A lo largo de estas páginas hemos pasado de un foro internacional a otro, de un convenio a un tratado, de un acuerdo a una reunión ministerial, y en todos estos entornos surge la misma pregunta: ¿Cuáles son los aspectos políticos de la disputa por el control del conocimiento? Vivimos en lo que se denomina hoy la “sociedad del conocimiento” y hemos sido testigos de avances científico-técnicos imaginables sólo para seguidores fervientes de la ciencia ficción.
Durante el siglo XX se demostraron más teoremas matemáticos que en todo el curso de la historia, y muchos de ellos han encontrado aplicaciones en diferentes campos de la ciencia, desde la informática hasta las humanidades. Durante ese mismo siglo, la ciencia aprendió sobre el funcionamiento del ADN y desarrolló la capacidad, hasta ahora inimaginada, de manipular la vida.
Nunca el ser humano tuvo semejante capacidad de cálculo, desarrollo científico-técnico y dominio sobre la naturaleza. Sin embargo, jamás estuvo tan al borde de provocar su propia destrucción como en los tiempos que corren. El riesgo ambiental, las armas de destrucción masiva y la imposibilidad de medir las consecuencias del uso indiscriminado de ciertos avances de la ingeniería como la manipulación genética o el desarrollo de la nanotecnología, nos ponen frente a un momento en el cual el ser humano debe necesariamente cuestionar la propia ciencia que produce y la idea de que los avances de las nuevas tecnologías son invariablemente positivos, para ponerlos en su justo escenario socio- económico y político.
Pero mientras se torna necesario preguntarnos qué hacemos con los avances científico-técnicos, tén nos sentimos obligados a preguén controla esos a quién benefician y qué modelo de sociedades estamos construyendo a partir de ellos.
Una pregunta que surge casi regularmente en las discusiones de convergencia de movimientos es ¿quién controla el conocimiento? ¿quién tiene derecho a decir sí o no a determinados avances?
En estas dos breves preguntas se dibujan algunos de los debates básicos de este tiempo.
El conocimiento, la cultura, son construcciones esencialmente sociales, colectivas. Nadie puede reclamar originalidad, y rastrear la individualidad en una obra cultural puede ser una tarea imposible. La cultura se construye colectivamente, y de la misma manera se disemina. Existen hoy las tecnologías de comunicación que facilitan y fomentan esa diseminación, pero estas mismas tecnologías, fruto de la revolución científico-técnica que vivimos, ponen en jaque un sistema de poder, el poder de controlar lo que las personas leen, escuchan, producen, ven.
La maquinaria de los medios masivos de comunicación y las industrias del entretenimiento tienen amplia experiencia en establecer agenda y decidir lo que le va a interesar a la opinión pública. Esto es, sin lugar a dudas, fruto de la concentración de medios que se ha venido produciendo en las últimas décadas, y que representa hoy uno de los problemas centrales de las democracias modernas.
No sólo se trata de mantener en pie un negocio basado en la prohibición de copiar, en la noción de que el productor tiene derecho a decidir qué se puede hacer con cada copia de sus obras sino, principalmente, en el control de la palabra.
La pesadilla imaginada por George Orwell para 1984 está más cerca que nunca con la penetración de pantallas en todos los escenarios del siglo XXI. La discusión no es sólo por la copia de una canción o la búsqueda de una película en una red de pares. La discusión está centrada esencialmente en la posibilidad de controlar, económica y políticamente, la posibilidad de 'decir'.
Así es como entran en escena los regímenes monopólicos, en muchos casos como instrumentos jurídicos de la represión. No debe haber ley más violada hoy en día que las leyes de copyright, que criminalizan a un altísimo porcentaje de las personas conectadas a Internet. Sin embargo, no hay ley más injusta que aquella que se aplica a discreción, y eso es lo que pasa con las leyes vinculadas al copyright, tales como la Digital Millenium Copyright Act de los EEUU. Estas leyes se aplican selectivamente para censurar publicaciones de estudios matemáticos, coartar la libertad de investigación y poner barreras a la diseminación de conocimiento, mientras fracasan estruendosamente en cumplir el destino que supuestamente tienen previsto, impedir la copia no autorizada. ¿Será que su destino no es entonces impedir la mal denominada “piratería” sino ser meros instrumentos de censura?
Otro tanto pasa con la radicalización del régimen de patentes hasta el punto de que “todo lo que esté bajo el sol y haya sido hecho por el hombre es patentable”. Con este ideario en mente, la Oficina de Patentes de los EEUU está otorgando una serie de monopolios esotéricos, y en ocasiones francamente ridículos, que sólo sirven como piezas en un juego de intercambio de prisioneros entre las grandes corporaciones, cartas en un juego en el que nadie puede ganar, salvo aquellos que ya han ganado demasiado y pretenden erigirse en dueños de la vida y el conocimiento.
No hay pequeña y mediana empresa, emprendedor independiente, organización social, campesino, agricultor, ciudadano común como cualquiera de nosotros, que pueda competir en un marco de monopolio de patentes tal como el que los EEUU se ha dado a sí mismo, y ahora pretende compartir, “armonizar”, con el resto de los países del globo.
Es hora de reconocer que la lucha por el control del conocimiento está en marcha hoy mismo, en los cimientos de una nueva sociedad informatizada, del conocimiento, que estamos construyendo hoy. El valor central de esta sociedad es la innovación y el conocimiento científico-técnico – nutrido en gran medida de conocimiento tradicional, heredado - y es sobre su control que debatimos hoy en día.
La pregunta que se desprende inmediatamente después de la cuestión del control, es ¿quién tiene derecho a impedir a otros el acceso al conocimiento? Y aquí es donde nos encontramos con algunas discusiones más que interesantes y seguramente complejas. ¿Tiene derecho un laboratorio a impedir que un país fabrique drogas que requiere para la salud pública, para detener pandemias o para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos? ¿Tiene derecho una corporación semillera a impedir que los más de 1400 millones de campesinos utilicen una semilla para su propia subsistencia o para mantener sus economías rurales? Es difícil responder a estas preguntas con algo distinto de un atronador “no”.
Al mismo tiempo, debemos preguntarnos también ¿tiene derecho una comunidad indígena a impedir que científicos estudien su conocimiento tradicional, lo mejoren y lo publiquen para innovar en ciertos campos de la medicina? Un “no” tan atronador como el del párrafo anterior es la única respuesta consistente, sin embargo nos encontramos a menudo con personas que luchan en contra de la apropiación del conocimiento, pero que la propician cuando los apropiadores son comunidades indígenas. Esto se explica observando la frecuencia con la que las comunidades originarias han sido avasalladas mediante la bioprospección y el posterior patentamiento de conocimientos que fueron transmitiendo de generación en generación a lo largo de siglos. De repente, las comunidades se encuentran con que otros han adquirido un monopolio sobre lo que sus miembros han sabido por siglos. El justificado sentido de haber sido despojados, en lo que algunos llaman “biopirateria”, causa en algunos la reacción de exigir que los conocimientos tradicionales sean monopolio de quienes lo custodiaron, y en otros, simplemente la exigencia de que no sean monopolizables por nadie.
Es imposible agotar estas preguntas en estas páginas. Pero también es imposible proseguir la discusión sin al menos poner estas preguntas sobre la mesa, con toda la complejidad y las dudas que generan.
A lo largo de este capítulo vamos a discutir algunas de estas cuestiones, en particular haciendo foco en los puntos de conflicto que circundan hoy el acceso al conocimiento: las patentes de software, las redes P2P, la disyuntiva entre Software privativo y software libre, y el modelo de construcción colectiva de conocimiento que representa Wikipedia.
© 2007 Beatriz Busaniche
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