Bajar Video del Debate sobre Matriculación Obligatoria en la Provincia de Entre Ríos (Gracias CaFeLug)

Resumen

Este texto fue publicado originalmente en el newsletter de SADIO

En distintos lugares del país avanzan iniciativas para restringir la actividad informática a los matriculados en consejos provinciales de ciencias informáticas. SADIO reconoce el valor de las organizaciones profesionales como instrumentos para mejorar las disciplinas y las condiciones de trabajo de sus afiliados, pero rechaza el concepto de que el ejercico de la actividad informática deba ser restringido a través de matriculación obligatoria. La informática como actividad

• es interdisciplinaria y transversal, y es ejercida con competencia por personas de muy distintas disciplinas,
• es muy cambiante y difícil de delimitar,
• es muy abarcativa, al punto que el conjunto de conocimientos comunes a personas competentes en distintas áreas de la disciplina suele ser muy reducido,
• será socialmente más valiosa en tanto y en cuanto se difunda como conocimiento general de la población, como lo es hoy la matemática, en vez de convertirse en privilegio de un sector de la sociedad.

Introducción

En la última década han aparecido en nuestro país algunas iniciativas propiciando la creación de consejos profesionales de informática. Nada puede objetarse, por cierto, a la creación de asociaciones profesionales destinadas al mejoramiento de la disciplina. Sin embargo, algunas de estas propuestas han sido llevadas a la práctica a través de legislación provincial que crea consejos profesionales y llega al punto de exigir la matriculación en éste para “ejercer la profesión informática”, aún cuando resulta imposible definir los límites de esta profesión en un mundo en el que la informática es ejercida, de una manera u otra, por personas de prácticamente todas las disciplinas.

El objetivo de este documento es enumerar las razones por las que SADIO (Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa), como asociación profesional decana de la informática en Argentina, considera que la matriculación obligatoria es perjudicial para la sociedad y para la disciplina. No nos concentraremos en ningún proyecto en particular, sino que trataremos el concepto de la matriculación obligatoria, de modo de obtener conclusiones lo más generales posibles.

Sin perder de vista la aspiración de generalidad de los argumentos expresados en este documento, sin embargo, es necesario hacer una referencia al lenguaje de algunos proyectos y leyes específicas, como la Ley 13016 de la provincia de Buenos Aires, o la Ley 7642 de la provincia de Córdoba, las que llamativamente definen a la publicidad de servicios informáticos como “ejercicio de la profesión”, en vez de caracterizar a éste a través de la ejecución de las tareas propias de la actividad. Desconocemos las razones por las que los legisladores eligieron una definición tan peculiar, pero dado que el fundamento para la exigencia de matrícula es el supuesto beneficio social de que el software usado por los ciudadanos sea producto de profesionales certificados, entendemos que la intención es controlar la creación y puesta en marcha de sistemas informáticos. El control sobre la publicidad sería, entonces, una manera indirecta de controlar quiénes realizan estas tareas, ya que es muy difícil ejercerlas sin comunicar la propia disponibilidad para ellas. Esta impresión se ve reforzada si consideramos que dichos proyectos no sólo regulan, como en otras profesiones, quiénes tienen derecho a llamarse “ingenieros”, sino que extienden la restricción, sin motivo aparente, a otras denominaciones como “consultor” o “experto”. En otros casos, como el de la Ley 3752 de la provincia de Misiones las tareas específicas relacionadas con el desarrollo de software están comprendidas como ejercicio de la profesión. El énfasis en este documento está, por lo tanto, en las consecuencias de exigir matrícula a quienes confeccionan y ponen en marcha sistemas de información, que parece ser la intención de los legisladores.

No ofrece beneficios a la sociedad

La justificación para exigir la matriculación a las personas que se dedican a la informática es garantizar a los ciudadanos que dichas personas son competentes, y de esa manera mejorar la calidad de los servicios informáticos. Hay profesiones que, debido al impacto de su ejercicio en la vida, salud y propiedad de los ciudadanos, históricamente han sido candidatas naturales a ser reguladas por ley. No entraremos aquí en la discusión acerca de la efectividad de este mecanismo en otras profesiones, pero sí veremos que la informática no se presta a este tipo de regulación, y que en ella la matriculación obligatoria no sólo no contribuye al mejoramiento de los servicios y al bienestar de los ciudadanos, sino que conspira en su contra, al entorpecer la libre competencia.

La matriculación no contribuye a la seguridad de los sistemas críticos

El argumento más fuerte a favor de la regulación de la actividad informática es que actualmente hay procesos controlados por software que afectan la vida, la salud y el patrimonio de los ciudadanos. El problema es genuino, pero la matriculación obligatoria no contribuye a solucionarlo. Por un lado, como mencionábamos más arriba, la mayor parte del software que se usa en esos procesos proviene de lugares en los que la actividad no está regulada. Por otro, aunque proviniera de lugares en los que lo está, la matriculación no garantiza nada. Esto surge del consenso existente en la comunidad informática internacional, la que a través de organizaciones profesionales como la ACM (Association of Computing Machinery, decana mundial en la disciplina) ha expresado públicamente que el actual cuerpo de conocimientos científicos y mejores prácticas de la materia no alcanzan siquiera remotamente para determinar con algún grado de certeza si determinado abordaje de un proceso es correcto, erróneo o peligroso. Este hecho es admitido implícitamente aún por quienes, al mismo tiempo que exigen la matriculación obligatoria, se niegan a aceptar responsabilidad civil por los actos de los matriculados.

La matriculación otorga legitimación engañosa

Las propuestas de matriculación obligatoria de personas dedicadas a la informática proponen, como único requisito para la matriculación, la presentación de un título terciario de alguna carrera específica de informática. No hay ningún requerimiento de experiencia laboral o de examen adicional. Esto se debe, en gran parte, a que no existe dentro de la informática ningún consenso acerca de cuáles deberían ser los contenidos mínimos que deben ser conocidos por un profesional de la disciplina, hasta el punto que los programas de las distintas carreras dictadas por nuestras universidades tienen más discrepancias que coincidencias. En estas condiciones, exigir a los matriculados un examen de competencia profesional sería impracticable.

Esta misma imposibilidad de formular un examen objetivo para determinar el grado de competencia de un profesional se vuelve un escollo cuando abordamos otro problema que en informática tiene una influencia mucho mayor que en otras disciplinas: el vertiginoso avance de la tecnología hace que la posesión de un título universitario como legitimación profesional tenga una validez temporal muy limitada. En otras disciplinas esto suele corregirse con exámenes de revalidación a intervalos regulares, pero en informática éstos serían tan impracticables como los exámenes de matriculación. Sin embargo, la matriculación obligatoria le da mayor legitimidad al matriculado que estudió alguna vez y nunca se actualizó que al no matriculado que trabaja en la disciplina y contribuye a su avance.

Por otra parte, el ejercicio de la actividad informática abarca una variedad tan amplia de tareas y habilidades que los proyectos de ley de matriculación obligatoria tienen serios problemas para definirlas, hasta tal punto que se limitan a citar ejemplos y a dejar la lista abierta. El conjunto de conocimientos necesarios para crear el software de control y estabilización de un satélite es completamente distinto del requerido para poner en marcha un sistema de planeamiento de recursos empresariales en una fábrica, o dar un curso de uso de planillas de cálculo (todas actividades que, según estos proyectos de ley, son incumbencia de los matriculados).

Una matriculación habilitante que abarque tal diversidad de actividades es contraproducente: las tareas de educación y entrenamiento, por ejemplo, son mejor desempeñadas por pedagogos que programadores, y la reingeniería de una empresa para usar un nuevo sistema de gestión sacará más provecho de alguien versado en administración de empresas que del mejor programador de sistemas operativos del mundo.

La informática no está circunscripta a un área geográfica

Todos los esquemas existentes en materia de matriculación circunscriben su vigencia a un área geográfica. Esto tiene sentido, ya que se trata de regular el ejercicio de la profesión dentro de un determinado marco jurídico. Un médico sólo puede atender pacientes en lugares en los que está debidamente acreditado, y no puede atenderlos “a distancia”. Un ingeniero civil construye un edificio de acuerdo al código de edificación de una ciudad, puesto que ese edificio tiene una ubicación geográfica determinada e inamovible. Las tareas relacionadas con la informática, sin embargo, a menudo son ejecutadas por personas que viven en ámbitos geográficos distintos del de ejecución: los programas que se usan en Córdoba pueden ser confeccionados en Santa Fe, los sistemas de una empresa de La Rioja pueden ser administrados remotamente por gente de Chubut, un servicio informático puede ser ofrecido a los ciudadanos de Corrientes por una empresa de Tierra del Fuego mediante el uso de un servidor web ubicado en Canadá. Dado que la dispersión geográfica del uso de un programa puede ser enorme, no se puede exigir a sus autores que se matriculen en todas las jurisdicciones en las que se lo usa.

Dada esta característica que distingue a la actividad informática de otras disciplinas reguladas, la exigencia de matriculación es hueca, ya que afecta sólo a aquellos que efectivamente viven en el mismo lugar en el que se usa el fruto de su actividad. Todos los que viven en lugares donde la actividad no está regulada (y esto incluye a todos los países en los que el desarrollo de software es una actividad intensiva y de exportación) pueden seguir vendiendo sus productos a la población supuestamente “protegida” por el mecanismo de matriculación. Esto puede verse claramente en el caso de Argentina, donde la mayor parte del software utilizado proviene de EEUU y Europa, ambas regiones en las que, pese a una larga tradición de regulación profesional, la actividad informática no está regulada, de modo que, independientemente de la obligatoriedad de la matriculación, el software usado por los ciudadanos proviene de profesionales no matriculados.

Perjudica al desarrollo de la disciplina

Conspira contra la calidad de los servicios

Toda persona que conoce la historia de la informática sabe que el resultado de la matriculación obligatoria de quienes se dedican a la profesión, lejos de mejorar la calidad de los servicios, la empeora. Esto surge de la observación de que la mayoría de las personas que han demostrado talento superior a la media en la práctica de la informática provienen de otros campos, o carecen de educación formal. Si bien éste fenómeno se da parcialmente también en otras disciplinas (por ejemplo, grandes referentes de la arquitectura como Le Corbusier y Mies Van de Rohe no eran arquitectos), en ninguna se da con tanta consistencia y naturalidad como en la informática. Esto no es casualidad, ni se debe a que los informáticos sean incompetentes en su propia área, sino a que la enorme difusión de la informática en todas las disciplinas tiende a atraer a personas talentosas de cada una de ellas, creando un volumen de aportes externo muy distinto al que está presente en la medicina, la abogacía o la ingeniería. Algunas personas que no podrían ejercer la actividad informática si la ley exigiera matriculación, junto con necesariamente incompletas descripciones de sus contribuciones, son:

Douglas Engelbart

Ingeniero eléctrico, inventor del mouse, la interfaz de usuario basada en ventanas y muchos de los elementos que hoy consideramos la definición de lo que es una computadora. Premio Turing de la ACM en 1997

Donald Knuth

Matemático, autor de “The Art of Computer Programming”, contribuciones demasiado numerosas como para poder elegir unas pocas. Profesor Honoris Causa de 26 universidades, y Profesor Emérito de Stanford en “Art of Computer Programming”. Premio Turing de la ACM en 1974.

Grace Hopper

Matemática, inventora del compilador, autora del lenguaje COBOL.

Steven Jobs

Idóneo, fundador de Apple Computer y de NeXT.

Steven Wozniak

Idóneo, fundador de Apple Computer, autor original del sistema operativo de Apple y de la ingeniería de la computadora Apple II.

Brian Kernighan

Ingeniero electricista, creador del lenguaje C y de Unix

Dennis Ritchie

Físico y matemático, creador del lenguaje C y de Unix. Premio Turing de la ACM en 1983.

Ken Thompson

Ingeniero electricista, creador del lenguaje C y de Unix. Premio Turing de la ACM en 1983.

Edsger Dijkstra

Matemático y físico, autor del algoritmo de su nombre para la solución del problema de camino más corto de teoría de grafos, amén de contribuciones demasiado numerosas como para poder seleccionar algunas con algún grado de justicia. Premio Turing de la ACM en 1972.

Tim Berners-Lee

Físico, inventor de la WWW

Seymour Cray

Ingeniero eléctrico y matemático, creador de la primera supercomputadora.

Bill Gates

Idóneo, fundador de Microsoft Corp.

Larry Wall

Lingüista, autor del lenguaje Perl.

Butler Lampson

Ingeniero electricista, uno de los diseñadores del sistema de time-sharing SDS-940, el sistema distribuido Alto, la impresora láser, los protocolos “two-phase commit” , la LAN Autonet, y varios lenguajes de programación. Premio Turing de la ACM en 1992.

Jay Miner

Ingeniero electrónico, creador de Amiga y su sistema operativo.

Ivan Sutherland

Ingeniero electricista, inventor de la computación gráfica. Premio Turing de la ACM en 1988.

John McCarthy

Matemático. Uno de los fundadores de la investigación en Inteligencia Artificial. Originador del lenguaje LISP. Premio Turing de la ACM en 1971.

Terry Winograd

Matemático. El mayor experto en interacción hombre-máquina y en teoría de los lenguajes naturales.

Bob Metcalfe

Ingeniero eléctrico, uno de los padres de Internet, fundador de 3Com.

Leslie Lamport

Matemático, autor del sistema de tipografía científica LaTeX y uno de los más destacados investigadores en computación paralela.

Niklaus Wirth

Ingeniero electricista, inventor de los lenguajes Pascal, Modula-2 y Oberon. Premio Turing de la ACM en 1984.

Richard Stallman

Físico, fundador de la Free Software Foundation y el proyecto GNU, creador de Emacs y Gcc.

Eric S. Raymond

Idóneo, creador de fetchmail y muchos otros utilitarios, autor de `La Catedral y el Bazar’ y fundador de la Open Source Initiative.

E. F. Codd

Doctor en ciencias de la comunicación. Inventó las bases de datos relacionales. Premio Turing de la ACM en 1991.

Jeffrey Ullman

Ingeniero electricista. Una de las mayores autoridades en bases de datos, diseño de compiladores y teoría de autómatas.

Ted Nelson

Sociólogo, inventó el concepto de hipertext.

Todos estos gigantes de la informática mundial deberían, bajo las legislaciones impulsadas por los proponentes de la matriculación obligatoria, ingresar al sistema mediante el mecanismo del “registro de idóneos”, o abandonar su actividad. Y por cierto, la matriculación de idóneos sólo es posible por un tiempo limitado. ¿La informática argentina está en condiciones de renunciar voluntariamente a las contribuciones de los físicos, astrónomos, matemáticos, biólogos, ingenieros, psicólogos y otros talentosos que seguramente seguirán surgiendo fuera del campo específico de la informática?

Si nuestra sociedad renuncia a explotar el talento natural de personas sin entrenamiento formal en informática, el efecto sobre nuestro desarrollo tecnológico será devastador, ya que estas personas sencillamente ejercerán su arte en otros ámbitos geográficos ávidos de dicho talento, y en los que no se les impongan límites artificiales a su potencial, al tiempo que las empresas de tecnología harán lo propio, llevando sus negocios a regiones cuya legislación sea más afín a sus necesidades.

Neutraliza el debate acerca de la competencia profesional en el seno de la disciplina

El debate acerca de cómo ofrecer servicios mejores y más confiables a la Sociedad está presente, y es muy encendido en el seno mismo de la comunidad informática. Ese debate ha dado algunos frutos, pero existen aún grandes diferencias entre los mayores referentes de la disciplina acerca de cuestiones básicas como, por ejemplo, cuáles deben ser los contenidos mínimos de una carrera de informática. Lejos de fomentar este debate, la creación de un Consejo Profesional lo ahoga: crea por ley una instancia de legitimidad basada en criterios objetivos, pero no consensuados dentro de la misma actividad, y directamente opuestos a la opinión de sectores importantes y respetados de la comunidad informática.

Perjudica a la sociedad

Además de no resolver los problemas que se propone atacar, la matriculación obligatoria además crea problemas propios, que perjudican seriamente a los ciudadanos individualmente, y a la sociedad en general.

Impide capitalizar el conocimiento de los ciudadanos

La informática es una actividad transversal, aplicable a todas las áreas del quehacer humano, y por ello es ejercida por un grupo cada vez mayor de gente. Muchas personas que no tienen ningún entrenamiento formal en informática pero sí en áreas de aplicación específicas, realizan tareas que pueden considerarse como “informáticas”, incluyendo la programación de computadoras. En otras artes, la interacción interdisciplinaria también es frecuente (por ejemplo, el ingeniero civil que obtiene de los médicos los requerimientos que debe cumplir un hospital a construir), pero casi nunca en el grado en el que ocurre en la informática, en la que la regla es que el mejor software para una determinada aplicación sea hecho por profesionales de esa área con asistencia de informáticos, y no al revés. Con el avance de la Sociedad de la Información, esta situación se hará cada vez más común. En este contexto, la matriculación obligatoria quita a los particulares el derecho a construir sus propias herramientas para desempeñarse en una sociedad tecnificada.

Obstaculiza la popularización del conocimiento

La actividad informática cambia vertiginosamente en función del tiempo. Hoy los usuarios realizan tareas de procesamiento de datos que hace pocos años hubieran requerido el concurso de profesionales especialmente entrenados. La exigencia de matriculación quitaría a estas personas la posibilidad de usar comercialmente su capacidad. De acuerdo a la exigencia de matriculación para ejercer la “actividad informática”, un contador no podría proveer a sus clientes de documentos de planilla de cálculo electrónica para ayudarlos a organizar sus datos.

Esta limitación artificial corresponde a una visión en la que la sociedad está dividida en “productores” y “consumidores”, en la que los usuarios están limitados a usar las herramientas que les proveen “los que saben”. Uno de los aspectos más promisorios de la sociedad de la información es, sin embargo, la desaparición de esa frontera, ya que las herramientas de informática y comunicaciones pone en manos de todos los ciudadanos la posibilidad de producir en condiciones más o menos igualitarias. Una visión alternativa de la sociedad a la que podemos aspirar es una en la que los principios de la informática formen parte de la formación básica del individuo, como lo es hoy la matemática, de modo que cada uno esté en condiciones de crear sus propias herramientas. los paralelos entre la informática y la matemática son mucho más significativos que los que hay entre aquella y la ingeniería. ¿Se imagina un mundo en el que la aplicación de un teorema estuviera restringido a los matemáticos licenciados? ¿En el que fuera necesaria la firma de un matemático para refrendar todo cálculo más complicado que una división?

Viola la libertad de expresión

En el seno de la comunidad profesional de informática a menudo se olvida que la creación de software, como la formulación de un teorema, la postulación de una hipótesis o el planteamiento de un interrogante, es una forma de expresión que es ejercida por técnicos, científicos, profesionales y artistas. En efecto, los programas de computación, además de ser objetos utilitarios que cumplen una función, son vehículo de comunicación y expresión humana, de tráfico de ideas y valores. Probablemente, se trate de un punto de vista “intra-profesión”, que olvida que en nuestro país hay miles de personas (y varios millones en el mundo) que ejercitan su libertad de expresión utilizando programas de computadora; a modo de ejemplo, artistas plásticos, literatos, músicos, crean y más aún, muchos de ellos trabajan de este modo. Los programas son el resultado de largas y a menudo profundas reflexiones acerca de la naturaleza de determinados problemas, para cuya expresión el lenguaje de programación es el medio idóneo. Otros programas, como los sistemas de cifrado libremente disponibles, ofrecen funciones que posibilitan llevar a la práctica posturas políticas y avanzar propuestas ideológicas. Restringir el derecho de programar a los matriculados en un consejo coarta la libertad de expresión de las personas de la misma manera que lo haría el restringir la difusión de artículos a aquellos escritos por periodistas acreditados. Recordemos que ésta última restricción ha sido puesta en práctica numerosas veces como una medida de censura. En una sociedad en la que gran parte del bienestar de los ciudadanos proviene de la libre circulación de información y el conocimiento, lo último que queremos es mecanismos de censura en manos de grupos de interés particulares.

Conclusiones

Por lo expuesto a lo largo de este artículo, concluimos que la matriculación obligatoria no sólo no ofrece ninguna solución al problema de mejorar la calidad de los servicios informáticos, sino que además conspira contra este mismo objetivo, contra el desarrollo de la tecnología informática en los lugares en los que se la exige, y contra la libertad de los ciudadanos. Quizás pensada como una medida destinada a proteger a los ciudadanos, el resultado obtenido es, sin embargo, la creación de una entidad corporativa destinada a proteger el privilegio de algunos para administrar una actividad que sostiene y apoya todo el quehacer de la sociedad. Por ello urgimos a quienes ejercen tareas informáticas, a los legisladores, y a los ciudadanos, a expresarse en contra de la matriculación obligatoria en los consejos profesionales de informática.