Aportes para la Agenda Digital Argentina

Frente a la difusión del documento base para la construcción de una Agenda Digital Argentina, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 7 de mayo, Fundación Vía Libre elaboró un documento de análisis y aportes a la Agenda Digital que fue entregado este miércoles 13 de mayo a la Directora de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, Élida Rodriguez. Una copia del documento también fue entregada en mano a Mariano Greco, Director de Recursos Informáticos de la Secretaría de Gestión Pública. Esperamos que este documento y estos encuentros mantenidos en el día de hoy nos permitan avanzar en una ampliación de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una Agenda Digital más amplia e inclusiva.

A continuación reproducimos el documento presentado hoy (Versión para descarga en formato .pdf )

Aportes para la Agenda Digital Argentina

Quiénes somos

Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de Lucro radicada en la ciudad de Córdoba, Argentina, que desde el año 2000 trabaja en políticas públicas vinculadas al campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, partiendo desde la defensa de los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías.

Desde el año 2003, participamos de manera activa en el proceso de Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. Contribuimos específicamente a la construcción del documento de posición de la Sociedad Civil en la Cumbre así como al documento de posición argentino que el por entonces Ministro de Educación Daniel Filmus presentó en la sesión plenaria de CMSI en Ginebra (Suiza) en diciembre de 2003. Nuestra coordinadora de proyectos fue además coordinadora del Caucus de Educación para la Sociedad Civil y miembro del Bureau de Sociedad Civil durante toda la primera etapa de la CMSI.

Somos organización acreditada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, espacio desde el que seguimos de cerca las negociaciones que llevaron a la aprobación de la Agenda para el Desarrollo impulsada por Argentina y Brasil. Damos seguimiento a las negociaciones en el marco del Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos, entre otros.

Desde nuestro nacimiento como organización participamos de debates y elaboramos insumos para el trabajo legislativo en varios temas críticos a nuestro campo, tales como las iniciativas reclacionadas a “delitos informáticos”, derechos de autor y de patentes, las normativas anti spam, así como las de monitoreo y vigilancia en telecomunicaciones, los proyectos orientados a la fijación de políticas de licenciamiento de software para la administración pública, y otras.

Actualmente formamos parte del Consorcio Global FLOSSInclude, un proyecto del 7º Programa Marco de la Unión Europea, en el que trabajamos conjuntamente con University of Maastricht – MERIT (Holanda), Universidad Rey Juan Carlos (España), FUNDECYT (España), Canonical Ltd. (Sudáfrica), University of the Western Cape (Sudáfrica), Ghana-­ India Kofi Annan Centre of Excellence in ICT (Ghana), IT for Change (India), Centre for the Study of Developing Societies (India), Open Institute (Camboya) Tsinghua University -­ China Education and Research Network (China) en la investigación y difusión de los beneficios sociales y económicos de la adopción de software libre y estándares abiertos.

Tenemos lazos permanentes de trabajo y cooperación con Universidades Nacionales como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Cuyo y con la Federación de Docentes Universitarios de la República Argentina, así como con otras ONGs vinculadas a los aspectos socio-políticos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre las que se destacan Colectivo La Tribu, Wikimedia Argentina, Gleducar, Escuela San Cayetano, Biblioteca Popular Bella Vista, la Fundación Pedro Milesi, Asociación de Internautas, distintos grupos de usuarios de software libre de Argentina y la región, entre otros.

¿Por qué nos interesa la Agenda Digital Argentina?

Porque es parte de nuestra misión como ONG aportar a la construcción de un entorno donde las nuevas tecnologías ayuden a cumplir las metas de desarrollo sustentable y respeto de los Derechos Humanos. Desde este principio rector, abogamos por políticas inclusivas, que fomenten la equidad, el libre acceso a cultura y conocimiento y que faciliten la inclusión de nuevas tecnologías en la vida cotidiana de nuestra ciudadanía sin perder de vista los impactos sociales, políticos, económicos e incluso ecológicos de las decisiones a tomar en la materia.

A la luz de lo expuesto en el documento base de trabajo, entendemos que la construcción colaborativa y la democratización de conocimiento forman parte central de la agenda, Así, es desafortunado observar que en la elaboración de la propuesta haya habido una participación muy limitada de actores de la sociedad civil. En particular es notable tanto la poca participación de actores basados en las provincias como la completa ausencia de organizaciones vinculadas al mundo del software libre y la cultura libre, ambos ámbitos en los que contamos con organizaciones civiles con amplia experiencia, casos de éxito y probada capacidad para contribuir en los temas específicos que ocupan a la Agenda Digital Argentina.

Aportes a la agenda digital argentina1

Dentro del marco conceptual de nuestra organización, valoramos especialmente la visión planteada en el documento base al decir que:

La persona es el centro de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, orientada al desarrollo a través del acceso universal a los beneficios de la Sociedad de la Información y el uso de las TIC para la mejora de la calidad de vida, la generación y transformación de los servicios que impulsen la competitividad, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la democratización de la información y del conocimiento y su producción, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad conocimiento cultural del país.

Considerando esta visión como norte, nos interesa enfatizar algunos aportes, experiencias, casos de éxito y aspectos cruciales para dar cumplimiento efectivo a esta visión a través de planes concretos de implementación.

Conectividad e Infraestructura

En materia de conectividad e infraestructura, destacamos la importancia de que la preocupación, expresada en la página 22 del documento publicado, de que la operación de la red sea neutral y libre de discriminación de respecto del tráfico que gestiona, permitiendo así el constante desarrollo de Internet como red abierta, sea tenida en cuenta en forma integral en todo plan de trabajo en conectividad y tendido de redes de infraestructura. Para que la posibilidad de que múltiples actores participen y compitan entre si para ofrecer servicios a la ciudadanía, y que ningún actor en el campo de la infraestructura goce de la potestad de decidir o tener injerencia sobre los contenidos que circulen a través de las redes, es necesario que este principio sea tenido en cuenta desde la concepción técnica del tendido de la red.

La libertad de expresión, el libre acceso a la cultura, la democratización del conocimiento dependen particularmente de que se impida la construcción de más monopolios en el campo de las telecomunicaciones, así como del desmembramiento de los monopolios existentes, con el fin de preservar el derecho de los consumidores a más y mejores servicios y el derecho como ciudadanos a una democratización profunda del sistema de telecomunicaciones.

Nos permitimos tomar excepción respecto del hecho de que, en la definición de “conectividad”, aparece la “producción de la industria de contenidos” en un lugar en el que naturalmente esperaríamos encontrar la “producción cultural”. Esta reducción de la producción cultural del país a lo que es distribuido a través de la “industria de contenidos” marginaliza a toda la producción independiente y comunitaria, desarrollada precisamente fuera del mismo contexto industrial que la universalización de las comunicaciones está haciendo obsoleto.

Una reflexión similar nos merece el hecho de que, bajo el encabezamiento de “capital humano” (terminología ya de por sí conflictiva), se considere “población activa” exclusivamente a aquellas personas que trabajan en empresas que ofrecen productos y servicios informáticos. Esto contradice la naturaleza misma de la sociedad en red, en la que la innovación y la creación de riqueza se produce como consecuencia de las acciones de personas individuales, ya sea por sí solas o actuando como parte de redes informales, no necesariamente en el marco de una empresa. Esta propensión a favorecer intereses industriales aparece, con mayor o menor fuerza, en varias partes del documento, lo que no es sorprendente cuando observamos que las organizaciones civiles que participaron en el proceso son predominantemente cámaras empresarias u ONGs con fuertes vínculos con empresas de tecnología. Es importante ampliar el protagonismo de la sociedad civil externa a las empresas a la hora de diseñar tácticas y estrategias.

A tono con la naturaleza participativa de pares que caracteriza a la red, la participación de la comunidad en su construcción debe ser priorizada y fomentada, ya sea a través de la instalación de cooperativas de servicios, la intervención de pequeñas y medianas empresas, o la operación de redes comunitarias informales sostenidas por sus propios participantes.

Para permitir el surgimiento de servicios innovadores, e impedir que los proveedores de conectividad puedan seleccionar “ganadores”, en vez de que lo hagan los potenciales clientes, es crucial vedar toda posibilidad de que los grandes grupos proveedores de infraestructura tengan injerencia determinante en los contenidos, dificulten o faciliten la circulación de informaciones según sus intereses o tengan la potestad de monitorear las actividades de los usuarios en las redes.

Debemos prestar atención a que todo servicio de telecomunicaciones y acceso a Internet respete los principios de la protección de datos personales de la ciudadanía bajo el principio constitucional de Habeas Data, registrando única y exclusivamente la información indispensable para la prestación de los servicios, y respetando el principio de que es el usuario, no el proveedor de servicios, quien tiene derecho a decidir sobre el destino de la información que gestiona a través del servicio: quién debe tener acceso a ellos, por cuánto tiempo se almacenan, etc.

Los principios de protección de datos personales y la neutralidad de la red deben ser las banderas que guíen toda implementación de infraestructura en comunicaciones.

Un aspecto que claramente forma parte de la discusión de la infraestructura y de la universalización del acceso a los beneficios de la red, pero que está ausente de la discusión de infraestructura en el documento de la Agenda Digital es el del software: no importa cuánto ancho de banda tengamos disponible, ni cuánta capacidad de almacenamiento y procesamiento tengan nuestras computadoras, si no tenemos programas que nos permitan tanto acceder a los servicios que nos interesen como proveerlos.

Este es un aspecto clave de la infraestructura en el que, tal como ya lo han observado gobiernos de todo el mundo, incluyendo los de Brasil, Venezuela, Ecuador y Alemania, el software libre tiene un importante aporte para hacer. No sólo en tanto fuente de una gran cantidad de programas maduros, estables y a bajo precio para una enorme variedad de necesidades, desde el simple acceso a Internet hasta la provisión de servicios de alto valor agregado (no olvidemos que la mayoría de las grandes empresas de Internet, tales como Google o Amazon basan sus servicios en software libre), sino como oportunidad de apropiación de la tecnología.

A diferencia de los sistemas privativos, cuyo funcionamiento es secreto, el software libre fomenta el aprendizaje y la participación en su construcción, alentando la adaptación de los programas a las necesidades específicas de los usuarios, y ofreciéndonos de esta manera una oportunidad única de participación en un esfuerzo global de construcción colectiva.

Contenidos y Aplicaciones

Este apartado está estructurado alrededor de nueve principios, cada uno de los cuales merece un tratamiento aparte.

1) Fomento a la generación y uso de contenidos locales, teniendo como objetivos:

  • el aseguramiento de la disponibilidad –de acceso y de elección- a los contenidos y aplicaciones adecuados;
  • la soberanía digital, en tanto capacidad de actuar con autonomía como sociedad en la generación y acceso a los recursos necesarios;
  • la defensa de lenguas y culturas, para el fortalecimiento de la identidad cultural.

La Declaración de Principios de la CMSI señala que

es posible promover el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos mundiales en favor del desarrollo si se eliminan los obstáculos que impiden un acceso equitativo a la información para actividades económicas, sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y científicas, y si se facilita el acceso a la información que está en el dominio público.

Un dominio público rico es un factor esencial para el crecimiento de la Sociedad del conocimiento. Para pensar estratégicamente cómo eliminar esos obstáculos que impiden el acceso equitativo hay que revisar múltiples aspectos a considerar:

  1. Los obstáculos en materia de accesibilidad, no sólo en relación a infraestructura de comunicaciones y conectividad, sino además de accesibilidad para personas con dificultades visuales y auditivas entre otros. En este sentido, tal como el documento de la agenda digital reconoce, el uso de estándares de accesibilidad web y estándares abiertos son la base para que la distribución de contenidos de dominio público no se vean privatizados en su acceso por el uso de herramientas no disponibles de forma libre y gratuita.
  2. Otros aspectos que han retrasado (y estancado en muchos casos) el crecimiento de un dominio público rico y útil son los aspectos relacionados a la extensión de los monopolios de copia de obras cuyos autores fallecieron hace muchos años. Si pensamos que, salvo intervención legislativa que cambie esta duración, la obra de Atahualpa Yupanqui entrará en el dominio público recién en el año 2062 mientras que la obra de Jorge Luis Borges no será dominio público de nuestras sociedades hasta el 2056, queda claro que el sistema actual de derechos de autor está socavando el acceso del público a las obras a beneficio exclusivo de los distribuidores de obras de otros. Sabemos que la firma de Tratados de la Organización Mundial de Comercio (OMC) obliga a Argentina a mantener el monopolio de copia por toda la vida del autor y hasta 70 años después de su muerte, más recomendamos activamente la determinación de políticas públicas de preservación y enriquecimiento del dominio público fijando este límite como última extensión en la materia, el comienzo de un trabajo que permita rescatar a las llamadas “obras huérfanas” (aquellas cuyos derechohabientes no son identificables) del olvido permanente, y una política exterior que apunte a una reducción del monopolio de copia a una duración acorde a los ciclos económicos del mundo moderno.
  3. La proliferación de sistemas técnicos de gestión digital de restricciones de acceso (conocidos también como “medidas técnicas de protección”) opera como barrera de acceso a obras culturales, y a menudo es necesario eludir estos sistemas como única manera de acceder a contenidos obtenidos legalmente (por ejemplo, para ver en América Latina un DVD adquirido en Europa).

Paradójicamente, si bien en Argentina no existe ley alguna que prohíba la desactivación de estos sistemas, contamos con una ley aprobada que ofrece a las personas con problemas de visión una “excepción” que les permitiría saltar estas barreras técnicas. A la luz de este tratamiento excepcional de un derecho que es de todos, es probable que sea necesario reforzar el mensaje de que la facultad de eludir sistemas de gestión digital de restricciones no está reservado solamente a las organizaciones autorizadas a tal fin.

La soberanía digital, otro principio indispensable en este tema, se fortalece toda vez que las políticas públicas avanzan hacia el uso de estándares abiertos y servicios que no dependen ni pertenecen a una empresa privada determinada, facilitando la libre competencia de oferentes de los mismos y abriendo la posibilidad de desarrollo a nivel local, incluso del desarrollo estatal de aplicaciones.

En relación a la defensa de lenguas y culturas locales, existen ricas experiencias locales que multiplicadas y fomentadas, permitirían fortalecer estos objetivos: la construcción y desarrollo de enciclopedias en lenguas nativas de nuestra región (como por ejemplo las Wikipedias en Aymara, Quechua, Mapudungún entre otras) y el uso de aplicaciones que permitan la real apropiación por parte de las comunidades para su localización (como son los trabajos realizados por las comunidades aymara de Bolivia para la localización de aplicaciones de oficina libres).

2) Promoción del uso de aplicaciones de ejercicio de la ciudadanía como apoyo en la acción y administración:

  • del Estado en sus distintos poderes y niveles (nacional, provincial y municipal);
  • del sector privado;
  • de la sociedad civil.

En este aspecto en particular, consideramos esencial que la promoción del uso de aplicaciones para el ejercicio de la ciudadanía respete varios principios básicos como:

  • la igualdad de las personas ante la ley
  • la libre competencia de proveedores para la construcción de soluciones
  • la competencia de múltiples actores en la construcción de las soluciones previstas para el fomento de la administración electrónica.

Al tiempo que somos testigos de una creciente informatización de la relación Ciudadano/ Estado, la experiencia nos demuestra que la ausencia de una política firme en cuanto a estándares abiertos en materia de formatos, protocolos y plataformas nos ha llevado a que muchas oficinas públicas discriminen a los usuarios en función del software que utilizan.

De continuar esta tendencia, en la que organismos de la administración pública exigen, para interactuar con ellos, que el ciudadano utilice cierto producto específico, estaríamos construyendo un sistema en el que sólo los clientes de determinadas corporaciones son ciudadanos de pleno derecho, y aquellos que eligen programas de otras fuentes se ven relegados a un rol de ciudadanos de segunda.

Por citar un ejemplo actual, el portal de AFIP sólo ofrece la posibilidad de realizar ciertos trámites si el contribuyente cuenta con un sistema operativo Windows y un navegador Internet Explorer. Esta política es anti competitiva, prioriza un proveedor por encima de otros en el mercado y discrimina a los ciudadanos según las aplicaciones de software que utilicen.

Para no vulnerar el principio de igualdad de las personas, las aplicaciones que el Estado utilice para comunicarse con los ciudadanos deben estar basadas en estándares abiertos y tener un alto grado de interoperabilidad con aplicaciones de distintos proveedores.

3) Generación de contenidos y aplicaciones de valor. En este aspecto se debe valorar la producción colaborativa, el desarrollo a través de procesos participativos e inclusivos de la sociedad en su conjunto y la digitalización con sentido, para mantener registros históricos de sucesos vinculados con personas o bienes, su cultura, su educación, etc.

Existen en nuestro país numerosos casos de trabajo innovadores en materia de construcción y generación de aplicaciones y contenidos, en particular cuando hablamos de la producción colaborativa, así como de procesos participativos e inclusivos de la sociedad. Desde la construcción cooperativa de conocimiento, impulsada por un grupo de docentes de distintas provincias desde el proyecto GLEducar hasta las comunidades de wikipedistas argentinos, que han logrado traer a nuestro país Wikimanía 20092, uno de los eventos de construcción colaborativa y desarrollo de contenidos más importante del mundo, las organizaciones civiles vinculadas con la cultura libre vienen haciendo, desde hace años, precisamente lo que la Agenda Digital propone.

Un proyecto concreto de agenda digital no debería reinventar la rueda, y sí debería indagar profundamente en el trabajo ya realizado por múltiples comunidades de la esfera local que ya cuentan con amplia experiencia en la producción colaborativa de conocimientos y aplicaciones. Argentina cuenta con una de las comunidades de Software Libre más vigorosas de la región, pese a que en ningún caso ha recibido apoyo o sostén por parte del gobierno. La situación en materia de políticas públicas relacionadas al software libre en Argentina está muy rezagada en relación a las políticas públicas vigentes hoy día en Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Bolivia, sólo por nombrar algunos casos.

Así y todo, las comunidades locales se esfuerzan por ubicar a Argentina en un rol de relevancia regional e internacional, logrando la realización de eventos con miles de asistentes y la concreción de proyectos internacionales como es esta cumbre mundial de Wikipedistas “Wikimanía 2009” en Buenos Aires, que recibirá contribuyentes de proyectos colaborativos de todo el planeta.

Si el Estado Argentino decide darse a si mismo una política pública de construcción colaborativa de conocimientos útiles, asequibles, y basados en desarrollos participativos, es en su sociedad civil donde debe recostarse, y abrevar en a la inmensa acumulación de experiencias con las que contamos en nuestro país. Las organizaciones de la sociedad civil como Vía Libre, Wikimedia Argentina, Gleducar y las comunidades de Usuarios de Software Libre de Argentina, los grupos de usuarios locales, e iniciativas como Buenos Aires Libre entre otras, estamos siempre dispuestas a compartir las experiencias y replicar las buenas prácticas construidas a lo largo de los últimos 10 años.

4) Prioridad de estrategias que sostengan a la neutralidad tecnológica, sin imposición de ningún tipo de tecnologías específicas, tanto en contenido como en aplicaciones. Así, la posibilidad de asegurar el derecho a aplicaciones. la libre elección de tecnología en la implementación de acciones de la agenda digital, garantizará que siempre la sociedad pueda escoger la mejor opción disponible.

El principio de “neutralidad tecnológica” es uno de los valores centrales a la hora de implementar una agenda digital para Argentina. Ya mencionábamos más arriba el inexcusable hecho de que muchas reparticiones estatales violan sistemáticamente este principio al imponer a la ciudadanía el uso de determinadas aplicaciones de software para mantener la relación Ciudadano/Estado. Es por tanto, este aspecto uno de los que merece mayor atención y trabajo, pues las conductas a revertir para cumplirlo son muchas y muy instaladas. Sabemos por tanto que es en el cumplimiento de este principio donde nos vamos a topar con la mayor cantidad de inconvenientes.

Sabemos que las tecnologías avanzan de forma veloz y en la gran mayoría de los casos, al arbitrio de las empresas que detentan monopolios sobre la comercialización de ciertos programas, a través del cual terminan determinando tanto la orientación como el ritmo de la inversión que sus usuarios deben realizar. En consonancia con el principio de “soberanía digital”, no es aceptable que el Estado esté sometido a este tipo de presiones por parte de particulares: el Estado no puede bailar al ritmo que le imponga el mercado y mucho menos una sola empresa, sino que se debe a sus ciudadanos.

Por lo tanto, la neutralidad tecnológica debe ser entendida como la construcción de políticas que impidan al estado quedar atrapado en manos de una cierta tecnología o proveedor en particular, y/o que el estado imponga una cierta tecnología o proveedor en particular a sus ciudadanos.

Aunque parezca sobreabundante, la experiencia nos enseña que es importante señalar que la neutralidad tecnológica no requiere que el Estado adopte también una política neutral frente a los modelos de licenciamiento y distribución. Esto surge no sólo de la observación de que las licencias no son en sí tecnología, sino también del hecho de que algunos proveedores ofrecen sus programas bajo condiciones de licenciamiento y distribución que deliberadamente obstaculizan la neutralidad tecnológica, por ejemplo al impedir que los usuarios modifiquen los programas para ajustarlos a sus necesidades, o al negar la posibilidad de que los usuarios puedan aprender cabalmente cómo el programa ejecuta sus funciones.

Aún en el caso de que cierta tecnología sólo esté disponible bajo un determinado modelo de licenciamiento, la manera adecuada de cumplir con el principio de neutralidad tecnológica no pasa por aceptar condiciones de licenciamiento desfavorables, sino por la exigencia al proveedor de que ofrezca sus productos también bajo una licencia aceptable, eventualmente a otro precio.

Para esto, las políticas que recomendamos seguir en esta materia son:

  • Que el Estado se dé a si mismo lineamientos específicos sobre los términos de uso (licencias) aceptables en materia de programas, a fin de priorizar el principio de neutralidad tecnológica.
  • Esos términos de uso aceptables por parte del Estado deben contemplar:
    1. Que los programas a utilizar generen y gestionen toda la información en formatos y estándares abiertos que permitan la libre competencia de oferentes a la hora de adquirir ya sea por parte del estado o de la ciudadanía, aplicaciones para procesar la información disponible.
    2. Que los términos de licencia de los programas permitan al Estado y la ciudadanía acceder al código fuente de los mismos, usarlos, modificarlos, compartirlos (al interior del Estado y con la ciudadanía), mejorarlos y redistribuir las mejoras.
    3. Que los términos de licencia de los programas permitan que múltiples oferentes puedan ofrecer soporte técnico para implementación, mejora y desarrollo sobre las aplicaciones a utilizar por elEstado, de modo que sea posible cambiar de proveedor sin necesidad de cambiar de software.

5) Sostenimiento de los criterios de usabilidad –facilidad, nivel o modalidad de uso- y accesibilidad – independientemente de capacidades técnicas o físicas -.

Este es otro ítem en el cual la Administración pública hoy tiene todavía una deuda pendiente con la ciudadanía y que requiere una acción pronta y firme para lograr el objetivo.

En materia de accesibilidad web, muchos sitios de la Administración Pública usan tecnologías que impiden la lectura por parte de sistemas de lectura de pantalla para invidentes o que impiden el acceso a usuarios de navegadores múltiples como Mozilla Firefox, Opera, Safari, u otros. Para avanzar en el cumplimiento de este principio es indispensable adoptar las recomendaciones de la W3C, órgano de estandarización en materia de accesibilidad a la web, como criterio a ser cumplido en forma obligatoria por los sitios de la administración pública. Se trata, una vez más, de priorizar las cuestiones de accesibilidad sobre los criterios meramente estéticos que han guiado durante muchos años el desarrollo de aplicaciones y sitios web.

6) Garantía de acceso a contenidos y aplicaciones básicos

  1. Para las comunicaciones: herramientas destinadas a comunicar, transmitir y difundir información a través de la tecnología. Las estrategias por desarrollar deben facilitar el acceso universal a la tecnología y las comunicaciones;
  2. Para la producción: herramientas destinadas a la generación de información y conocimiento con la tecnología a través de estructuras de producción y comunicación de conocimiento distribuidas y descentralizadas, tanto en lo geográfico como entre distintos grupos y comunidades;
  3. Para la colaboración: herramientas y destrezas destinadas a facilitar acciones para compartir productivamente a través del uso de la tecnología que promueva la creatividad y el intercambio;
  4. Para los servicios: herramientas que permitan obtener los beneficios del uso y acceso de la información a través de la tecnología.

Este apartado nos permite profundizar en muchas de las potencialidades que nuestras comunidades han desarrollado a lo largo de los últimos 10 años. En primer lugar, la única alternativa que tiene el Estado Nacional de dar garantía de acceso a aplicaciones básicas es adoptar, así como ya lo han hecho Venezuela, Brasil y Ecuador, políticas firmes de uso y difusión de software libre, programas que cualquier persona puede usar con cualquier propósito, aprender cómo funcionan, compartir, copiar, mejorar y redistribuir versiones mejoradas. Sólo así el Estado podría pensar un plan realista que cumpla con los principios de soberanía tecnológica y que por otro lado aliente la adopción de políticas inclusivas sin convertir el plan de acción en un drenaje millonario de divisas al exterior en materia de licencias de software, o en un coto de marketing de las empresas trasnacionales de software.

En el ítem b) queremos hacer especial hincapié en las experiencias conocidas de trabajo sobre herramientas de producción de software y educación popular con las que podemos aportar a esta agenda digital. Nos interesa especialmente mencionar el caso del Centro de Formación Profesional 401, el más grande CFP de la Provincia de Buenos Aires, dentro del cual funciona la Escuela San Cayetano en Carapachay, una escuela donde jóvenes y adultos excluidos del sistema formal de educación trabajan justamente en la apropiación social de nuevas tecnologías para facilitar su inserción laboral.

Mencionamos este ejemplo porque se trata de una escuela que llega a sectores populares de la sociedad, a sectores con grandes dificultades en materia económica, y la política de trabajo de la escuela es justamente brindarles herramientas de producción en materia de TICs. No estamos hablando de la formación de simples operadores de computadoras, sino de jóvenes y adultos del conurbano bonaerense que hoy están aprendiendo programación con lenguajes dúctiles y muy demandados en el mercado laboral como Python y administración de sistemas GNU/Linux, que también tienen una alta tasa de demanda laboral y un mercado en franco crecimiento. Si a esto sumamos el aprendizaje que realizan en reciclado de PCs, su aporte a la protección del medio ambiente y la optimización de recursos para extender su vida útil es destacable.

La integración que estos jóvenes y adultos están viviendo junto al resto de las denominadas comunidades de cultura libre en nuestra región confirma que estamos frente a un caso de éxito que bien vale la pena replicar en otros centros.
Mencionamos particularmente este caso, ya que ignorarlo constituye para nosotros la pérdida de una oportunidad única y valiosa de replicar un caso de éxito probado, documentado y funcionando en materia de inclusión social mediante el uso y apropiación de nuevas tecnologías.

Es indispensable romper con la idea de que la apropiación de las nuevas tecnologías se reduce a dominar sus técnicas de uso. La real apropiación de las nuevas tecnologías debe necesariamente incluir la posibilidad de decidir sobre ellas, la posibilidad de aprender a administrarlas y por sobre todas las cosas, la posibilidad de aprender a diseñarlas y construirlas. En el caso del software, los costos de producción son mínimos, ya que no requieren costosas inversiones previas, fábricas ni líneas de montaje, sino educación y aprendizaje.

Por eso esperamos que la Agenda Digital Argentina tome casos como la Escuela San Cayetano como prueba de que aprender a diseñar un programa, programarlo, estudiarlo, modificarlo y adaptarlo a las propias necesidades no es un conocimiento exclusivo de ingenieros y graduados universitarios sino que es un conocimiento que está y debe ser puesto al alcance de cualquier persona interesada en las TICs, tal como la agenda digital argentina desea promover.

7) Desarrollo de condiciones y políticas destinadas a la interoperabilidad de contenidos, aplicaciones y dispositivos para lograr que sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos, ya que es una condición necesaria para que los usuarios (humanos o mecánicos) tengan un acceso completo a la información disponible. En tal sentido, resulta importante destacar las recientes iniciativas para dotar a la Web de interoperabilidad, como lo son la Web 2.0, los servicios Web y la Web semántica.

Todo este ítem se refiere a la política ya recomendada anteriormente en relación a formatos y estándares abiertos. Sin embargo, nos permitimos hacer una advertencia sobre los conceptos de marketing vacíos de contenido, como “Web 2.0” y “Web Semántica”. Si bien en la mayoría de los casos se los usa meramente como palabras nuevas para describir lo que la red siempre ha hecho, en ocasiones se los identifica con la oferta de servicios de determinadas empresas, que invitan a los usuarios a almacenar, procesar y publicar sus datos en los servidores del servicio, en vez de hacerlo en sus propias máquinas.

Consideramos que la promoción de estos servicios no debería formar parte de los objetivos de la Agenda Digital Argentina, toda vez que un documento de política de Estado no puede quedar preso de modas y tendencias eventuales (que llegan, explotan y pasan) sino que se deben fijar líneas que permitan construir una sociedad donde el conocimiento se distribuya de manera democrática. Sobre todo, debemos tener en cuenta que las empresas proveedoras de estos servicios, cuyo ejemplo más paradigmático tal vez sea Facebook, se reservan para si los derechos sobre los datos de la ciudadanía (apropiación privada de datos personales), en muchos casos construyen bases de datos que en nuestro país son consideradas ilegales por la ley de protección de datos (bases de datos sobre filiación política y religiosa por ejemplo) y en prácticamente todos los casos se declaran acreedores de licencias permanentes para el uso, modificación y control de los contenidos que la gente sube a sus redes. Por lo tanto, esperamos que este campo estratégico de acción se refiera estrictamente al uso de formatos y estándares abiertos y no caiga en la difusión de modas pasajeras y perjudiciales para varios principios constitucionales como el habeas data y el principio de privacidad de las personas.

8.) Conservación de contenidos, teniendo en cuenta criterios de selección, seguridad y durabilidad en el tiempo, que devienen en derechos fundamentales de los/as ciudadanos/as de la sociedad del conocimiento.

Este aspecto se condice de lleno con el de asegurar la neutralidad tecnológica en lo que refiere a información que gestiona el Estado pero que pertenece a la ciudadanía. Sólo el cumplimiento de las recomendaciones de neutralidad tecnológica, uso de estándares abiertos, libre concurrencia de oferentes para las aplicaciones, interoperabilidad y términos de licencia aceptables para la administración pública nos ofrecen la certeza de acceso a los datos ciudadanos aún cuando una tecnología resulte discontinuada o deje de estar soportada por su proveedor eventual.

9) Focalización en aplicaciones y contenidos que faciliten el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión. Estas herramientas serán claves para garantizar estos derechos fundamentales de la Sociedad del Conocimiento, en tanto aseguren a su vez la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información.

Coincidimos con este postulado plenamente y proponemos la difusión y formación en el uso de sistemas de cifrado en comunicaciones para preservar la confidencialidad y asegurar la autenticidad e integridad de las comunicaciones. El desarrollo y difusión de sistemas de cifrado, así como la divulgación de información sobre sus usos y limitaciones es indispensable para el cumplimiento de esta meta.

Marco Legal

Estamos en general de acuerdo con los postulados del Marco Legal del documento base de la agenda. En este aspecto, nos permitimos sugerir que todo análisis de nuevas regulaciones en materia tecnológica se realice tomando la Declaración Universal de los Derechos Humanos como bandera. Son los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y Derechos sociales, políticos, culturales y económicos, así como los derechos del niño, de las mujeres y de las personas con discapacidad, los que deben guiarnos en la construcción de un marco jurídico flexible para la difusión de las ventajas de las nuevas tecnologías.

En muchos casos, las leyes existen pero hace falta más firmeza en su aplicación y/o un trabajo más intenso en materia educativa. Un ejemplo claro es el principio de habeas data y el derecho a la intimidad de las personas, donde contamos con un marco legislativo apropiado, que no se aplica por falta de conocimiento y falta de políticas claras de difusión de la problemática. En este sentido, las modas sobre la “Web 2.0” constituyen un problema importante a la hora de fomentar la educación ciudadana en materia de privacidad en comunicaciones y protección de datos personales.

Es importante impulsar la consideración de los datos de conexión de las personas conectadas como un dato personal más, y por tanto resguardado por el principio constitucional de habeas data, no accesible a terceros que puedan tomar medidas contra la ciudadanía por sus lecturas, gustos, usos y costumbres en la red.

Otro ejemplo de regulaciones existentes que merecen estudio y reconsideración profundos son las actuales normativas de monopolio de copia y derecho de autor en Argentina. Es importante pensar en evaluaciones de impacto de estos monopolios, que imponen serios límites a la difusión de conocimiento en Argentina. La denominada Ley Noble de “Propiedad Intelectual” está siendo usada hoy en una acción penal contra el Profesor de Filosofía Horacio Potel, en una causa que se le sigue por haber mantenido durante diez años dos sitios emblemáticos de la filosofía en América Latina (Heidegger en castellano y Derrida en castellano). Ambos sitios han desaparecido de la red por una causa penal iniciada por la Cámara Argentina del Libro por violación de la ley 11.723, ilustrando cómo una ley de casi un siglo, que quizás haya sido útil en el marco tecnológico del Siglo XX, se ha vuelto seriamente inadecuada para las formas actuales de creación, distribución y democratización de riqueza intelectual.

Por lo tanto, antes de avanzar en nuevas regulaciones, sugerimos firmemente el estudio de las regulaciones existentes, la verificación de si constituyen trabas o no a la innovación, el desarrollo y la democratización de la sociedad del conocimiento en nuestro país y la planificación de debates públicos al respecto.

  1. Tomando en consideración el Documento de Agenda Digital Argentina presentado el pasado 7 de mayo, disponible en línea en https://www.agendadigital.ar/docs/Agenda_Digital.pdf []
  2. Wikimanía es la reunión anual de proyectos de Wikimedia, que se ha realizado hasta el momento en Frankfurt (Alemania), Boston (EEUU), Taipei (Taiwan), Alejandría (Egipto) y que en 2009 se realizará en Buenos Aires gracias al esfuerzo silencioso y sostenido de la comunidad local. Esta es una oportunidad única para nuestro país, considerando además que es la primera vez que un evento de esta naturaleza se realiza en un país de habla hispana, y por primera vez pisa suelo latinoamericano.
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7 comentarios

  1. [...] Con motivo del lanzamiento del espacio colaborativo Agenda Digital por parte del Gobierno Nacional, la Fundación Vía Libre ha hecho su aporte mediante el documento que transcribo. El artículo original se puede ver en este enlace. [...]

  2. Galbi dice:

    Impecable.
    Si se hacen los otarios y no le dan bola, yo sólo lo atribuiría a una única intención, la del dolo.

  3. [...] de una Agenda Digital Argentina, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 7 de mayo, Fundación Vía Libre elaboró un documento de análisis y aportes a la Agenda Digital que fue entre…. Una copia del documento también fue entregada en mano a Mariano Greco, Director de Recursos [...]

  4. [...] de Software y Cultura Libre de la Agenda Digital Argentina. Desde Va Libre hemos presentado un documento con comentarios y aportes a la Agenda Digital Argentina. Esperemos que ONTI sepa reconocer la [...]

  5. [...] Castrillo, en nombre de Fundación Vía Libre, ofrecerá una charla sobre nuestros aportes a la Agenda Digital Argentina en el marco del Simposio de Sociedad de la Información 2009 que tendrá lugar el lunes 24 de [...]

  6. [...] Vía Libre hemos presentado un documento con comentarios y aportes a la Agenda Digital Argentina. Esperemos que ONTI sepa reconocer la [...]

  7. [...] Vía Libre hemos presentado un documento con comentarios y aportes a la Agenda Digital Argentina. Esperemos que ONTI sepa reconocer la [...]

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