La e-moda: riesgos de una ilusión

Por Enrique Chaparro

Texto publicado en el libro “Sociedad de la Información en la Argentina – Políticas públicas y participación social” – Compilado por Guillermo Mastrini y Bernadette Califano. Ediciones Friedrich Ebert Stiftung1.

Buenas tardes. Para comenzar quisiera señalar que me considero una persona tecno-agnóstica. Tal vez porque toda mi vida adulta he dependido para vivir de la tecnología. Si algo me ha enseñado esto, en contacto con la sociedad en general, es que corremos un riesgo de ilusión, el riesgo de pensar que la tecnología soluciona problemas distintos de los problemas tecnológicos. Los problemas políticos no tienen soluciones tecnológicas, tienen soluciones políticas. Los problemas sociales no tienen soluciones tecnológicas, tienen soluciones sociales. La tecnología es, en todo caso, instrumental, o es una solución a sus propios problemas.

Sin embargo, en la última década hemos empezado a oír palabras que se han puesto de moda. Existe una tendencia que lleva a anteponer “e” a las cosas: hablamos de e-voto, e-gobierno, e-administración, con la extraña capacidad mágica de sustituir el valor de algo por un supuesto nuevo valor. Esto es peligroso porque conlleva la carga de que estamos hablando de lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Porque si le colocamos una e a las cosas, les damos un matiz nuevo. Sin embargo, el hecho de ponerle o quitarle el “electrónico” o el “digital” a algo, no varía su esencia. Los resguardos y los mecanismos que hemos construido social y políticamente alrededor del gobierno, alrededor de la administración, alrededor del voto durante cientos de años, deben seguir presentes allí. No podemos reemplazar con un hecho mágico los conceptos bien arraigados en las sociedades democráticas por banalidades tales como “consenso” o “stakeholder” (palabra muy de moda que podría traducirse como lo que sostiene la estaca).

De todos modos, me parece que debemos hacer un alejamiento preventivo para observar esta situación en contexto. El e-gobierno es gobierno por donde quiera que se lo mire. El uso de medios tecnológicos para ayudar en las funciones del gobierno ha estado presente desde que a los emperadores chinos se les ocurrió que era buena idea imprimir sus decretos en lugar de transmitirlos oralmente. Esto es tecnología aplicada al Gobierno. Todos los mecanismos de comunicación creados por los antiguos imperios para transmitir rápidamente en una cadena de señales, son tecnología aplicada al Gobierno. A nadie se le ocurría ponerle algo así como e-gobierno, pero ciertamente venimos usando tecnología aplicada al gobierno desde hace mucho tiempo.

Las tecnologías de información y comunicación de alguna forma han revolucionado nuestra forma de ver las cosas a partir de convertir en commodities ciertos objetos que antes eran vistos como vacas sagradas. Cuando yo era estudiante, una computadora era un artefacto que ocupaba una habitación enorme y no algo que uno colocaba sobre un pequeño escritorio. A veces, cuando intento hacer una reflexión sobre esto, les digo a mis estudiantes o a quienes estén presentes en la conferencia: “Ustedes imaginen que tres tecnologías que consideran fundamentales y eternas, no existían cuando yo tenía su edad”. Estoy hablando de la computadora personal, el teléfono celular y el disco compacto. Son objetos que tienen menos de 25 años.

Decía que corremos el riesgo de dejarnos convencer por la ilusión tecnológica de que la aplicación de tecnología por sí misma va a generar transformaciones. Este es un riesgo potencial que en muchos casos se convierte en un peligro real. La aplicación de tecnología por sí misma sólo va a ser más rápida, correlativamente más eficiente -de acuerdo a los parámetros de eficiencia que uno utilice para medirla- en función de la infraestructura a la que está siendo aplicada. Aplicar tecnologías de información y de comunicación a las acciones del Gobierno y a la relación entre el Gobierno y los ciudadanos puede reportar ventajas sustantivas. La primera es la de inmediación. Podemos acceder más rápidamente a canales de información, así como también a una interacción con la administración y a mecanismos más dinámicos de intercambio de flujos de información entre los ciudadanos y el Estado. Además, el Estado como tal puede garantizar una mejor circulación de la información entre sus propias organizaciones.

Yo me considero un ciudadano y me siento sumamente ofendido cuando me llaman “contribuyente” o “cliente”. Será porque soy viejo y recuerdo los principios de la Revolución Francesa. En este contexto virtual en el que vivimos es la condición de ciudadano la que debemos reafirmar. Y nuestro primer rol como ciudadanos es analizar críticamente las iniciativas en el uso de tecnologías de información y de comunicación, es decir, no comprar gato por liebre.

La solución tecnológica es ilusoria si no existe una solución de fondo al problema real: el barniz que le pongamos al auto viejo, no hace más que tapar el agujero, pero no lo soluciona. Entonces, para un buen gobierno electrónico, necesitamos un buen Gobierno. Esto parece una verdad de Perogrullo, pero a veces lo olvidamos. Y si lo olvidamos, corremos el riesgo de endiosar determinadas iniciativas, por ejemplo, el voto electrónico. El Gobierno Nacional y muchos gobiernos provinciales persiguen la idea de hacer voto electrónico “porque es mejor, porque es más bonito”. Eso es una mentira a raudal. Lo único que el voto electrónico permite en la modificación de los sistemas electorales es hacer fraude a gran escala más barato. Este tema lo hemos discutido en muchas ocasiones con muchos propagandistas del voto electrónico que se han negado sistemáticamente a dar un debate público al respecto. Y si ustedes analizan la literatura en la materia encontrarán que ningún especialista en seguridad de los sistemas de información es partidario de la propuesta del voto electrónico. Analicen, busquen en los archivos del MIT, en los archivos de la Universidad de California en Los Ángeles, en la proclama de los profesores de las universidades de Brasil. Tenemos que garantizar que, si vamos a usar mecanismos tecnológicos para el voto, estos sean consistentes con los principios democráticos que tanto nos costó conseguir. De lo contrario, sumamos iniciativas de barniz a asuntos que creemos cuestionables y así, por ejemplo, creemos que es mucho mejor tener información disponible en un sitio web que no tenerla.

Ahora bien, ¿qué medidas toman los gobiernos para garantizar que esa información sea efectivamente accesible? El 80% de los sitios web del Gobierno Nacional no cumplen con los estándares del Word-Wide Web Consortium. Ninguno cumple con los estándares de accesibilidad para personas con disminuciones auditivas o visuales. La web no es algo nuevo, hace muchos años que venimos trabajando en ella y hace mucho también que los estándares existen. ¿Por qué no hacemos los sitios accesibles para todo el mundo? ¿Por qué el Banco Nación, que le paga a prácticamente todos los funcionarios públicos y a muchos trabajadores del sector privado, sólo permite acceder a su sitio de banca electrónica con un determinado navegador de una determinada compañía monopólica? ¿Por qué la Administración Federal de Ingresos Públicos nos exige a los contribuyentes que le paguemos un impuesto a la Corporación Microsoft para poder pagar nuestros impuestos? ¿Por qué el Gobierno Nacional apoya un plan masivo de difusión del uso de computadoras personales mediante la concesión de créditos blandos a través de la banca oficial, que es una iniciativa de sectores monopólicos?

Estas preguntas son los cuestionamientos esenciales que los ciudadanos debemos hacer cuando se antepone una “e” a cualquier proyecto de índole política. Seguramente estas diatribas mías –yo estoy aquí para tirar la piedra y mostrar la mano- servirán para que tengamos un debate intenso y útil para todos.

  1. ISBN 978-987-20736-3-3 []

Archivo