir sino para denunciar casos de corrupción, hablar con la prensa. El derecho a la intimidad es una conquista que estamos perdiendo sin poner demasiada resistencia. Y nada bueno puede salir de una sociedad que no defiende este derecho”.

Poco práctico

“Son esas cosas que suenan bien en la teoría, pero en la práctica se vuelven complejas”, dice Carrier y continúa: “Supongamos que tenemos toda la base de huellas dactilares. En los locales de venta haría falta un escáner y a la vez algún equipo para comunicarse con la base de datos principal. El costo de un sistema así es monstruoso”.

Asimismo, el consultor considera que el sistema que planea poner en marcha el Gobierno “basa su efectividad en que la persona haga la denuncia en caso de robo. Los clientes prepago no lo hacen porque en la misma comisaría los desalientan. Además, al no haber un seguro el usuario se desalienta porque el trámite demanda mucho tiempo”.

Por último, Carrier analiza que si la persona no hace la denuncia y con el celular robado se comete un delito, las fuerzas de seguridad acudirán en busca de un inocente. Pero para comprobar ello deberá moverse todo un complejo mecanismo de la Policía.

El consultor considera que, tal como sucede de manera cotidiana con los casos de inseguridad, “dependés de que la gente haga la denuncia, sino todo el sistema hace agua”.

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1 respuesta

  1. Leonidas83glx dice:

    ¡NO AL ESTADO POLICIAL!

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