Este artículo fue elaborado por Evelin Heidel y Ezequiel Acuña, miembros de Fundación Vía Libre, en cooperación con Joe Karaganis, Director de Proyectos de Cultura Digital en The American Assembly en la Universidad de Columbia, EEUU. Fue originalmente publicado en inglés en Ars Technica, y adaptado del inglés al español para el sitio de Vía Libre.
“Era puro show. Todos los fines de año eran las redadas de locales. Iban donde el dueño del local y le decían: dame cinco mil dólares, te llevas los discos esta noche. Venían los camiones y sacaban los discos, y dejaban sólo discos viejos y cajas viejas. Al otro día iba la policía, iban los intendentes y los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de anteriores gobiernos (todos se repartían el dinero). Y llevaban las cámaras de televisión, sacaban la mercadería a la calle, esas mercaderías que no servían, traían un tractor y hacían que el tractor pasara sobre los discos”.
Quien habla, Omaira Moscoso, se había dedicado la mayor parte de su vida a ser productora de cine y televisión, hasta que decidió poner un local de ventas de películas con una idea muy clara de difusión de la cultura. “Me di cuenta de que no había un lugar en la ciudad donde se pudiera acceder al buen cine, al cine que no viene de Hollywood”, dice Omaira. Así fue como empezó con El coleccionista, uno más entre los 60 mil locales en el Ecuador que venden películas copiadas, pero que se convirtió en un lugar de moda donde iban los intelectuales de Guayaquil a buscar películas de Godard, Bresson, Jodorowski y otras tantas maravillas del cine que Omaira copiaba de su colección personal, creada a lo largo de 20 años como productora y cinéfila apasionada. “El Coleccionista me hizo entender que estábamos realmente, como Estado, haciendo las cosas mal, porque le estábamos negando a nuestra gente el acceso a la cultura”.
En 2006, el Congreso ecuatoriano sancionó una ley de fomento del cine nacional, a través de la cual se creaba el Consejo Nacional de Cinematografía y se le asignaba a la producción cinematográfica nacional un presupuesto propio, que sería distribuido por el Consejo. A partir de 2007, año en que el Consejo comenzó a funcionar y a recibir propuestas de productores y cineastas nacionales, la industria cinematográfica de Ecuador creció un 300%: las cifras varían ligeramente según las fuentes consultadas, pero se estima que entre 2007 y 2012 se produjeron más de 150 películas nacionales y en coproducción. Una de las apuestas fuertes del Consejo fue integrarse a la red IBERMEDIA, de incentivo a la producción cinematográfica iberoamericana, para complementar los fondos de Ecuador con fondos provenientes de otros países, a través de acuerdos de co-producción.
Parte de estos instrumentos financieros le dieron a la industria cinematográfica nacional un impulso sin precedentes: durante toda la década de 1990, en Ecuador sólo se produjeron cinco películas nacionales. Sin embargo, la creación del Consejo fue una consecuencia de un movimiento que empezó mucho antes. En 1999, el productor cinematográfico Sebastián Cordero irrumpió en la escena local con su película “Ratas, ratones y rateros”, que se estrenó primero en el Festival de Venecia y llegó a tener un público de más de 100.000 personas en el Ecuador, una cifra impensada para aquella época. A partir de ahí, aparecieron nuevos directores y nuevas óperas primas, como la película de Mateo Herrera “Alegría de una vez”, una película cuyo equipo de producción grababa en paralelo a la producción de cortos comerciales para la empresa en la que trabajaban, y “Fuera de juego”, de Víctor Arregui. En 2004, Cordero apostó por otra película, “Crónicas”, co-financiada por México, y en ese año se estrenó también “Mientras llega el día”, de Camilo Luzuriaga. En el 2006, Tania Hermida estrenó “Qué tan lejos”, una película que alcanzó los 200.000 espectadores, lo que le permitió recuperar costos de producción e incluso obtener ganancias de su película, una situación privilegiada respecto del resto de las producciones locales.
La ley del cine fue en parte la consecuencia y no la razón de esta explosión del cine ecuatoriano. En buena medida, el boom que vivió la producción cinematográfica local se debió a la drástica reducción de los costos de las tecnologías para la filmación: sin ir más lejos, “Fuera de juego”, de Arregui, tuvo un presupuesto de 4.000 dólares y fue grabada con una cámara MiniDV. “Sin otoño, sin primavera”, de Iván Mora Manzano, producida parcialmente con fondos del Consejo, utilizó tecnologías de bajo costo, como cámaras DSLR.
En junio de 2013, la asamblea legislativa estableció cuotas de exhibición de contenido doméstico del 40% para las grandes cadenas televisivas. Como en otros países que han adoptado cuotas de exhibición, el objetivo no es sólo reforzar la exhibición sino también reorientar la inversión, de licenciar productos extranjeros para su exhibición a producir contenido doméstico.
Como parte de este proceso de cambio, desde 2010 se implementó un programa de regularización del contenido audiovisual. Sin embargo, la implementación fue una marcha y contramarcha. A finales de 2009, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual abrió un frente de batalla contra los distribuidores de copias ilegales de películas. Y fue en ese entonces cuando Omaira Moscoso decidió fundar la Asociación de Comerciantes de Productos Audiovisuales (ASECOPAC), para tratar de regularizar el proceso de distribución y venta de copias ilegales, como forma de proteger a miles de comerciantes que dependen de la venta de estas películas para su subsitencia.
Esta enorme red de locales de ventas de películas y discos pagan impuestos al Estado nacional y están habilitados por el SRI, el servicio de rentas. Es decir, que tienen permisos municipales, y funcionan con toda la documentación en regla, salvo los permisos para distribuir obras bajo derecho de autor. Tiempo después de que Omaira abriera su negocio, el SRI comenzó a cerrar locales, sin proponer soluciones, sencillamente clausurando una gran cantidad de puestos de trabajo tan solo para poder decir frente a las cámaras que estaban protegiendo la propiedad intelectual.
“Como productora, dice Omaira, yo siempre había sido muy consciente del tema del respeto de la propiedad intelectual. Pero el 99% de mis compañeros no tenían ni idea siquiera de lo que significaba ese concepto. Muchos de ellos me decían: pero si yo no estoy haciendo nada malo, tengo las facturas de los discos, pago los impuestos, pago al municipio, por qué me están haciendo esto? Ahí me di cuenta de que lo que había era un gran desconocimiento del tema de derecho de autor, y que realmente ninguno de los comerciantes había abierto sus locales pensando en robarle nada a nadie, sino que simplemente estaban tratando llevar el pan a sus hogares”.
Los comerciantes y el Estado
En el 2009, Omaira Moscoso formó la Asociación de Comerciantes de Productos Audiovisuales (Asecopac), como resultado de varios años de conflictos y enfrentamientos por el cierre de locales e incautación de mercadería entre los comerciantes informales de discos y películas y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).
“En la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra prevista la posibilidad de acciones de oficio por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del IEPI, por lo que en diciembre de 2010 se iniciaron acciones en contra de locales de “piratería formal” (centros comerciales, locales, etc.) en las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil. La idea de iniciar los controles fue romper con ese statu quo que tenían los comerciantes, que incluso habían tomado tintes de legalidad de esta actividad porque obtuvieron reconocimiento de la autoridad tributaria y municipal en cada una de las ciudades”, dice Santiago Cevallos, Director del Área de Derecho de Autor del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Y agrega: “Para nosotros, la venta informal, es decir, con mantas en la calle o en los transportes públicos, a primera vista no es el problema. El problema es la venta formal en locales, centros comerciales, negocios varios”.
Buscando formar alianzas y pasar de un modelo de persecución a un modelo de diálogo y consenso, el IEPI adoptó el programa que los comerciantes venían sosteniendo desde Asecopac como bandera para regular y legalizar el mercado de “piratería formal” es decir, copias no autorizadas que se venden en centros comerciales, locales y otros negocios habilitados para el comercio. En la primera etapa, los esfuerzos estuvieron orientados a conseguir que los titulares de los derechos otorguen licencias y autorizaciones a las cadenas de comerciantes para que aquella distribución pase a ser legal, manteniendo los bajos precios. “El actual gobierno busca que estas actividades estén reguladas, no que desaparezcan, puesto que el ciudadano del Ecuador ha consumido productos ilegales desde siempre”, explica Cevallos. “Pero más que por su precio, porque es el único canal de acceder a ese tipo de contenidos. Este plan implica dar la oportunidad de que personas que tienen una actividad comercial en la cual los productos que se comercializan no son autorizados se conviertan en completamente legales, puesto que sin lugar a dudas son la actividad comercial con el canal de distribución de productos más grande del país”.
–¿Cómo fue desde el IEPI el proceso de implementación del programa?
–La implementación ha tenido problemas, puesto que pese a todas las intenciones que podamos tener, el IEPI es una entidad autofinanciada y cuenta con poco personal para este tipo de procesos. En primer lugar, conseguimos reformas legales de endurecimiento de las sanciones administrativas, pasando de multas a los infractores de entre los 50 a 1840 USD a multas que van de los 500 a los 100 mil USD, y consiguiendo que el IEPI tenga la facultad de clausurar locales, lo cual no existía antes del 2011.
–¿Y las industrias culturales? ¿Cómo reaccionaron al programa que le proponían?
Por primera vez sentamos en una mesa de diálogo a los representantes de las sociedades de gestión colectiva y a los comerciantes, además de la autoridad de propiedad intelectual y el Ministerio de Cultura. Y luego de dos mesas de diálogo se pudieron expresar claramente los intereses de cada uno de los actores de esta actividad. Las sociedades de gestión hasta la actualidad no han entregado licencias a los comerciantes, pero los titulares de forma directa sí lo han hecho, obteniendo buenos resultados. Podemos afirmar que el cine ecuatoriano en DVD que se comercializa a través de este canal de distribución en su mayoría es autorizado.
La acción directa
Ante las redadas policiales, los comerciantes comenzaron a organizarse para comprar los derechos de difusión y comercialización de productos culturales nacionales (música y cine nacional) mediante negociaciones directas con los autores, compositores, realizadores y distribuidores nacionales. El objetivo era claro; crear una marca nacional con la cadena de distribución existente para ofrecer estos bienes culturales a precios asequibles por la mayoría de la población a conciencia de que el acceso depende de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
–Ustedes no empezaron a negociar con la gestión colectiva y fueron a hablar directamente con los productores. ¿Por qué evitaron a la gestión colectiva?
–Las sociedades de gestión colectiva nunca nos ayudaron ni nos dieron una solución. Lo máximo que hicieron fue insultarnos, me acuerdo una primera reunión donde nos dijeron que si el estado le daba la inscripción legal a nuestra asociación, nos dijeron que iba a ser un hecho terrible porque éramos unos piratas y con ese criterio mañana en el país iba a haber una asociación de robacarros o una asociación de asaltabancos. Nos llamaron ladrones.
— Y a partir de eso fueron a hablar directamente con los productores.
— Y ellos felices, encantados. También tuvimos mucha suerte, porque yo había sido productora tantos años, la mayoría eran mis amigos, y me apoyaron. Como comenzaron todos a ver que se estaban vendiendo las películas de los demás, se sumaron.
Omaira, quien había trabajado toda su vida en el mundo de la producción cinematográfica, lo convenció primero a su amigo Camilo Luzuriaga para que se sumara a distribuir su película a través de la red de comercios de venta de DVDs, vendiendo sus películas de manera legal. A Camilo se le sumaron otros productores, asombrados por el éxito de la iniciativa. “En el nombre de la hija”, de Tania Hermida, o “A tus espaldas”, de Tito Jara, son algunos de los más de 80 títulos nacionales regularizados o en proceso de regularización.
— Sin embargo, las copias que venden en los locales siguen siendo baratas, aunque estén negociando con los productores. ¿Cómo hacen?
— Nosotros sacamos discos a 4,99 y a 3 dólares, y le pagamos un dólar por copia a los realizadores. Nosotros pagamos más que Sony, nosotros pagamos más que la Metro Goldwin Meyer, nosotros pagamos más que cualquier major de cine. Woody Allen, por su película, creo que gana entre 10 y 20 centavos. Nosotros a nuestros realizadores les pagamos 1 dólar. ¿Pero cuál es el secreto? Nosotros no tenemos lo que ellos llaman el “gasto industrial”. El 90% del costo de la película se lo lleva la industria. Para el marketing, para las mansiones, para la alfombra roja. Nosotros no gastamos en eso, nosotros hablamos directamente con los realizadores y sí hacemos marketing, porque somos la cadena más grande de distribución de este país, nuestra distribución es más grande que la Coca Cola. Por cada cien locales hay un distribuidor de Coca Cola.
Una historia de lucha
En 2010, Omaira y otros compañeros estaban en pleno proceso de organizar la ASECOPAC. Omaira y sus compañeros no le tenían miedo a la policía; fue así que los denominaron “los rebeldes”. Un día, El Coleccionista, un local de 10m2 cuadrados, amaneció con 50 policías adentro que se llevaron “hasta el trapeador”, como declara Omaira. “Querían meterme presa para hacer escarmiento”, agrega. Pero a partir de esta redada, ella y su esposo, David Grijalva, junto a otros comerciantes, generaron un anteproyecto de ley llamado “Legalización y regularización del mercado audiovisual del Ecuador”.
–¿Cómo fue el proceso de elaborar el proyecto?
Nos reunimos más o menos unos 1000 comerciantes. Los comerciantes ya estaban hartos de esta situación. La mayoría decía: sí, ya, terminemos con esto, nosotros no tenemos problemas de pagar propiedad intelectual, pero dígannos: cómo la pagamos? cómo hacemos? o, dónde tenemos que ir a pagar? El IEPI no podía contestar estas preguntas. Esto me llevó a desarrollar este proyecto.
–Una de las cosas que nos parecía más interesante del proyecto que ustedes elaboraron es el énfasis que hace en el derecho de acceso a la cultura.
–El proyecto lo redactamos entre mi esposo, David Grijalva, que también es productor audiovisual, y yo. Yo estaba terminando una maestría en Comunicación donde se trataba el tema de cultura, y venía muy embebida en el tema del acceso a la cultura. Además teníamos que desarrollar el proyecto de una forma muy sencilla y muy fácil, porque sabíamos que el presidente no iba a tener tiempo para leer las monografías.
–¿Cómo le entregaron el proyecto a Rafael Correa? ¿Cuál fue su respuesta?
–Para entregarle este proyecto, nos fuimos como 3000 comerciantes a Quito, nos movilizamos en buses para llevarle el proyecto al presidente, porque sabíamos que ningún funcionario de medio rango nos iba a solucionar nada. Y como nuestro presidente es bien inteligente, y lo amamos, fuimos donde él y le contamos todo, y le entregamos el proyecto. Y cuando él revisó el proyecto, le encantó la idea, y enseguida, al día siguiente, cuando regresamos a Guayaquil, él envió una carta a mi casa, donde le daba órdenes al IEPI y al Ministerio de Cultura de que nos escucharan.
Estado actual del comercio de películas en Ecuador
“Ahora, en este país, no existe una copia ilegal de un producto nacional. No existe. Y tenemos más de 80 títulos que hemos logrado en dos años. Yo pienso que en Latinoámerica, Ecuador es el país que tiene más películas originales que pagan derecho de autor y estamos en proceso de legalizar las películas internacionales”, dice Omaira.
Santiago Cevallos espera que el proceso de regularización de productos internacionales pueda llevarse a cabo con los mismos resultados que obtuvo el de productos nacionales:
“Es muy difícil crear confianza para el otorgamiento de licencias en los productos de titulares internacionales. A pesar de eso, ya se han suscrito los primeros convenios con titulares de obras audiovisuales y hasta de fonogramas extranjeros. Esperamos tener el mismo resultado que con el cine nacional.”
Sin embargo, la agresividad de la industria estadounidense contradice el optimismo inicial de Moscoso y Cevallos. Desde el año 2003, Ecuador ha sido incluido de manera sistemática en el Reporte Especial 301, que elabora la Secretaría de Comercio de Estados Unidos en conjunto con las industrias nucleadas en la IIPA, la International Intellectual Property Alliance. Si bien el punto álgido del reporte es la industria farmacéutica, sobre todo a partir de la fuerte posición de Ecuador en lo que respecta a las licencias obligatorias para medicamentos, el mercado de productos audiovisuales no se queda afuera. Como reseñó la IIPA en el informe para 2013, “El nivel de piratería en Ecuador empeoró en 2012, y los productos musicales piratas están siendo masivamente vendidos en los centros comerciales sin ningún control de la policía o las autoridades locales”.
En un país donde el sector informal aporta casi un tercio del PBI, la persecución callejera será costosa y poco popular, sobre todo si se tiene en cuenta que Ecuador, como describe Omaira, es un país “absolutamente cinéfilo”, siendo estas tiendas la única vía de acceso a las películas. En Ecuador, el primer negocio de economía popular en un barrio era la tienda, seguido por la farmacia y la panadería. En la actualidad, el primer negocio es la tienda, y el segundo un local de venta de películas. La combinación entre el proceso de regularización y un mercado ansioso por adquirir productos culturales a bajo precio, tuvo un impacto tan profundo que repercutió sobre la red de distribución de películas, ampliando sus funciones. “En este momento, los comerciantes se están convirtiendo en inversionistas”, afirma Omaira. “Los comerciantes grandes se están convirtiendo en productores, en los distribuidores que están sacando las películas, y de esa manera no dependemos sólo del Estado para producir películas. Antes, se hacía una película cada cuatro años en el Ecuador. Ahora se está haciendo un promedio de diez películas al año. Aquí hacer una película es como escalar el Everest en chancletas y en remera, y hay que tener suerte para presentarla en el cine, o contactos de una familia bien. Y si no tenías nada de eso, quedaba ahí para exponer en algún centro de arte, y la veías una vez. Y ahora se tiene la posibilidad de venderlo en los locales, y se siguen vendiendo y se van a seguir vendiendo.”
–¿Cuáles son los próximos pasos en la regularización?
–Ahora estamos trabajando con los latinoamericanos y los europeos, que es lo que más fácil se nos ha hecho y son quienes están con la mente abierta. Tenemos muchos productores de Colombia que también van a entrar, y productores de Argentina. Y queremos empezar a hacer esto mismo con los libros, libros a dos o tres dólares, y ya estamos hablando con algunas universidades para ver cómo podemos hacer. También distribuimos software libre y estamos conversando para entrar en la industria de los videojuegos, con algunos desarrolladores locales que están desarrollando juegos para PlayStation.
–¿Cómo ha sido la evolución de precios a partir del ingreso de productores internacionales, que manejan otros costos?
–Nosotros seguimos manteniendo el principio de que el disco tiene que ser accesible. El disco ecuatoriano antes estaba en 6 dólares, después bajó a 5, y en quince días va a estar a 3 dólares. Pero por qué bajan los precios? Es por la cantidad de discos que se están vendiendo. Antes se vendían 8 mil discos en un año de un título. Ahora se venden 45 mil discos de un título en treinta días. Aquí en Ecuador hay dos días de acopio para los comerciantes, y en dos días de acopio, sólo en Guayaquil, se venden 5 millones de copias. Vendemos mucho a bajo precio.
–En síntesis, ustedes consiguieron crear un mercado.
–Sí, un mercado pero con costos accesibles al pueblo. La gente tiene que poder comprar estos productos. Porque eso es acceso, acceso no es que esté colgado en la percha, acceso es que la gente lo pueda comprar.